Internacionales
Una nueva mafia toma las calles de Lima a bordo de camionetas
Los vendedores ambulantes en La Victoria son tantos que si los juntáramos a todos, entrarían sentados en el estadio Alejandro Villanueva, en Matute: un total de 35.000. Hasta ayer, día 90 de la cuarentena, la mayoría de ellos ocupaba de manera rotativa las calles cargando kilos de mercadería por vender. Primero, fueron desplazados fuera de Gamarra y se movilizaron hacia el jirón Parinacochas. De Parinacochas pasaron a las avenidas México y Grau. De ahí caminaron hacia Luna Pizarro y Sebastián Barranca. El viernes 12 de junio, se planteó que fueran trasladados al parque zonal Huayna Cápac, pero hasta hoy no se define ninguna alternativa concreta para todos en conjunto.Una mafia sobre ruedas en La Victoria
Días atrás, el 26 de mayo, una videocámara de seguridad situada en el cruce de los jirones Luna Pizarro y Raimondi captó algo inusual entre el numeroso grupo de comerciantes minoristas.
Varias camionetas permanecían estacionadas a ambos lados de la vía, todas ellas con la cabina interior repleta de mercadería.
De un momento a otro, los comerciantes apostados en el lugar empezaron a correr cargando sus bultos al escuchar las sirenas de un vehículo de fiscalización que se acercaba. Detrás de ellos, estas camionetas también arrancaron a toda velocidad. En el siguiente video se observa con detalle.Las ‘camionetas ambulantes’ de La Victoria: una nueva modalidad de comercio informal.
En general, ningún alcalde de La Victoria ha podido erradicar la informalidad en las calles del distrito. El alcalde anterior, Elías Cuba, estuvo en la cárcel investigado por sus vínculos con una mafia de cobro de cupos en Gamarra, que se hacía rica alquilando la vía pública. El actual alcalde, George Forsyth, solo liberó el gran emporio comercial de los informales, pero todos ellos se mudaron a los alrededores. Ahora la informalidad alcanza el 50% de la economía en todo el distrito, de acuerdo con la propia comuna. Nada ha cambiado. Ni siquiera con la pandemia. Pero esta nueva modalidad empeora la situación. Nuestra búsqueda comienza en el jirón Bausate y Meza.
Aquí, un efectivo del Ejército busca mascarillas de tela. Son las 2 p.m. Las galerías están cerradas por orden del Ejecutivo. Un hombre vestido de blanco abre la maletera de su moderna camioneta, estacionada en la vía pública, y le ofrece el tapabocas. También le ofrece hilo, tela, ganchos, mamelucos, casacas, trajes anti-COVID-19, chalecos y caretas de plástico para evitar un contagio. La cabina de su vehículo es como un bazar sobre ruedas. Nos acercamos a la camioneta. Un sujeto pregunta: “¿Qué estás grabando?”, y nos persigue hasta perdernos de vista. A la vez, se encarga de alertar a otros vendedores sobre nuestra presencia. Este hombre vigila que las ‘camionetas ambulantes’ tengan la vía libre y sirve de ‘campana’ por si viene la policía.
Nos percatamos que no se trata solo de una pequeña flota de camionetas, sino toda una red de informales móviles muy organizada para evadir los controles municipales y policiales. Su estrategia es hábil: repletan estos amplios vehículos de mercadería y dan vueltas en caravana, para venderla desde las 8 a.m. hasta la noche. Si vienen los policías o los agentes de fiscalización, cierran las maleteras y evitan el decomiso porque la mercadería ya está fuera de su alcance. Se mueven una cuadra más adelante, y hacen lo mismo. Y así en todo el distrito. Siempre tienen vigilantes cerca, como el que amenazó a nuestro equipo.
Estas decenas de camionetas generan tanto tráfico, que por un efecto en cadena generan que los buses y paraderos de más adelante acumulen una gran cantidad de pasajeros sin distanciamiento, arriesgándolos a un contagio.
El resultado: miles de clientes aglomerados en plena emergencia, respirando uno junto al otro sin ningún distanciamiento. Desde el aire, un dron nos permite ver qué calles dominan. En 24 horas, se pudo contar a unas 280 camionetas desde el aire y en la calle, divididas en grupos de cuatro para pasar desapercibidas.
“Son camionetas 4 x 4 de alta gama. Ellos contratan a extranjeros para hacerse cargo de las ventas sin protocolos de higiene. Si tanta necesidad tienen, ¿por qué no venden sus camionetas y dejan de repartir el virus por toda la ciudad?”, dice el alcalde de La Victoria, George Forsyth. El problema de la aglomeración que ocasionan no se concentra solo en el lugar donde operan. Estos vehículos generan tanto tráfico al detenerse a los lados de la vía que, por un efecto en cadena, hacen que en los paraderos ubicados más adelante se aglomeren los pasajeros sin distanciamiento, con lo cual se arriesgan a un contagio. A su vez, al afectar la frecuencia de las unidades de transporte público, los buses se llenan de usuarios.
India aprobó por primera vez la comercialización de una vacuna contra el dengue. Se trata de Qdenga, de fabricación japonesa, informó este martes el Ministerio de Salud del país.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mitad de la población mundial está actualmente expuesta al riesgo de contraer esta enfermedad viral transmitida por mosquitos, la cual provoca entre 100 y 400 millones de infecciones cada año.
En India, desde 2021 se han registrado más de un millón de casos de dengue, de los cuales al menos 1,500 han sido mortales.
