Internacionales
Trump engañó a sus abogados sobre documentos clasificados, fuentes
Donald Trump sigue siendo tema de conversación, no solo por el caso de Stormy Daniels, sino por los documentos que se hallaron en su casa de Mar-a-lago y que salieron deliberadamente de la Casa Blanca cuando terminó su mandato; los fiscales argumentaron con éxito ante un juez que tienen evidencia de que el expresidente pudo haber cometido un crimen.
Un tribunal de Circuito de Apelaciones en D.C. dio a los abogados de Trump hasta la media noche del martes para proporcionar información y argumentos relacionados con el caso de los documentos clasificados, mientras que el Departamento de Justicia fue más benevolente y dio hasta las 6 de la mañana del día de hoy para presentar una respuesta rápida para presentaciones legales.
Las peticiones llegaron después de que la oficina del fiscal especial presentó pruebas preliminares convincentes de que el exmandatario engañó a su equipo legal sobre la retención de materiales clasificados tras dejar el cargo, escribió un exjuez federal de alto rango el viernes durante una presentación sellada, aseguraron personas familiarizadas en el caso a ABC News.
La fuente también indicó que la jueza Beryl Howell escribió la semana pasada, antes de dejar su cargo, que los fiscales de la oficina del fiscal especial Jaks Smith había hecho “una prueba facie de que el expediente había cometido violaciones criminales”, por lo que los privilegios de abogado-cliente invocados por sus abogados podrían ser violados, pero no constituía motivo para presentar cargos contra Trump.
Tras esta filtración, se cree que Evan Corcoran podría verse obligado a testificar en la investigación de documentos clasificados ya que fue él quien tiempo atrás entregó una serie de registros vinculados a los que Howell describió como el supuesto “esquema criminal” de Trump; los registros incluyen notas escritas a mano, facturas y transcripciones de grabaciones de audio personales.
El mismo medio indicó que los fiscales aún tienen que cumplir con un estándar más alto de evidencia para presentar cargos contra Trump (quien ha mencionado en reiteradas ocasiones que no actuó mal en el manejo de los documentos) y aún más para probar “su culpabilidad más allá de la duda razonable”.
“Es un obstáculo menor, pero es una indicación de que el gobierno había presentado algunas pruebas y acusaciones de que tenían pruebas que cumplían con los elementos de un delito“, dijo Brandon Van Grack, exalto funcionario de seguridad nacional en el Departamento de Justicia al medio antes citado.
Howell encontró evidencia “suficiente” de que Trump “ocultó intencionalmente” la existencia de documentos clasificados adicionales de Corcoran antes de redactar un documento que afirmaba que una “búsqueda diligente” de Mar-a-Lago arrojó solo 38 documentos clasificados.
Los fiscales descubrieron más tarde evidencia de que Trump estaba guardando más documentos por lo que el FBI se vio en la necesidad de hacer un registro autorizado por la corte de las instalaciones en agosto pasado.
Los abogados de Trump apelaron el fallo de Howell el martes y un panel de la corte de apelaciones podría pronunciarse sobre la orden el miércoles por la mañana. Ambas partes podrían apelar nuevamente después de que la corte de apelaciones se pronuncie sobre la orden.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
