Internacionales
Reducen a 10 años la sentencia del camionero cubano condenado a 110 años de cárcel por el accidente mortal en Colorado
El gobernador del estado de Colorado (EE.UU.), Jared Polis, redujo a 10 años de prisión la sentencia de Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, el camionero cubano que este mes fue condenado a 110 años por un violenta colisión vehicular múltiple en 2019, que dejó cuatro fallecidos y varios heridos.
«Después de conocer la sentencia altamente atípica e injusta en su caso, conmuto su pena a 10 años y le concedo la libertad condicional el 30 de diciembre de 2026», escribió Polis en una carta dirigida al propio Rogel.
Esta decisión fue dada a conocer dentro de un comunicado de su oficina este jueves sobre una serie de conmutaciones e indultos otorgados a varias otras personas involucradas en diferentes delitos. El documento aclara que, aunque un familiar del abogado de Aguilera-Mederos trabaja en la gobernación, «no tuvo absolutamente ninguna participación en el proceso de conmutación» y «no estaba al tanto» de la decisión de Polis, quien recientemente se había enterado de esa eventualidad.
«Mi decisión de hoy se basa únicamente en las circunstancias de su caso. Creo que usted merece la clemencia por varias razones», puntualizó en su misiva el gobernador, argumentando que fue una «sentencia arbitraria e injusta» por un acto «trágico pero no intencionado». Agregó además que este caso pone de manifiesto «la falta de uniformidad entre las sentencias por delitos en situación similar».
Jared Polis espera que la historia de Aguilera-Mederos estimule el análisis de las leyes de condena para garantizar una «mayor coherencia» al impartirlas y asegura que existe una necesidad urgente de «restaurar la confianza en la uniformidad y equidad» del sistema de justicia penal en EE.UU.
La condena de Rogel Lázaro había provocado gran indignación y rechazo, ya que no fue un acto intencionado, sino «un accidente». Más de cinco millones de personas —hasta el momento de la publicación de este artículo— firmaron una petición en el portal Change.org pidiendo a las autoridades reconsiderar la sentencia. Incluso, el sindicato de camioneros de EE.UU. declaró un boicot contra Colorado para que el estado modifique sus leyes.
Un día antes de conocerse la resolución de Polis, la madre del acusado, Oslaida Mederos, había asegurado que no dejaría de luchar hasta que su hijo estuviera en casa. A principios de este mes y tras la indignación pública, el fiscal de distrito del condado de Jefferson, Alexis King, presentó una moción para reducir la pena a entre 20 y 30 años. Asimismo, se tenía programada una audiencia para la reconsideración de la condena para el próximo 13 de enero.
El fatal accidente tuvo lugar en abril de 2019, cuando Aguilera-Mederos conducía por una autopista interestatal de Colorado a 135 kilómetros por hora y, tras un fallo de los frenos de su camión, chocó contra más de dos decenas de vehículos. El cubano de 26 años fue declarado culpable de homicidio vehicular y otros 23 cargos.
Disponible en Google Play y en la App Store de Apple, la aplicación «Public Safety by Everbridge» requiere una dirección de correo electrónico para registrarse.
La palabra clave «World Cup NJ» permite suscribirse a alertas específicas, enviadas directamente en el idioma del teléfono.
«Es la forma más rápida para nosotros de llegar a los aficionados, a los visitantes, tanto internacionales como nacionales», explica David Sierotowicz, encargado de coordinar las fuerzas de seguridad de Nueva Jersey, donde se encuentra el estadio, y de la vecina Nueva York.
Varias otras ciudades estadounidenses sede del Mundial, que se inician en dos semanas, el 11 de junio, también recurren a esta aplicación.
Con ocho partidos en el MetLife Stadium, incluida la final, el 19 de julio, y más de un millón de visitantes esperados, la región se enfrenta a un desafío «sin precedentes», reconoce el teniente coronel de la Policía Estatal de Nueva Jersey, David Sierotowicz.
Al evento futbolístico se suman las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos el fin de semana del 4 de julio.
«No tenemos margen de error y no vamos a cometer errores», aseguró el jueves Sierotowicz durante una visita al centro de coordinación de las fuerzas de seguridad, situado en Nueva Jersey.
Entre las principales preocupaciones destacaron la gestión de las multitudes y de los desplazamientos —los organizadores dan prioridad al transporte público—, los ataques con drones y la trata de personas, objeto de una importante campaña de sensibilización.
«Ninguna amenaza creíble» pesa, en cambio, «al día de hoy», sobre la región y el Mundial por la guerra en Oriente Medio, según él.
El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, ha indicado en redes sociales que la policía de inmigración (ICE) estará implicada en operaciones contra la falsificación o la trata de personas.
Pero Sierotowicz precisó que sus agentes no estarán «específicamente» en el MetLife Stadium.
En Nueva York, en particular, los agentes policiales locales (NYPD) estarán «muy presentes sobre el terreno», informó el coordinador del departamento de policía de la ciudad, Robert Gault.
Internacionales
La Casa Blanca califica de «total invención» un proyecto de acuerdo anunciado en TV iraní
La Casa Blanca arremetió el miércoles contra un supuesto proyecto de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio anunciado por la televisión estatal iraní, calificándolo de «total invención».
El informe iraní citaba un borrador de memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que, según afirmaba, incluía un compromiso de Estados Unidos de levantar el bloqueo naval contra Irán y retirar sus fuerzas de la región del Golfo.
«Este informe de medios controlados por Irán no es cierto y el MOU que ‘difundieron’ es una total invención. Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. LOS HECHOS IMPORTAN», dijo la Casa Blanca a través de la red X.
Poco probable la reanudación de la guerra
Irán también estimó este miércoles poco probable la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, pese a los últimos ataques estadounidenses y mientras continúan los esfuerzos diplomáticos por poner fin a la contienda.
«La posibilidad de guerra es baja debido a la debilidad del enemigo; las fuerzas armadas están al acecho con los cargadores llenos», dijo Mohamad Akbarzadeh, subjefe político de la Marina del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, citado por la agencia de noticias Tasnim.
«No duden de que convertiremos la zona desde Chabahar hasta Mahshahr en un cementerio para los agresores», dijo, citando lugares en cada extremo de la extensa costa sur de Irán.
La declaración fue pronunciada un día después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar el alto el fuego vigente desde abril y advirtiera que estaba listo para represalias tras los ataques más graves desde la entrada en vigor de la tregua.
La gobernadora del estado mexicano de Chihuahua (norte), la opositora María Eugenia Campos, denunció este miércoles una persecución por parte del oficialismo por el caso de agentes de la CIA que estuvieron en un operativo antidrogas en su jurisdicción.
La política del conservador Partido Acción Nacional (PAN) acudió a la sede de la fiscalía general mexicana en la capital para declarar sobre este suceso, que se conoció después de que dos agentes del servicio de inteligencia estadounidense murieran en un accidente de tránsito el 19 de abril pasado en Chihuahua.
La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, recuerda que la lucha antidrogas compete exclusivamente al gobierno federal y que los agentes de la CIA no habían notificado su presencia como corresponde según los acuerdos de colaboración con Estados Unidos.
Campos dijo que, como opositora, «la persiguen con todo el peso del aparato del Estado», mientras que a políticos del oficialismo acusados por Estados Unidos de nexos con el crimen «les dan impunidad absoluta».
La justicia estadounidense pidió a finales de abril pasado la captura con fines de extradición de diez políticos del oficialismo, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, a quienes acusa de estar vinculados con la banda criminal de Joaquín «El Chapo» Guzmán.
