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Autoridades reportan la captura de 103 estafadores en un lapso de dos meses
Ventas de carros, entradas para conciertos, venta de maquinaria, de piezas de automóviles, de electrodomésticos, de celulares, servicios de medicina naturista y alquileres de inmuebles, son los principales e inexistentes servicios que ofrecían al menos 103 estafadores para engañar a sus víctimas. Los delincuentes ya fueron detenidos por las autoridades.
Según las estadísticas de la Fiscalía General de la República (FGR), entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de 2024, los más de 100 estafadores han sido capturados en los departamentos de Cabañas, Ahuachapán, La Libertad, Sonsonate, San Salvador, Usulután, Cuscatlán, La Paz, San Vicente y San Miguel.
El pasado 30 de agosto, la Fiscalía giró 13 órdenes de captura contra personas acusadas de estafa y hurto por medios informáticos cometidos en Cabañas. Las detenciones se ejecutaron en coordinación con la Policía.
Según las investigaciones, por medio de redes sociales, engañaron a una de las víctimas con la venta de un carro. La persona accedió a la compra y le enviaron un link para que depositara $4,500 como adelanto.
Cuando la víctima quiso corroborar que se hizo efectivo el abono, se percató de que habían sustraído sus ahorros y que su cuenta presentaba $50,000 menos.
La misma banda, en Sensuntepeque, estafó a otra víctima con $27,000, luego de que uno de los imputados le ofreciera «curarlo con hechicería» de un padecimiento emocional.
Durante el operativo se realizaron 8 allanamientos en diferentes zonas de Ahuachapán, San Salvador, Santa Ana, Sonsonate y Sensuntepeque.
Mientra que, la madrugada del 29 de agosto, las autoridades capturaron a 23 personas acusadas por los delitos de extorsión agravada, estafa, hurto, homicidio, amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
En la operación, se realizaron 15 registros con prevención de allanamiento en los distritos de Nahulingo, Sonsonate; Tejutepeque y Sensuntepeque, en Cabañas; Soyapango, en San Salvador; Jiquilisco, en Usulután; San Pedro Perulapán, en Cuscatlán; San Luis La Herradura, Zacatecoluca y Olocuilta, en el departamento de La Paz.
Con las detenciones se resuelven 12 casos de estafa a través de redes sociales. Los imputados buscaron a las víctimas para engañarlas con ventas de aparatos tecnológicos, electrodomésticos, vehículos y otros enseres, pidiendo anticipos o pagos completos por adelantados y nunca se entregó el bien.
«Se reitera el llamado a la población a no dejarse engañar por personas que dicen vender productos por medio de redes sociales sin tener ningún tipo de respaldo comercial. De igual forma, se invita a constatar la veracidad de los vendedores y ofertantes», indicó el fiscal del caso.
SUPUESTOS MÉCANICOS ESTAFADORES
Natividad de Jesús Fuentes Álvarez fue capturado el pasado 29 de agosto por orden de la Fiscalía. El imputado se hacía pasar por un reconocido mecánico de Santa Tecla y que vendía piezas de automóviles de calidad.
En el 2022, Fuentes Álvarez le vendió una caja de velocidades a una víctima, por el monto de $1,500. Cuando esta persona llevó la pieza a su mecánico de confianza, se dieron cuenta que el artículo no servía.
La víctima se contactó con el imputado para que reparara la caja de velocidades, después de 6 meses sin entregarle el carro, la persona afectada encontró su vehículo dañado. Por estos hechos, Fuentes Álvarez es procesado por el delito de estafa.
Ese mismo día, las autoridades reportaron la captura de otro supuesto mecánico identificado como Luis Enrique Martínez. Según la denuncia, en diciembre de 2022 recibió un vehículo para reparación, por el cual solicitó $1,200 para los repuestos y mano de obra.
Luego de varias semanas, que el acusado no daba respuesta, la víctima llegó al taller y cuando vio su carro se dio cuenta que no tenía el motor, Martínez no se hizo responsable por los daños.
La Fiscalía hace un llamado a la población para mantenerse atentos a cualquier modalidad de estafa y así evitar ser víctimas de estas personas que se benefician de la buena voluntad y del trabajo de los salvadoreños.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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