Judicial
Juzgado Ambiental de Santa Ana realiza inspección en Río Ostúa por denuncia
El Juzgado Ambiental con sede en Santa Ana, recibió una denuncia el pasado 26 de noviembre interpuesta por el señor Wilber Armando Figueroa Sandoval en su calidad de dueño de una propiedad que linda con el Río Ostúa que está intermedio entre El Salvador y Guatemala, considerando que existen daños al medio ambiente con la hacienda propiedad de Figueroa de nombre La Portada con otra hacienda El Platanal que linda con Guatemala.
Por otra parte, la Alcaldía Municipal de Metapán decidió realizar una obra de paso (un puente) lo cual aduce dicha municipalidad que lo realizó en vista de una solicitud realizada por una Adesco de la población de Metapán. Dicha obra beneficiaría a un grupo de trabajadores de la ciudad calera que van a laborar a dicha finca ya en la República de Guatemala en el rubro del cultivo de melones.
La población del lugar al realizar la primera inspección se acercaron a las autoridades para explicar que ellos tienen trabajo seguro por siete meses en dicha finca y que es una de las fuentes de trabajo que año con año tiene esa comunidad ya que por la ausencia de trabajo ellos logran esos siete meses tener un salario fijo y así hacer un ahorro para los meses que no realizan dicha actividad. Sin embargo, el propietario de La Portada quien han conformado una fundación y que entre unos de sus rubros está la protección al medio ambiente aduce que cuando se realizó esa obra se desvió el cauce del río y en las épocas de invierto provoca un rebalse para el lado de El Salvador.
Esta ha sido la segunda inspección realizada en dicho lugar ya que anteriormente se tuvo otra denuncia por una contaminación en el río.
La denuncia actual se recibió porque hay una propiedad afectada en territorio salvadoreño. Al llegar a Metapán los técnicos de la Alcaldía informaron que la obra de paso no está en este país sino que está realizada en territorio guatemalteco y fue realizada en base a un recalculeo de la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del Centro Nacional de Registro donde dice que la línea fronteriza ya no está a mitad del río, porque antiguamente era considerado que a la mitad de los ríos era la división entre ambas repúblicas.
En base al recalculeo realizado el cual dice que está más atrás la línea fronteriza se suspendió la audiencia y se reprogramó para ser realizada el lunes de esta semana con la participación de todos los actores locales involucrados como son la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del Centro Nacional de Registro, la Alcaldía de Metapán, la Fiscalía General de la República, la Policía de Medio Ambiente, Soberanía Nacional, Ministerio de Medio Ambiente y los afectados quienes decidieron convocar también a los señores de Aduanas por la razón que ahí se ha realizado un punto ciego de paso.
Para la juzgadora no es de su competencia si existe o no un punto ciego. A ella le corresponde determinar el daño ambiental. Si el daño ambiental efectivamente se da por esta obra de paso y como ellos lo argumentan viene de la República vecina y como jueza no podría hacer nada más que dar los informes a las instituciones respectivas para lo cual ella ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente haga un estudio de esas circunstancias denunciadas por dicha obra que ha desviado el cauce del río y está haciendo afectaciones. Las obras que se pueden hacer aquí en el país para evitar esas circunstancias las podría resolver la señoría pero si fuese necesaria una demolición del puente ya no es de su jurisdicción al no ser vista como objeto de imposición de una medida cautelar y si está en el país vecino ya no se tiene competencia.
La jueza encomendó a la Dirección del Instituto Geográfico y de Catastro Nacional del CNR que realice un levantamiento topográfico en base a los antecedentes históricos y que ellos determinen hasta donde llega la línea fronteriza de El Salvador. Ellos argumentan que eso no tendrá validez para Guatemala pero si lo tendrá para este país y eso le permitirá a la señoría tener el marco de actuación para dicho juzgado.
En este caso, es evidente que hay un daño pero lo que mantiene en suspenso es determinar hasta donde la jueza puede actuar y en base a dicha investigación se podrá ver esta problemática denunciada, ayudando a que se activen todas las instituciones inmersas en la protección del medio ambiente y evitar que a raíz de esas circunstancias se ha visto una actuación con falta de orientación para la municipalidad metapaneca en qué trámites realizar y qué tener a la mano antes de hacer una obra como la que ya fue realizada. Al mismo tiempo les servirá de sustento por estar en una zona fronteriza para conocer hasta donde llega su jurisdicción territorial para acceder a las peticiones de su misma comunidad.
Este caso es importante porque ayudará a determinar estas afectaciones al medio ambiente en este caso al recurso hídrico como es el del Río Ostúa y permitirá tener a las demás instituciones con un margen de actuación para poder abordar esta problemática ya que no solo se da en ríos sino en muchas partes del territorio nacional y es importante no solo contar históricamente hasta donde llega la línea fronteriza sino documentalmente para tener el bien claro y específico en el marco de actuación. Se les dio 25 días hábiles y se espera próximo de la semana santa ya tener una respuesta antes del invierno que es donde se sufre más por estos impactos que los denunciantes han hecho del conocimiento de dicha sede judicial.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
