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Cierran 33 ventas de pólvora en San Miguel
Un total de 33 puestos de venta de pólvora ilegal instalados en colonias y mercados del municipio de San Miguel, fueron cerrados por personal del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) en coordinación con otras instituciones.
De acuerdo con la información proporcionada por Joaquín Mendoza, director del CAM en el municipio migueleño, desde que inició diciembre comenzaron a verificar puestos de ventas de productos pirotécnicos y solicitaron a las personas los respectivos permisos.
«Hemos llegado a las ventas y no tienen ningún permiso, por lo que los hemos clausurado y hemos sacado a circulación a 200 vendedores ambulantes que han andado vendiendo en guacales, ya que corren riesgos de que ocurra un incendio», dijo Mendoza.
Añadió que entre la documentación que los comerciantes deben de presentar están los permisos que otorga el Ministerio de Defensa y Cuerpo de Bomberos de El Salvador, que son los autorizados para dar el aval para que puedan fabricar y distribuir la pólvora.
Las personas que no se sometan a los procesos que exigen estas instituciones entran en clandestinidad y automáticamente les decomisan los productos y cierran el lugar.
«El negocio más grande que hemos cerrado estaba ubicado en la carretera Panamericana, en donde una señora estaba vendiendo de forma ilegal», detalló.
Además, las autoridades piden a los padres de familia y población en general a no comprar pólvora prohibida y a no permitir que los niños se expongan a quemaduras de gravedad, también pidieron a los comerciantes no vender productos que están fuera de ley.
Mendoza destacó que en Navidad no hubo reporte de personas quemadas, por lo que aseveró que esperan lo mismo para fin de año.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
