Judicial
Declaraciones de teniente Yusshy René Mendoza revelan que Rodolfo Parker manipuló declaración que implicaba al Alto Mando de la FAES en caso jesuitas
El diputado del PDC Rodolfo Parker, habría manipulado una declaración extrajudicial para desvincular al Alto Mando y al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) de la operación militar contra seis religiosos, incluyendo el entonces rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Ignacio Ellacuría, y dos colaboradoras, el 16 de noviembre de 1989, que dejó como saldo a esas ocho personas fallecidas.
Dichas acusaciones en contra del el entonce abogado y asesor de la Comisión de Hechos Delictivos, (Parker), se conocieron durante el segundo día de la declaración del teniente Yusshy René Mendoza ante la Audiencia Nacional Española, en el juicio que se realiza en contra del coronel Inocente Orlando Montano, exministro de Seguridad Pública y acusado de participar en el asesinato de los sacerdotes jesuitas.
El teniente Yusshy René Mendoza narró todo lo relacionado a la operación impulsada por los militares bajo las órdenes del coronel Guillermo Benavides y que fue cumplida por el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, encargado de un comando del batallón Atlacatl, que había sido designado a brindar un resguardo al complejo de la Escuela Militar y el Estado Mayor.
El 8 de enero de 1990, Mendoza, quien participó de la incursión armada a la casa de los jesuitas, fue detenido pero fue recluido por cinco días sin tener comunicación con nadie.
“Me ordenan que me presente a declarar a la comisión de Honor y me piden que diga lo que sé al respecto del asesinato, luego me dicen que voy a quedar detenido pero me dicen que voy a quedar incomunicado por cinco días, me tomaron una declaración extrajudicial por los miembros de la Comisión de Hechos Delictivos”, narró.
El teniente Mendoza detalló que durante le tomaban la declaración llegó el entonces abogado Rodolfo Parker, quien era el asesor jurídico de la Comisión de Hechos Delictivos y al escuchar su declaración detuvo
el interrogatorio y le manifestó que no podía incluir en su testimonio a otras personas que no fueran el coronel Benavides o al batallón Atlacatl.
«Cuando rindo la declaración extrajudicial me dicen que voy a pasar
como acusado y un miembro de la comisión comienza a tomar mi declaración. Empiezo a narrar los hechos como lo narré a la Comisión de Honor y como lo he narrado acá, pero luego llegó el abogado Rodolfo Parker, que era el asesor jurídico de la comisión de Hechos Delictivos y pone atención a lo que estaba declarando, y dice no ‘esto no puede ser así’, que ‘estas declaraciones no pueden ir así’, y hace que quien estaba escribiendo en la máquina saque la hoja y la comienza a leer”, comentó.
Mendoza expuso que Parker se dirigió a él y le manifestó que “‘no no puedes declarar eso, no puedes mencionar a ninguna persona del Alto Mando, no puedes mencionar que Benavides dijo que tenía órdenes
del Alto Mando, no puedes mencionar a nadie que no sea Benavides o miembros del batallón Atlacatl’ y solicitó comenzar de nuevo (con la declaración) y reiteró que no ‘puedes decir nada que Benavides se reunió
con el Alto Mando o que recibió órdenes del Alto Mando”, subrayó.
El teniente Mendoza comentó que el coronel Benavides siempre se mostró muy confiado en que saldría liberado de los cargos, ya que contaba con el apoyo del Estado Mayor y del Alto Mando de la Fuerza Armada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
