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Cierran 33 ventas de pólvora en San Miguel
Un total de 33 puestos de venta de pólvora ilegal instalados en colonias y mercados del municipio de San Miguel, fueron cerrados por personal del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) en coordinación con otras instituciones.
De acuerdo con la información proporcionada por Joaquín Mendoza, director del CAM en el municipio migueleño, desde que inició diciembre comenzaron a verificar puestos de ventas de productos pirotécnicos y solicitaron a las personas los respectivos permisos.
«Hemos llegado a las ventas y no tienen ningún permiso, por lo que los hemos clausurado y hemos sacado a circulación a 200 vendedores ambulantes que han andado vendiendo en guacales, ya que corren riesgos de que ocurra un incendio», dijo Mendoza.
Añadió que entre la documentación que los comerciantes deben de presentar están los permisos que otorga el Ministerio de Defensa y Cuerpo de Bomberos de El Salvador, que son los autorizados para dar el aval para que puedan fabricar y distribuir la pólvora.
Las personas que no se sometan a los procesos que exigen estas instituciones entran en clandestinidad y automáticamente les decomisan los productos y cierran el lugar.
«El negocio más grande que hemos cerrado estaba ubicado en la carretera Panamericana, en donde una señora estaba vendiendo de forma ilegal», detalló.
Además, las autoridades piden a los padres de familia y población en general a no comprar pólvora prohibida y a no permitir que los niños se expongan a quemaduras de gravedad, también pidieron a los comerciantes no vender productos que están fuera de ley.
Mendoza destacó que en Navidad no hubo reporte de personas quemadas, por lo que aseveró que esperan lo mismo para fin de año.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
