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Reducen a 10 años la sentencia del camionero cubano condenado a 110 años de cárcel por el accidente mortal en Colorado

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El gobernador del estado de Colorado (EE.UU.), Jared Polis, redujo a 10 años de prisión la sentencia de Rogel Lázaro Aguilera-Mederos, el camionero cubano que este mes fue condenado a 110 años por un violenta colisión vehicular múltiple en 2019, que dejó cuatro fallecidos y varios heridos.

«Después de conocer la sentencia altamente atípica e injusta en su caso, conmuto su pena a 10 años y le concedo la libertad condicional el 30 de diciembre de 2026», escribió Polis en una carta dirigida al propio Rogel.

Esta decisión fue dada a conocer dentro de un comunicado de su oficina este jueves sobre una serie de conmutaciones e indultos otorgados a varias otras personas involucradas en diferentes delitos. El documento aclara que, aunque un familiar del abogado de Aguilera-Mederos trabaja en la gobernación, «no tuvo absolutamente ninguna participación en el proceso de conmutación» y «no estaba al tanto» de la decisión de Polis, quien recientemente se había enterado de esa eventualidad.

«Mi decisión de hoy se basa únicamente en las circunstancias de su caso. Creo que usted merece la clemencia por varias razones», puntualizó en su misiva el gobernador, argumentando que fue una «sentencia arbitraria e injusta» por un acto «trágico pero no intencionado». Agregó además que este caso pone de manifiesto «la falta de uniformidad entre las sentencias por delitos en situación similar».

Jared Polis espera que la historia de Aguilera-Mederos estimule el análisis de las leyes de condena para garantizar una «mayor coherencia» al impartirlas y asegura que existe una necesidad urgente de «restaurar la confianza en la uniformidad y equidad» del sistema de justicia penal en EE.UU.

La condena de Rogel Lázaro había provocado gran indignación y rechazo, ya que no fue un acto intencionado, sino «un accidente». Más de cinco millones de personas —hasta el momento de la publicación de este artículo—  firmaron una petición en el portal Change.org pidiendo a las autoridades reconsiderar la sentencia.  Incluso, el sindicato de camioneros de EE.UU. declaró un boicot contra Colorado para que el estado modifique sus leyes.

Un día antes de conocerse la resolución de Polis, la madre del acusado, Oslaida Mederos, había asegurado que no dejaría de luchar hasta que su hijo estuviera en casa. A principios de este mes y tras la indignación pública, el fiscal de distrito del condado de Jefferson, Alexis King, presentó una moción para reducir la pena a entre 20 y 30 años. Asimismo, se tenía programada una audiencia para la reconsideración de la condena para el próximo 13 de enero.

El fatal accidente tuvo lugar en abril de 2019, cuando Aguilera-Mederos conducía por una autopista interestatal de Colorado a 135 kilómetros por hora y, tras un fallo de los frenos de su camión, chocó contra más de dos decenas de vehículos. El cubano de 26 años fue declarado culpable de homicidio vehicular y otros 23 cargos.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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