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3 años de servicio comunitario para ciudadano alemán por adopción ilegal de una bebé
El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador condenó al alemán Nils Sjard Schultz, en procedimiento abreviado, a tres años de prisión, los cuales serán suplantado por 144 jornadas de utilidad pública, por los delitos de suplantación y alteración del estado familiar en perjuicio del Estado Familiar de una niña y por falsedad ideológica, en la Fe Pública.
Por este mismo caso ya fue condenada su esposa Claudia Esperanza Aguilar Garza, a tres años de prisión por los mismos hechos.
En 2016, él y su esposa tuvieron contacto con Nicole Guerrero, de nacionalidad costarricense, mediante una página de adopción de bebés, en la que al tener contacto con Guerrero les indicó que no quiere tener a su bebé, porque su mamá se molestaría si se daba cuenta de su estado por lo que quería darla en adopción, a lo que Aguilar Garza le manifestó que era empleada de Relaciones Exteriores en El Salvador y que junto a su esposo, le podrían dar un hogar estable a su hija.
Guerrero manifestó que Aguilar Garza le envió una carta en la que el Estado de El Salvador, le otorgaba una pasantía, lo que según su dicho era falsas, con dicha carta le dijo a su madre que viajaría a El Salvador y que el Estado salvadoreño pagaría su estadía.
Posteriormente, el ahora condenado dijo que le alquilaron un apartamento para ella y su novio, que también viajó desde Costa rica; la pusieron en control de embarazo y los mantuvieron el tiempo que estuvieron en el país.
En agosto de 2016, la trasladan hacia el hospital Pro Familia donde dio a luz a su hija, sin embargo dijo llamarse Claudia Esperanza Aguilar Garza porque es lo que supuestamente habían acordado con la imputada y el esposo de ésta.
Ocho días después. El alemán hizo el retiro de la niña de dicho nosocomio, haciéndose s pasar como el padre biológico de la menor, debido a que la madre de la niña estaba en depresión postparto y bajo medicamentos.
El juzgador en su falló dijo que se la acción de los dos delitos cometidos por el ahora condenado había sido una sola, pero que respetaba el acuerdo establecido por las partes, por lo tanto fue condenado por los dos delitos, pero dicha condena la cumplirá realizando 144 jornadas de utilidad públicas, las cuales serán interpuestas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
Idalia Isabel Morales Mejía enfrenta un juicio en el Tribunal Quinto Contra Crimen Organizado, Juez 1, de San Salvador, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de dos víctimas.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, la mujer es señalada de haber participado en la privación de libertad y posterior asesinato de un hombre y de una mujer, hechos que ocurrieron entre julio y octubre de 2011, en el cantón Segunda Loma de Santiago, jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.
«El hombre era integrante de la misma estructura criminal y fue asesinado por rencillas internas; mientras que la mujer pertenecía a otra pandilla, razón por la cual la asesinaron», según las investigaciones del ministerio público.
La investigación fiscal también establece que Morales Mejía es integrante de la clica Joya de Cerén Locos Salvatruchos de la MS-13, «tenía el rango de colaboradora dentro de la estructura y mantenía una relación sentimental con el palabrero de la clica».
Morales Mejía había huido a Estados Unidos, sin embargo, en marzo de este año fue deportada. Agentes del ICE de Washington, D.C. anunciaron el arresto de la mujer el 22 de abril.
«Entró ilegalmente en Estados Unidos en una fecha desconocida, en un lugar desconocido, sin ser inspeccionada, admitida ni puesta en libertad condicional por un funcionario de inmigración estadounidense», detallaron fuentes estadounidenses.
De acuerdo a la información proporcionada por ICE, en febrero pasado, el Grupo de Trabajo de la Alianza de Seguridad para la Captura de Fugitivos en El Salvador proporcionó información actualizada sobre la posible presencia de Morales-Mejía en el norte de Virginia.
«Tras recibir esta información, agentes del ICE en Washington, D.C. trabajaron para localizarla y arrestarla. El 12 de marzo, el ICE la arrestó en Woodbridge y le entregó una citación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia», indicó ICE.
«Los medios la consideran una ‘no delincuente’ porque no tiene antecedentes penales conocidos en Estados Unidos, a pesar de que enfrenta cargos por homicidio agravado en El Salvador. ICE Washington, D.C. seguirá priorizando la seguridad pública arrestando y deportando a los extranjeros delincuentes de nuestras comunidades en Washington, D.C. y Virginia», declaró Robert Guadian, director de la oficina de campo de ICE en Washington, D.C.
La Fiscalía espera una sentencia condenatoria para la pandillera y, además, cuenta con elementos de prueba de cargo para demostrar la participación de la imputada en los hechos atribuidos.
