Nacionales
Abogado Mario Calderón Castillo recibió pagos de fondos públicos, sin estar contratado legalmente en la alcaldía de Mejicanos
Denuncia ciudadana presentada ante la Corte de Cuentas refleja evidencias que el abogado Mario Calderón Castillo recibió ilegalmente fondos públicos bajo apariencia de “honorarios”.
De acuerdo a información a la cual La Noticia SV tuvo conocimiento y acceso, el pasado mes de junio del presente año, ciudadanos presentaron una denuncia ante la Corte de Cuentas de la República contra el Alcalde de Mejicanos, Sr. Saúl Meléndez, por el incorrecto manejo de fondos públicos, despidos injustificados, nepotismo y contrataciones sin fundamento, entre las cuales se hacía constar que “Mario Ricardo Calderón Castillo, quien recibe salario sin existir ninguna evidencia en estar ejerciendo trabajo en la institución, o algún tipo de asesoría que haga constar en los controles de registro sobre sus asistencias al centro laboral…”
La institución contralora dio trámite a la denuncia procediendo a realizar la respectiva fiscalización en la que de acuerdo con una fuente municipal los agentes que llegaron a realizar los controles administrativos sobre el manejo de los fondos municipales corroboraron que se emitieron múltiples cheques a nombre del abogado Mario Ricardo Calderón Castillo, sin que exista un contrato previo y mucho menos haya sido el resultado de un proceso de contratación con base a la ley. De hecho, a decir de la fuente, los encargados de la fiscalización no pudieron encontrar ninguna evidencia del trabajo desempeñado por el mencionado abogado; además cuando el abogado fue cuestionado sobre las actividades que desempeñaba manifestó que se encontraba “brindando asesoría al despacho del alcalde Municipal y al Concejo”.
Consultados los miembros del Concejo, se vieron sorprendidos pues manifestaron desconocer las razones por las que el alcalde estuviera entregándole pagos de fondos públicos a título de “honorarios” pues el abogado Calderón Castillo no se encuentra contratado en la municipalidad ni como funcionario, ni se ha realizado un concurso para su contratación. Uno de los concejales quien habló bajo reserva de anonimato fue más allá e hizo ver que no solamente desconocía cualquier contratación del mencionado abogado, sino que “para ese fin la municipalidad cuenta con su “staff” de abogados internos y que en los casos en que se requiere un abogado externo son los encargados de adquisiciones y contrataciones quienes establecen los criterios para contratar, por ejemplo, cuando se va a demandar o contestar una demanda o participar en un arbitraje.”
De acuerdo con la fuente, los señalamientos de la fiscalización conllevan un reparo patrimonial del cual deberá responder el alcalde Saúl Meléndez, en el ámbito administrativo; mientras que en el caso del abogado Mario Calderón Castillo la evidencia demuestra que se estuvo beneficiando ilícitamente y por un largo tiempo de los fondos municipales, ya que ni estuvo prestando un servicio legal, ni fue contratado conforme los procesos reglados para tal fin. Más en concreto dijo: “Hemos estado viendo cómo el Sr. presidente Nayib Bukele, el gabinete de gobierno, los diputados y fiscalía están realizando grandes esfuerzos para esclarecer los casos de los mal llamados “sobresueldos” que fueron componendas para esquilmar las finanzas públicas en beneficio particular, así se enriquecieron periodistas, abogados, funcionarios del Órgano Judicial, etc, con el dinero del pueblo. Lo más grave es que se hayan estado haciendo pagos sin sustento a este abogado Calderón Castillo, cuando Mejicanos se encontraba en una grave crisis de fondos y de gestión municipal.”
Otro de los hallazgos contenidos en la denuncia hace ver además que el abogado Calderón Castillo tenía un conflicto de intereses, porque además de recibir honorarios provenientes de fondos municipales de la Alcaldía de Mejicanos, se encontraba prestando servicios a una empresa privada con la cual el alcalde municipal realizó “negociaciones” que el resto del Concejo Municipal han señalado de poco transparentes. La sociedad particular a la que estaba brindado servicios notariales era “CYEMSAL, S.A. DE C.V.”, como consta en la auténtica de firma realizada el 21 de junio de 2023 a la credencial de la citada empresa, la cual es un documento de acceso público que se encuentra inscrito al No. 30 del Libro 4771 del Registro Mercantil, se puede notar en la imagen que aparece abajo, la firma de Calderón Castillo y su sello notarial. Es decir que a la vez que estaba cobrando “honorarios” como supuesto asesor de la municipalidad de Mejicanos, se encontraba prestando servicios a un ente privado con el que se constituyó una sociedad de economía mixta y del cual existen amplios señalamientos sobre una negociación que no parece favorecer al municipio.

Justamente retomando las palabras de la fuente, basta recordar que el presidente de la República al momento en que el ex presidente de Bandesal fue arrestado el pasado 30 de septiembre, categóricamente advirtió desde su cuenta de la red social “X” (antes Twitter) que:
“…Al pueblo salvadoreño, reiteramos nuestro compromiso de 0 impunidad. A los funcionarios actuales y anteriores, les recuerdo: El que haya tocado o toque el dinero del pueblo salvadoreño, le espera la cárcel… Y si usted tocó dinero del pueblo, y aún no lo han arrestado, siéntese a esperar su turno.”
Para la fuente lo más importante es que la Corte de Cuentas deberá dar aviso penal a las autoridades fiscales para que puedan investigar a fondo el mal manejo de los fondos públicos y la receptación ilícita que sobre los mismos haya recibido Mario Calderón Castillo.
Retomado por: La Noticia SV
Nacionales
Sepultan a Junior Serrano, el futbolista de Quezaltepeque abandonado en una cuneta tras un accidente de moto

Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.

Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.




