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Decreto 32 mantiene al territorio nacional como zona epidemiológica por Covid-19
Ante la inacción de los diputados de la Asamblea Legislativa, el Gobierno emitió el pasado miércoles el Decreto Ejecutivo 32 como una normativa jurídica que además de definir las fechas de las fases de reapertura económica, también define a todo el territorio nacional como zona de interés epidemiológico.
Esto significa que por la magnitud y la gravedad de la pandemia de Covid-19, el virus está presente en todo el territorio nacional, por lo que la población, a pesar de entrar a un período de vacaciones agostinas, debe limitar su circulación a lo elemental para evitar contagiarse y hacer que la curva continúe disparándose.
Por ello es fundamental que en este período “vacacional” la población evite las aglomeraciones y continúe con las medidas de higiene y prevención contra el virus como el uso de mascarilla, el alcohol gel, continúo lavado de manos y la desinfección de superficies.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, reveló este jueves que el empresario y exdirigente del partido ARENA Hugo Barrera, solicita que el congreso emita una cuarentena estricta para los próximos días y de esa forma se logre bajar la curva de contagios por esa mortal enfermedad.
Hasta la fecha, en todo el país, hay 16,632 casos confirmados de COVID-19 y 448 fallecidos. San Salvador sigue siendo el departamento con más casos (6,785), seguido por La Libertad (2,080). Ambos son lugares donde hay importantes asentamientos de población, por lo que se exhorta al distanciamiento social y a evitar aglomeraciones.
Hay que recordar que el Gobierno sigue sin contar con las herramientas legales robustas para enfrentar con más fuerza el COVID-19 porque la Sala de lo Constitucional cortó los decretos ejecutivos y sigue sin resolver la controversia del Decreto Legislativo 661.
Una de ellas sería un Régimen de Excepción que lleva más de un mes traspapelado en la Asamblea Legislativa y sin que los diputados lo aprueben. Este permitirá limitar la movilidad, evitar el cambio de domicilio y, sobre todo, que los salvadoreños realicen una cuarentena rígida por 15 días para “aplanar la curva” en todo el país.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
