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Trump engañó a sus abogados sobre documentos clasificados, fuentes
Donald Trump sigue siendo tema de conversación, no solo por el caso de Stormy Daniels, sino por los documentos que se hallaron en su casa de Mar-a-lago y que salieron deliberadamente de la Casa Blanca cuando terminó su mandato; los fiscales argumentaron con éxito ante un juez que tienen evidencia de que el expresidente pudo haber cometido un crimen.
Un tribunal de Circuito de Apelaciones en D.C. dio a los abogados de Trump hasta la media noche del martes para proporcionar información y argumentos relacionados con el caso de los documentos clasificados, mientras que el Departamento de Justicia fue más benevolente y dio hasta las 6 de la mañana del día de hoy para presentar una respuesta rápida para presentaciones legales.
Las peticiones llegaron después de que la oficina del fiscal especial presentó pruebas preliminares convincentes de que el exmandatario engañó a su equipo legal sobre la retención de materiales clasificados tras dejar el cargo, escribió un exjuez federal de alto rango el viernes durante una presentación sellada, aseguraron personas familiarizadas en el caso a ABC News.
La fuente también indicó que la jueza Beryl Howell escribió la semana pasada, antes de dejar su cargo, que los fiscales de la oficina del fiscal especial Jaks Smith había hecho “una prueba facie de que el expediente había cometido violaciones criminales”, por lo que los privilegios de abogado-cliente invocados por sus abogados podrían ser violados, pero no constituía motivo para presentar cargos contra Trump.
Tras esta filtración, se cree que Evan Corcoran podría verse obligado a testificar en la investigación de documentos clasificados ya que fue él quien tiempo atrás entregó una serie de registros vinculados a los que Howell describió como el supuesto “esquema criminal” de Trump; los registros incluyen notas escritas a mano, facturas y transcripciones de grabaciones de audio personales.
El mismo medio indicó que los fiscales aún tienen que cumplir con un estándar más alto de evidencia para presentar cargos contra Trump (quien ha mencionado en reiteradas ocasiones que no actuó mal en el manejo de los documentos) y aún más para probar “su culpabilidad más allá de la duda razonable”.
“Es un obstáculo menor, pero es una indicación de que el gobierno había presentado algunas pruebas y acusaciones de que tenían pruebas que cumplían con los elementos de un delito“, dijo Brandon Van Grack, exalto funcionario de seguridad nacional en el Departamento de Justicia al medio antes citado.
Howell encontró evidencia “suficiente” de que Trump “ocultó intencionalmente” la existencia de documentos clasificados adicionales de Corcoran antes de redactar un documento que afirmaba que una “búsqueda diligente” de Mar-a-Lago arrojó solo 38 documentos clasificados.
Los fiscales descubrieron más tarde evidencia de que Trump estaba guardando más documentos por lo que el FBI se vio en la necesidad de hacer un registro autorizado por la corte de las instalaciones en agosto pasado.
Los abogados de Trump apelaron el fallo de Howell el martes y un panel de la corte de apelaciones podría pronunciarse sobre la orden el miércoles por la mañana. Ambas partes podrían apelar nuevamente después de que la corte de apelaciones se pronuncie sobre la orden.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
