Judicial
Continúa juicio contra dos médicos del Instituto de Medicina Legal por negociaciones ilícitas y falsedad ideológica
El Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador continúo hoy la vista pública contra los doctores Juan Carlos Monterrosa y Josefina Morales de Monterrosa acusados de negociaciones ilícitas, asimismo se procesa a la sobrina de Morales, Sindi Berenice García de Portillo por falsedad ideológica.
Este día declararon seis testigos propuestos por la Fiscalía siendo uno de ellos Héctor Tijiboy, quien es el Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (DACI).
Tijiboy manifestó que él emitió ante la FGR un aviso el 17 de marzo del 2016 sobre algunas inconsistencia presentadas en una unidad de Medicina Legal (IML), luego de que los miembros de la Comisión de Evaluación de Oferta (CEO) le formularan un informe sobre una contratación directa (CD042016), emitida por Monterrosa Pachaca, quien fungía como Director del Laboratorio Biológico Forense de Medicinal Legal.
El informe de compras refleja que los precios de los productos adquiridos eran hasta 10 veces mayor al precio del mercado; haciendo saber ante las partes pertinentes el mecanismo para realizar una contratación directa, la cual se da cuando se declara en dos ocasiones una licitación desierta, es decir que no se presenta ninguna empresa a ofrecer sus productos, lo cual le da la facultad al contratante de realizar una contratación directa sin antes ser analizada por la CEO.
Además, declaró que dichos procesos lo realizan los Directores de cada unidad, para posteriormente emitirle la lista de pedidos y proveedores al Director de IML, para que éste se lo traslade a Corte Plena para que el siguiente año el Ministerio de Hacienda designe el presupuesto solicitado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Finalmente, declararon cinco Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron las capturas y allanamientos de los imputados, narrando que en la vivienda de García encontraron un documento que la vinculaban con los doctores Monterrosa, asimismo, declararon que en la oficina de Monterrosa encontraron boletas del Seguro Social a nombre de García.
La vista pública continuará mañana a las 8 de la mañana, con la exposición de los demás testigos de cargo.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
