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Conan Castro: “El Código de Salud salvaguarda el derecho a la salud y la vida de la población”
El secretario jurídico de Casa Presidencial, Conan Castro, recordó esta mañana que mientras la Sala de lo Constitucional no anule el Código de Salud esta normativa jurídica sigue vigente y le permite al Gobierno del Presidente Nayib Bukele enfrentar la pandemia de Covid-19, aunque la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cercene las facultades del Ministerio de Salud y otras instancias sanitarias.
«El Código de Salud y toda ley o normativa que no ha sido expulsada del ordenamiento jurídico se presume de su constitucionalidad, por lo tanto es vigente y debe de acatarse: es algo ad-hoc que se creó en su momento para enfrentar este tipo de situaciones, como una pandemia”, explicó Castro.
El funcionario recordó que el 58 del Código de Salud demuestra que el Ministerio de Salud “es el garante” y responsable de defender la vida de los salvadoreños en situaciones como una emergencia de salud por Covid-19 que vive el país, desde hace más de cinco meses.
“Si el Código de Salud violenta la Constitución entonces declárenlo inconstitucional, mientras no sea declarado inconstitucional es aplicable, es derecho positivo”, recordó Castro.
Hay que recordar que el Presidente Bukele confirmó el domingo en cadena nacional de radio y televisión, que cumplirá con los fallos de la Sala, aunque estos no sean compartidos por el órgano Ejecutivo porque han debilitado la lucha contra el coronavirus, lo que demuestra que tanto la Asamblea Legislativa, al no legislar, como la CSJ, al anular vía sentencia las disposiciones del Gobierno, no abordan la pandemia como algo de Estado.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
