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BATALLA LEGAL: Hombre se vale del autismo de su sobrino con la intención de quitarle su vivienda luego de que su madre muriera
Tanto María como Julio señalaron que todo fue orden de la madre, ya que este no deseaba que su hijo quedara a manos del nuevo matrimonio de su excónyuge.
Un hombre es acusado de valerse del autismo de su sobrino para apropiarse de la vivienda que la madre de este le había dejado antes de morir. El imputado asegura que todo lo que hizo fue porque seguir al pie de la letra las órdenes de la difunta.
La vida Jonatan V., de 33 años de edad, fue difícil desde siempre, ya que cuando cumplió dos años fue diagnosticado con autismo, un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior.
Esto le imposibilitó desarrollarse como cualquier otro niño, pero esta no sería la única prueba que tendría que pasar ya que Ada, su madre, decidió irse para los Estados Unidos con el objetivo de darle una vida mejor. Por esa razón, lo dejó a cargo de René, su padre.
Sin embargo, este prefirió entregarlo a los cuidados de su cuñada María y su esposo Julio. Estos no advirtieron que tres décadas después serían llevados ante los tribunales por haber estado bajo el cuido de él.
Con el paso de los años, Los padres de Jonatan decidieron separarse y comenzar una vida con otras personas, sin dejar de ayudar económicamente al hijo que procrearon; mientras que sus tíos paralelamente tuvieron que lidiar con los desafíos del diagnóstico de su sobrino.
Estando en el país norteamericano la madre de Jonatan recibió la noticia de que sufría una grave enfermedad y que moriría en algunos meses. Por esa razón, decidió dejar a su hijo como heredero legítimo de todas sus propiedades en El Salvador, entre ellas, la casa donde vivía con sus cuidadores.
Este fue el primer paso para que las cosas se fueran complicando paulatinamente. Todos estaban al tanto de lo que pasaba por lo que René, el padre de Jonatan, decidió irse a vivir junto a su nueva esposa a la casa de él. A María y Julio no les quedó de otra que aceptarlo.
La firma fraudulenta
Cuando Jonatan cumplió la mayoría de edad la figura de tutor se desvaneció y la responsabilidad fue adquirida por René, quien ahora cumpliría las funciones de representante legal debido al síndrome que padecía Jonatan.
Ada, al saber que la nueva esposa de su expareja vivía en la casa junto con su hijo, decidió buscar la manera en que este recibiera la herencia y que fuera controlada por las personas que siempre había estado al cuidado de Jonatan, es decir, María y Julio.
Sin que su exesposo se diera cuenta, el 20 de enero de 2012 le envió a Julio una compraventa de la vivienda, que fue firmada frente a un notario, donde lo hizo pasar como un comprador y para terminar de validar el documento hizo que el heredero lo firmara. Sin saber exactamente lo que realizaba, dio el aval a cambio de $5,000 en efectivo, los cuales sería administrados por sus antiguos tutores.
Cuando Ada murió el 3 de mayo de 2016, la situación se tornó difícil porque René se enteró de todo lo que había pasado y decidió interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de octubre del 2016, bajo la premisa que su excuñado se había valido del autismo de su hijo para quedarse con la casa.
El hombre comentó a las autoridades que en una ocasión lo habían intentado sacar junto con su actual esposa de la casa con policías y abogados, pero que no habían tenido éxito porque es la casa de su hijo. “Esta venta ha sido fraudulenta, ya que mi hijo padece autismo por lo que no es consciente de sus actos”, señaló René.
Los análisis del Instituto de Medicina Legal (IML) determinaron que Jonatan sufría de un “retraso mental de intensidad leve… por su condición tendría dificultad para entender términos jurídicos o administrativos incluso los básicos como documento de compraventa”.
Tanto María como Julio señalaron que todo fue orden de la madre, ya que este no deseaba que su hijo quedara a manos del nuevo matrimonio de su excónyuge.
El caso se encuentra en la última etapa y se espera que el juez del Tribunal del Primero de Sentencia de San Salvador defina la situación legal de Julio, quien es proceso por el delito de estafa agravada en perjuicio de su sobrino. El día de la audiencia está programada para los primeros días de enero, donde desfilará la prueba de ambas partes.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
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Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
