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Conan Castro: “El Código de Salud salvaguarda el derecho a la salud y la vida de la población”
El secretario jurídico de Casa Presidencial, Conan Castro, recordó esta mañana que mientras la Sala de lo Constitucional no anule el Código de Salud esta normativa jurídica sigue vigente y le permite al Gobierno del Presidente Nayib Bukele enfrentar la pandemia de Covid-19, aunque la máxima instancia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cercene las facultades del Ministerio de Salud y otras instancias sanitarias.
«El Código de Salud y toda ley o normativa que no ha sido expulsada del ordenamiento jurídico se presume de su constitucionalidad, por lo tanto es vigente y debe de acatarse: es algo ad-hoc que se creó en su momento para enfrentar este tipo de situaciones, como una pandemia”, explicó Castro.
El funcionario recordó que el 58 del Código de Salud demuestra que el Ministerio de Salud “es el garante” y responsable de defender la vida de los salvadoreños en situaciones como una emergencia de salud por Covid-19 que vive el país, desde hace más de cinco meses.
“Si el Código de Salud violenta la Constitución entonces declárenlo inconstitucional, mientras no sea declarado inconstitucional es aplicable, es derecho positivo”, recordó Castro.
Hay que recordar que el Presidente Bukele confirmó el domingo en cadena nacional de radio y televisión, que cumplirá con los fallos de la Sala, aunque estos no sean compartidos por el órgano Ejecutivo porque han debilitado la lucha contra el coronavirus, lo que demuestra que tanto la Asamblea Legislativa, al no legislar, como la CSJ, al anular vía sentencia las disposiciones del Gobierno, no abordan la pandemia como algo de Estado.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
