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Trump engañó a sus abogados sobre documentos clasificados, fuentes
Donald Trump sigue siendo tema de conversación, no solo por el caso de Stormy Daniels, sino por los documentos que se hallaron en su casa de Mar-a-lago y que salieron deliberadamente de la Casa Blanca cuando terminó su mandato; los fiscales argumentaron con éxito ante un juez que tienen evidencia de que el expresidente pudo haber cometido un crimen.
Un tribunal de Circuito de Apelaciones en D.C. dio a los abogados de Trump hasta la media noche del martes para proporcionar información y argumentos relacionados con el caso de los documentos clasificados, mientras que el Departamento de Justicia fue más benevolente y dio hasta las 6 de la mañana del día de hoy para presentar una respuesta rápida para presentaciones legales.
Las peticiones llegaron después de que la oficina del fiscal especial presentó pruebas preliminares convincentes de que el exmandatario engañó a su equipo legal sobre la retención de materiales clasificados tras dejar el cargo, escribió un exjuez federal de alto rango el viernes durante una presentación sellada, aseguraron personas familiarizadas en el caso a ABC News.
La fuente también indicó que la jueza Beryl Howell escribió la semana pasada, antes de dejar su cargo, que los fiscales de la oficina del fiscal especial Jaks Smith había hecho “una prueba facie de que el expediente había cometido violaciones criminales”, por lo que los privilegios de abogado-cliente invocados por sus abogados podrían ser violados, pero no constituía motivo para presentar cargos contra Trump.
Tras esta filtración, se cree que Evan Corcoran podría verse obligado a testificar en la investigación de documentos clasificados ya que fue él quien tiempo atrás entregó una serie de registros vinculados a los que Howell describió como el supuesto “esquema criminal” de Trump; los registros incluyen notas escritas a mano, facturas y transcripciones de grabaciones de audio personales.
El mismo medio indicó que los fiscales aún tienen que cumplir con un estándar más alto de evidencia para presentar cargos contra Trump (quien ha mencionado en reiteradas ocasiones que no actuó mal en el manejo de los documentos) y aún más para probar “su culpabilidad más allá de la duda razonable”.
“Es un obstáculo menor, pero es una indicación de que el gobierno había presentado algunas pruebas y acusaciones de que tenían pruebas que cumplían con los elementos de un delito“, dijo Brandon Van Grack, exalto funcionario de seguridad nacional en el Departamento de Justicia al medio antes citado.
Howell encontró evidencia “suficiente” de que Trump “ocultó intencionalmente” la existencia de documentos clasificados adicionales de Corcoran antes de redactar un documento que afirmaba que una “búsqueda diligente” de Mar-a-Lago arrojó solo 38 documentos clasificados.
Los fiscales descubrieron más tarde evidencia de que Trump estaba guardando más documentos por lo que el FBI se vio en la necesidad de hacer un registro autorizado por la corte de las instalaciones en agosto pasado.
Los abogados de Trump apelaron el fallo de Howell el martes y un panel de la corte de apelaciones podría pronunciarse sobre la orden el miércoles por la mañana. Ambas partes podrían apelar nuevamente después de que la corte de apelaciones se pronuncie sobre la orden.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
