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Defensoría del Consumidor sanciona a Banco Azteca y Tigo con más de $196,000 por mal servicio a sus usuarios
El Banco Azteca y la empresa de telecomunicaciones Tigo han sido sancionados con más de $196,000 en la Defensoría del Consumidor por mal servicio a sus usuarios.
Desde junio del 2018 a marzo del 2019, la Defensoría multó al Banco Azteca con $117,950.40; mientras que a Tigo lo hizo por $ 78,435.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, dijo que los proveedores más denunciados son los del sector de telecomunicaciones, que son aquellas empresas que brindan servicios de internet y cable, los cuales representan un promedio de 20% ó 23%.
Explicó que, por ejemplo, en el último período de gestión dicha entidad gubernamental atendió un poco más de 76,000 usuarios que se acercaron para consultar algún problema de consumo y de esa cantidad de personas, un 20% fue en el tema de telecomunicaciones.
Agregó que otro sector importante que denuncian los consumidores es del área financiera, que son todas aquellas situaciones en las que hay una disconformidad con alguna caja de crédito o algún banco con el tema de las tarjetas de crédito.
“Estamos hablando que un 18% representa todo ese rubro que están relacionados a la parte financiera y de allí tenemos otros sectores que igualmente son masivos (…) me refiero al sector de agua potable y energía eléctrica”, detalló.
En tercer lugar, la Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador S.A de C.V aparece con una multa de $56,025 y GMG servicios de El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable y Equifax con $41,688.
Tabla de proveedores más sancionados en el país, cortesía de la Defensoría del Consumidor
¿Qué debe hacer el usuario para denunciar?
El presidente de la Defensoría del Consumidor explicó que los usuarios interesados en denunciar un mal servicio de las empresas pueden hacerlo en las diferentes oficinas del país.
“Tenemos 26 puntos de atención a nivel nacional, estamos atendiendo en todas las cabeceras departamentales (…) en San Salvador tenemos una que está frente a El Salvador del Mundo y hay otra en el Plan de la Laguna, La Libertad”, manifestó.
Aclaró que hay otros mecanismos no presenciales que son muy importantes para denunciar los cuales son:
1- Call Center 910: El equipo de atención estará brindando toda la orientación que se necesita, si encuentra la necesidad de recibir documentación y se establece el mecanismo para recibirla de manera no presencial.
2-Whatsapp: Es otro de los mecanismos que están ofreciendo a la población. El número habilitado es el 7860-9704.
3- La Defensoría en Línea: defensoriadelconsumidor.gob.sv y allí encontrará el correo electrónico para poder exponer el caso donde se llena un formulario y eso facilita también la recepción del caso y brindar la orientación respectiva
4– Redes Sociales: @Defensoria_910 en Twitter y Defensoría del Consumidor en Facebook.
Más alcance para investigar
Salazar comentó que la Defensoría tiene una serie de competencias, no sólo la Ley de Protección al Consumidor, ya que recientemente las reformas que dieron en la ley de Telecomunicaciones ampliaron el marco de competencias de la institución.
“Tenemos nuevos alcances que antes no los teníamos y también quiero mencionar que en la parte financiera tenemos las leyes del Sistema de Tarjeta de Crédito, Contra la Usura que son aspectos en los cuales hay disposiciones legales donde nos brindan competencias en las que la Defensoría viene realizando su labor”, explicó.
Dijo que una vez se verifique en que hay una violación a la ley o una situación que atente contra el interés del consumidor, se activan todos los procedimientos que la ley asiste y uno de ellos es el avenimiento el cual ha sido de gran éxito.
“El avenimiento es un mecanismo en el cual la Defensoría viene hacer como un intermediario para solucionar de manera inmediata ese conflicto que se pueda estar presentando. Estamos hablando que cerca de un 60% de todos los casos los estamos atendiendo por esa vía».
También explicó que se tiene un sistema de infracciones que establece la ley con multas que van hasta los 50 salarios mínimos que son las menos graves. Los más graves pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos; además hay un tribunal sancionador que asiste a la Defensoría para interponer la sanción.
Por: El Salvador Times.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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