El dengue puede provocar fiebre alta, dolores de cabeza, molestias musculares, náuseas, erupciones cutáneas y, en casos poco frecuentes, hemorragias e incluso la muerte.
El Ministerio de Salud indicó que la vacuna fue autorizada por la Organización Central de Control de Medicamentos (CDSCO). El biológico, fabricado por los laboratorios Takeda, está recomendado en un esquema de dos dosis para personas de entre 4 y 60 años.
Las autoridades también señalaron que este medicamento ya ha sido aprobado por los organismos reguladores de aproximadamente 40 países.
Por otra parte, el grupo farmacéutico indio Panacea Biotec inició la fase final de los ensayos clínicos de una vacuna contra el dengue de una sola dosis.
En contraste, Brasil anunció el mes pasado la suspensión del uso de otra vacuna de una sola dosis desarrollada en ese país, tras dos muertes sospechosas.
El Gobierno de Ecuador declaró la alerta naranja en 17 de las 24 provincias del país como medida preventiva ante la llegada del fenómeno climático de El Niño, informó el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, quien preside el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).
La decisión responde al aumento de la temperatura del océano, explicó el funcionario. Previamente, en mayo, el Gobierno había decretado alerta amarilla en las provincias ubicadas hasta los 1,500 metros sobre el nivel del mar, consideradas más susceptibles a los efectos del fenómeno.
«Que la temperatura del océano se encuentre arriba del promedio normal, eso no quiere decir que las lluvias necesariamente vayan a ocurrir muy pronto o en los meses subsiguientes», señaló Luque.
El funcionario agregó que el Gobierno ha destinado alrededor de 600 millones de dólares para acciones de prevención ante la llegada de El Niño.
Según Luque, el incremento en la temperatura del océano ya ha tenido efectos en la pesca y en el avistamiento de aves. Además, el país prevé la ocurrencia de sequías en la Amazonía e incendios forestales.
El fenómeno de El Niño incrementa las temperaturas de la superficie en el centro y el este del Pacífico ecuatorial, provocando cambios en los patrones globales de viento, presión atmosférica y precipitaciones. La Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo de las Naciones Unidas, prevé que entre julio y septiembre de este año se registre un «episodio fuerte».
De acuerdo con especialistas, El Niño suele presentarse cada dos a siete años y tiene una duración aproximada de entre nueve y doce meses.
El evento más intenso registrado en Ecuador desde 1950 ocurrió entre 1997 y 1998. Según cifras oficiales, dejó casi 300 fallecidos, alrededor de 20,000 damnificados y pérdidas económicas estimadas en 3,000 millones de dólares.
Cuatro jóvenes fueron encontrados sin vida durante el fin de semana en diferentes colonias de La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras, informaron medios locales.
Las víctimas fueron identificadas como Diego Jassir Canelas Solís, de 20 años; Dylan Mateo Canelas Solís, de 14 años; Daniel Enrique Antúnez Canelas, de 15 años; y Kelvin Magdiel Canelas, cuya edad no fue precisada.
De acuerdo con la información preliminar, los cuerpos fueron hallados atados de manos y pies en dos sectores de la ciudad y presentaban múltiples impactos de bala.
El medio La Prensa informó que dos de las víctimas fueron encontradas el sábado en una calle de la colonia San José, mientras que las otras dos fueron localizadas el domingo por la mañana en la colonia Canelas.
Los primeros en ser encontrados fueron Diego Jassir Canelas Solís y Daniel Enrique Antúnez Canelas, quienes, según información preliminar, eran primos. El diario El Heraldo indicó que vecinos del sector alertaron a las autoridades tras observar los cuerpos tendidos en una calle cercana a una tienda concurrida de la zona.
El mismo medio señaló que, de acuerdo con la información disponible, los jóvenes habrían sido privados de libertad desde el viernes junto con otras dos personas. Además, versiones citadas por El Heraldo indican que los cuatro jóvenes formaban parte de la congregación de los Testigos de Jehová.
Por su parte, el portavoz de la Secretaría de Seguridad de Honduras, Edgardo Barahona, confirmó en el noticiero Hoy Mismo, de TSi, que los jóvenes fueron privados de su libertad la noche del viernes en otro sector de La Ceiba, cuando presuntamente se dirigían a comer, según información divulgada por la radio HRN, conocida como La Voz de Honduras.
Barahona también indicó que la principal línea de investigación vincula el caso con estructuras criminales, principalmente relacionadas con maras y pandillas.
Persistencia de la violencia
En Honduras operan organizaciones dedicadas al narcotráfico, pandillas, redes de tráfico de personas y otros grupos criminales.
El país cerró 2025 con una tasa de 23.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), durante el primer semestre de este año se registraron 1,235 homicidios, lo que refleja la persistencia de la violencia.
Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro concentran la mayor cantidad de asesinatos reportados por las autoridades durante este año.
Aunque el Gobierno hondureño ha implementado medidas para combatir la inseguridad, hasta la fecha no ha logrado revertir los altos índices de criminalidad.
Recientemente, el Congreso aprobó una serie de reformas para enfrentar la violencia, que mantiene la tasa de homicidios en Honduras por encima de los 24 casos por cada 100,000 habitantes.
Las reformas autorizan a los militares a participar en tareas de seguridad pública, crean una nueva división contra el crimen organizado y permiten clasificar a las pandillas y a los carteles de la droga como grupos terroristas.
