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Cámara Ambiental anula decisión de juez, que pretendía que botadero propiedad de Salume evadiera responder por daños ambientales
Tomado de La Noticia SV
El 17 de febrero del presente año se llevó a cabo audiencia de apelación ante la Cámara Ambiental, la cual tuvo como resultado que el citado Tribunal de Segunda Instancia declarase nula la resolución judicial que el exjuez ambiental interino Rafael Menéndez Contreras pronunció ilegalmente con la intención de favorecer a la Sociedad PUL, S.E.M. DE C.V., propiedad del Sr. Salume, al evitarle tener que responder sobre una demanda por daños ambientales cometidos durante los años 2017 y 2018, en los que estuvo brindado servicios de disposición final de la basura por sobre la capacidad que tenía autorizada a recibir para darle tratamiento, provocando con esto un deterioro ambiental en la zona.
De acuerdo a expedientes judiciales en que se le impuso en el pasado medidas cautelares por el juzgado ambiental, durante el periodo en que se reclama los daños ambientales, el botadero del Puerto de La Libertad, propiedad de Salume solamente contaba con permiso de funcionamiento emitido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para darle tratamiento a aproximadamente 45 toneladas de basura diariamente; sin embargo, la empresa de Salume suscribió contratos con alcaldías que requería disponer volúmenes superiores de basura, como las de Santa Tecla y San Salvador (fines de 2018) así como en instituciones como la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) en la cual la empresa falsamente hizo creer que contaba con el permiso suficiente para brindar el servicio, a pesar que esa conducta incurría en la sanción dispuesta en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado no se ha inhabilitado a la empresa de Salume por el plazo de cinco años, sino que presuntamente se le ha favorecido permitiéndole que siga adquiriendo contratos con la administración pública, lo que sería un acto de corrupción e impunidad.
El abogado especialista en derecho ambiental, Edgardo Francisco Lemus, brindó algunas declaraciones a este medio, en las que manifestó que la demanda por daños ambientales fue interpuesta en el mes de diciembre de 2019 ante el juzgado ambiental de Santa Tecla, pero que desde entonces el exjuez Menéndez Contreras la ha estado bloqueando al principio con decisiones contrarias a los estándares internacionales de protección al derecho humano al medio ambiente, que ya fueron rechazadas en una ocasión por la Cámara Ambiental que le ordenó al citado juez que prosiguiera con el proceso judicial.
A pesar de la orden directa de la Cámara Ambiental, Lemus manifiesta que el Ex juez nuevamente desobedeció la resolución del tribunal superior y en su lugar rechazó la demanda sin darle oportunidad a que se desarrollara el debido proceso, donde existe abundante prueba de los daños ambientales y por los que se exige a la empresa de Salume que le responda a la comunidad con las reparaciones e indemnizaciones correspondientes.
De acuerdo al abogado ambientalista, la Cámara Ambiental corrige con base a la legalidad el intento de crear impunidad cometido por el exjuez ambiental de Santa Tecla al no convocar a las partes a audiencia y dar por cerrado el caso, ahora el tribunal superior ordena anular esa decisión y que se convoque a audiencia donde se discuta la exigencia principal que consiste en que la empresa de Salume repare los daños ambientales ocasionados.
En tal sentido, Lemus recordó que los Principios Ambientales certificados por Naciones Unidas, claramente prohíben las disposiciones o actos de carácter regresivo, que en lugar de servir para hacer efectivo el derecho humano -individual y colectivo- al medio ambiente pretendan limitarlos como intentó el exjuez ambiental que manifestaba que el citado abogado no podía hacer un reclamo de daños ambientales porque no demostraba haber sido directamente afectado.
“Acá se trata de una lucha porque se respeten los derechos humanos, en especial los del medio ambiente ante el grave deterioro que tienen los recursos naturales en el país y que se terminen los privilegios de poderosos empresarios que no les importa contaminar, afectando a comunidades vulnerables con tal de obtener más riqueza. Es por esta razón de vital importancia la resolución de la Cámara Ambiental que no deja en la impunidad el caso del botadero municipal de La Libertad y es prueba que el camino porque lleguemos a gozar de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible es deber de todos y todas”, reafirmó Lemus.
Finalmente el abogado destacó que presentará una comunicación ante el Relator de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para que pueda brindarse un acompañamiento sobre este caso, donde está en juego que las comunidades cercanas al Botadero reciban una reparación ambiental por los daños ocasionados y que además pedirá contralorías que verifiquen si el permiso ambiental que se le otorgó en diciembre 2018 a la empresa PULSEM para disponer hasta 500 toneladas diarias cumplió con los requisitos legales o no.
Cabe recordar que el permiso ambiental al que hace referencia el abogado fue emitido con fecha 10 de diciembre de 2018 durante un fuerte cuestionamiento a la exministra del MARN, Lina Pohl, actualmente prófuga de la justicia, por permitir que el botadero recibiera más basura de la que tenía autorizado. Además, ese permiso fue firmado por delegación del Expresidente Salvador Sánchez Cerén por el (entonces) viceministro del MARN, Ángel Ibarra, a pesar que solo dos meses antes se habían realizado señalamientos de incumplimiento al citado Botadero que no estaban superados y que implicaban graves riesgos ambientales para los vecinos del lugar.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
