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Trump engañó a sus abogados sobre documentos clasificados, fuentes
Donald Trump sigue siendo tema de conversación, no solo por el caso de Stormy Daniels, sino por los documentos que se hallaron en su casa de Mar-a-lago y que salieron deliberadamente de la Casa Blanca cuando terminó su mandato; los fiscales argumentaron con éxito ante un juez que tienen evidencia de que el expresidente pudo haber cometido un crimen.
Un tribunal de Circuito de Apelaciones en D.C. dio a los abogados de Trump hasta la media noche del martes para proporcionar información y argumentos relacionados con el caso de los documentos clasificados, mientras que el Departamento de Justicia fue más benevolente y dio hasta las 6 de la mañana del día de hoy para presentar una respuesta rápida para presentaciones legales.
Las peticiones llegaron después de que la oficina del fiscal especial presentó pruebas preliminares convincentes de que el exmandatario engañó a su equipo legal sobre la retención de materiales clasificados tras dejar el cargo, escribió un exjuez federal de alto rango el viernes durante una presentación sellada, aseguraron personas familiarizadas en el caso a ABC News.
La fuente también indicó que la jueza Beryl Howell escribió la semana pasada, antes de dejar su cargo, que los fiscales de la oficina del fiscal especial Jaks Smith había hecho “una prueba facie de que el expediente había cometido violaciones criminales”, por lo que los privilegios de abogado-cliente invocados por sus abogados podrían ser violados, pero no constituía motivo para presentar cargos contra Trump.
Tras esta filtración, se cree que Evan Corcoran podría verse obligado a testificar en la investigación de documentos clasificados ya que fue él quien tiempo atrás entregó una serie de registros vinculados a los que Howell describió como el supuesto “esquema criminal” de Trump; los registros incluyen notas escritas a mano, facturas y transcripciones de grabaciones de audio personales.
El mismo medio indicó que los fiscales aún tienen que cumplir con un estándar más alto de evidencia para presentar cargos contra Trump (quien ha mencionado en reiteradas ocasiones que no actuó mal en el manejo de los documentos) y aún más para probar “su culpabilidad más allá de la duda razonable”.
“Es un obstáculo menor, pero es una indicación de que el gobierno había presentado algunas pruebas y acusaciones de que tenían pruebas que cumplían con los elementos de un delito“, dijo Brandon Van Grack, exalto funcionario de seguridad nacional en el Departamento de Justicia al medio antes citado.
Howell encontró evidencia “suficiente” de que Trump “ocultó intencionalmente” la existencia de documentos clasificados adicionales de Corcoran antes de redactar un documento que afirmaba que una “búsqueda diligente” de Mar-a-Lago arrojó solo 38 documentos clasificados.
Los fiscales descubrieron más tarde evidencia de que Trump estaba guardando más documentos por lo que el FBI se vio en la necesidad de hacer un registro autorizado por la corte de las instalaciones en agosto pasado.
Los abogados de Trump apelaron el fallo de Howell el martes y un panel de la corte de apelaciones podría pronunciarse sobre la orden el miércoles por la mañana. Ambas partes podrían apelar nuevamente después de que la corte de apelaciones se pronuncie sobre la orden.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
