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Autoridades reportan dos niños y 4 adultos quemados con pólvora en Nochebuena
Autoridades del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y el Sistema Nacional de Protección Civil informaron ayer de dos niños y cuatro adultos quemados entre el 21 y el 24 de diciembre de este año. Al menos cuatro, de las seis víctimas, sufrieron lesiones luego de que manipularan productos pirotécnicos prohibidos y también permitidos.
En 2018, la Dirección General de Protección Civil reportó cinco niños y un adulto quemados con pólvora. Este año, las autoridades reportan una reducción del 80 % de niños quemados.
El jefe de Vigilancia Sanitaria del ISSS, José Adán Martínez, informó que la autónoma atendió a cinco personas quemadas, la misma cantidad de personas atendida en la temporada navideña 2018.
Según Martínez, uno de los lesionados atendidos por el ISSS es un menor de edad que llegó con quemaduras leves, permanece estable y para quien no fue necesaria la atención hospitalaria.
El caso es contrario al de un hombre de 32 años que fue atendido en Sonsonate, quien se encuentra hospitalizado por lesiones ocasionadas tras la manipulación de una luz de bengala.
La lesión se encuentra en el ojo derecho; el personal del ISSS, de la unidad de Oftalmología, está evaluando al paciente para determinar la gravedad de los daños.
De acuerdo con Martínez, al menos tres de las cinco personas atendidas en el Seguro Social presentan quemaduras ocasionadas con buscaniguas, producto pirotécnico prohibido en el país; y uno más sufrió lesiones provocadas por un mortero y una luz de bengala.
En la red de salud pública, las autoridades registran a un niño, de 13 años, originario de Tecoluca, municipio de San Vicente, con quemaduras de segundo grado.
“El niño en este momento está en el hospital Bloom, sufrió quemaduras de segundo grado en los miembros inferiores, él es de Tecoluca, San Vicente, pero ya está siendo atendido por la red hospitalaria”, dijo Willian Hernández, director general de Protección Civil.
El funcionario indicó que el menor sufrió lesiones con un silbador y recordó a los padres las leyes que existen en el país.
“Aprovecho para recordar que esto es penado por la ley, está la Lepina, el Código Penal y también la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia, que multa a los padres de familia y a los que venden pólvora prohibida y no supervisan a los niños”, señaló el director.
La Santa Sede anunció este jueves el nombramiento de monseñor Luigi Roberto Cona como nuevo nuncio apostólico en Siria, trasladándolo desde su actual misión en El Salvador.
De acuerdo con la información oficial publicada por la Oficina de Prensa del Vaticano, «el Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Siria a Su Excelencia Reverendísima monseñor Luigi Roberto Cona, arzobispo titular de Sala Consilina, hasta ahora nuncio apostólico en El Salvador».
La información fue retomada directamente del boletín oficial de la Santa Sede, en el que también se detalla el cambio de representación diplomática del Vaticano en la región.
El cargo de nuncio apostólico corresponde al representante diplomático del Papa ante los Estados y la Iglesia local, con funciones equivalentes a las de un embajador.
Con este nombramiento, monseñor Cona concluye su misión en El Salvador, la cual desempeñaba desde 2022. No obstante, estos traslados suelen implicar un período de transición, por lo que su salida del país no necesariamente es inmediata.
En Siria, el nuevo nuncio sustituirá al representante anterior de la Santa Sede, en una sede diplomática considerada de alta relevancia debido al contexto social y político del país.
Hasta el momento, la Santa Sede no ha informado sobre el nombramiento del próximo nuncio apostólico en El Salvador.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a ocho años de cárcel a Luis Enrique Chávez Barbero por estafa agravada en perjuicio de tres personas a quienes engañó con la supuesta venta de casas.
Las investigaciones determinaron que, en octubre de 2017, Chávez Barbero se hizo pasar por empleado de una empresa de bienes raíces para ofrecer viviendas en la residencial Ciudad Versalles, en el distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, las cuales en ese momento estaban en proceso de construcción.
Las víctimas, confiando en la aparente legalidad del negocio, entregaron $14,000 en concepto de reservas y primas por inmuebles que el imputado no poseía ni tenía facultad para vender.
El proceso penal revela que, en agosto de 2025, el tribunal autorizó un acuerdo conciliatorio entre las partes, que consistía en un pago inicial de $350 y 48 cuotas de $300. No obstante, ante el incumplimiento de lo pactado, el acuerdo fue revocado.
«Tras valorar la prueba documental y testimonial que confirmó la existencia del delito, el juzgador emitió la sentencia condenatoria de ocho años y ordenó su detención inmediata, a fin de garantizar el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario», comunicó la Fiscalía.
En enero de este año, la Fiscalía ordenó más de 30 capturas contra acusados de estafa y uso de documentos falsos.
Las investigaciones revelaron distintos tipos de estafa, como la venta de vehículos con papeles falsos, el traspaso ilegal de inmuebles mediante escrituras falsas y situaciones en las que familiares engañaron a otros miembros de su propia familia para quedarse con propiedades.
Adalberto Antonio Miranda enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa haber cometido ilegalidades en su calidad de representante de la cooperativa de transporte público Acostes de El Salvador, S.A. de C.V. y de la Asociación Cooperativa de Transporte de R.L. en 2019.
El imputado, quien es hijo del busero fallecido Catalino Miranda, realizó un préstamo por un monto de $1,800.000; el cual dejó de pagar al falsificar la cancelación de la hipoteca de dos inmuebles a través de documentación falsa y de forma fraudulenta logró la liberación de los registros del Centro Nacional de Registros (CNR) y el Viceministerio de Transporte (VMT) de las 78 unidades de transporte que en su momento ofrecieron en calidad de garantía.
Miranda estafó a la víctima con $1,300.000, que fue la cantidad restante de la deuda tramitada como cancelada de forma fraudulenta. La Fiscalía detalló que con abundantes elementos probatorios solicitó una condena de carácter condenatorio en contra el procesado.
El ministerio público informó que se prevé que el fallo se dé el 27 de marzo.
En febrero de este año, René Ventura Alvarado fue condenado a cinco años de prisión y a pagar $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil a favor de una víctima de estafa.
La investigación fiscal estableció que a finales de 2018 y a inicio de 2019, el imputado se reunió con la víctima y le dijo que necesitaba surtir con llantas su negocio de talleres y venta de accesorios para autos. La víctima le ofreció seis contenedores con llantas con valor de $375,360.04.
El afectado entregó en cuatro pedidos lo solicitado y al vencer el plazo establecido para cancelar la deuda, Ventura Alvarado no realizó ni un abono, ni pagó y ponía excusas, por lo que la víctima decidió denunciarlo ante la FGR.
