Judicial
Pandilleros del Centro Histórico enfrentaran juicio en libertad
El Juzgado 10° de ¨Paz de San Salvador resolvió instrucción formal con medidas sustitutivas a la detención provisional en contra de Ramsés Aarón Hernández Córdova, de 36 años de edad; y Reina Elizabeth Carballo Serrano de 37, ambos acusados de agrupaciones ilícitas en perjuicio del bienestar público.
Según la relación circunstancial de los hechos, presentada en requerimiento por la Fiscalía General de la República, el pasado 11 de enero, alrededor de las 4:00 de la tarde, los dos imputados fueron capturados al interior del punto de microbuses de la ruta 17, en la avenida Cuscatlán, entre la octava y decima calle poniente en San Salvador, cuando se encontraban pidiendo dinero, de forma intimidante a cada uno de los usuarios de este transporte público, antes de subir a la unidad.
Según declaraciones de los agentes de la Policía Nacional Civil, estaban acompañados de otros seis sujetos, todos intentaron huir y les dieron persecución pero solo se pudo capturar a Ramses Hernández y Reina Serrano, quiens no portaban documentos de identificación.
El Juzgado 10° de paz resolvió las medidas sustitutivas a la detención de no cambiar de domicilio, presentarse a firmar al Juzgado que le sea requerido y presentarse a continuar con el proceso en fase de instrucción cuando les sea establecido.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
