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BATALLA LEGAL: Hombre se vale del autismo de su sobrino con la intención de quitarle su vivienda luego de que su madre muriera
Tanto María como Julio señalaron que todo fue orden de la madre, ya que este no deseaba que su hijo quedara a manos del nuevo matrimonio de su excónyuge.
Un hombre es acusado de valerse del autismo de su sobrino para apropiarse de la vivienda que la madre de este le había dejado antes de morir. El imputado asegura que todo lo que hizo fue porque seguir al pie de la letra las órdenes de la difunta.
La vida Jonatan V., de 33 años de edad, fue difícil desde siempre, ya que cuando cumplió dos años fue diagnosticado con autismo, un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior.
Esto le imposibilitó desarrollarse como cualquier otro niño, pero esta no sería la única prueba que tendría que pasar ya que Ada, su madre, decidió irse para los Estados Unidos con el objetivo de darle una vida mejor. Por esa razón, lo dejó a cargo de René, su padre.
Sin embargo, este prefirió entregarlo a los cuidados de su cuñada María y su esposo Julio. Estos no advirtieron que tres décadas después serían llevados ante los tribunales por haber estado bajo el cuido de él.
Con el paso de los años, Los padres de Jonatan decidieron separarse y comenzar una vida con otras personas, sin dejar de ayudar económicamente al hijo que procrearon; mientras que sus tíos paralelamente tuvieron que lidiar con los desafíos del diagnóstico de su sobrino.
Estando en el país norteamericano la madre de Jonatan recibió la noticia de que sufría una grave enfermedad y que moriría en algunos meses. Por esa razón, decidió dejar a su hijo como heredero legítimo de todas sus propiedades en El Salvador, entre ellas, la casa donde vivía con sus cuidadores.
Este fue el primer paso para que las cosas se fueran complicando paulatinamente. Todos estaban al tanto de lo que pasaba por lo que René, el padre de Jonatan, decidió irse a vivir junto a su nueva esposa a la casa de él. A María y Julio no les quedó de otra que aceptarlo.
La firma fraudulenta
Cuando Jonatan cumplió la mayoría de edad la figura de tutor se desvaneció y la responsabilidad fue adquirida por René, quien ahora cumpliría las funciones de representante legal debido al síndrome que padecía Jonatan.
Ada, al saber que la nueva esposa de su expareja vivía en la casa junto con su hijo, decidió buscar la manera en que este recibiera la herencia y que fuera controlada por las personas que siempre había estado al cuidado de Jonatan, es decir, María y Julio.
Sin que su exesposo se diera cuenta, el 20 de enero de 2012 le envió a Julio una compraventa de la vivienda, que fue firmada frente a un notario, donde lo hizo pasar como un comprador y para terminar de validar el documento hizo que el heredero lo firmara. Sin saber exactamente lo que realizaba, dio el aval a cambio de $5,000 en efectivo, los cuales sería administrados por sus antiguos tutores.
Cuando Ada murió el 3 de mayo de 2016, la situación se tornó difícil porque René se enteró de todo lo que había pasado y decidió interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de octubre del 2016, bajo la premisa que su excuñado se había valido del autismo de su hijo para quedarse con la casa.
El hombre comentó a las autoridades que en una ocasión lo habían intentado sacar junto con su actual esposa de la casa con policías y abogados, pero que no habían tenido éxito porque es la casa de su hijo. “Esta venta ha sido fraudulenta, ya que mi hijo padece autismo por lo que no es consciente de sus actos”, señaló René.
Los análisis del Instituto de Medicina Legal (IML) determinaron que Jonatan sufría de un “retraso mental de intensidad leve… por su condición tendría dificultad para entender términos jurídicos o administrativos incluso los básicos como documento de compraventa”.
Tanto María como Julio señalaron que todo fue orden de la madre, ya que este no deseaba que su hijo quedara a manos del nuevo matrimonio de su excónyuge.
El caso se encuentra en la última etapa y se espera que el juez del Tribunal del Primero de Sentencia de San Salvador defina la situación legal de Julio, quien es proceso por el delito de estafa agravada en perjuicio de su sobrino. El día de la audiencia está programada para los primeros días de enero, donde desfilará la prueba de ambas partes.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.
El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.
Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.
El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.
De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.
Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.
Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.
Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.
#CRONIO Este día, el @FiscalGeneralSV ha dado un aviso importante para las víctimas del caso CREDICASH, en el cual, aseguró que los afectados serán contactados directamente por la institución para explicar el proceso de recuperación y devolución de sus fondos.
“Cuando iniciamos… pic.twitter.com/tqc127zjwg
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#CRONIO Finalmente, el @FiscalGeneralSV reiteró el compromiso de la institución con cada una de las víctimas.
“Seguiremos investigando, procesando a los responsables y trabajando para que la justicia también se traduzca en resultados concretos para los afectados. Las víctimas… pic.twitter.com/c1VnQCQ6uP
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De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.
Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».
Del proceso y esquema de defraudación
Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.
«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.
Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.
El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
