Internacionales
Pelea entre pandilleros de la MS-13 y Barrio 18 en cárcel de Honduras deja 5 muertos y 39 heridos
El Gobierno de Honduras no ha indicado qué medidas tomará si alguna para evitar nuevos incidentes en cárceles como la reportada el jueves en La Tolva, donde cinco personas murieron y otras 39 resultaron heridas.
“No podemos seguir así, son tres ataques en cárceles denominadas de máxima seguridad en menos de 15 días, esto solo genera incertidumbre entre los familiares”, dijo la presidenta de la Asociación de Familiares Privados de Libertad, Delma Ordóñez.
La portavoz insistió en que es el presidente Juan Orlando Hernández quien debe buscar las mejores personas y realizar cambios en el Instituto Nacional Penitenciario (INP), entidad encargada de mejorar el sistema de prisiones en el país.
La cárcel de máxima seguridad, ubicada en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, fue escenario ayer de una trifulca entre reclusos de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
Hasta el momento, ningún encargado del INP ha aclarado las circunstancias en las que se dieron los hechos y las acciones a tomar para prevenir nuevos enfrentamientos.
“Son 39 las personas heridas, de ellas 15 fueron trasladadas al Hospital Escuela, de Tegucigalpa, y hay cinco muertos confirmados en el centro penal”, añadió Ordóñez a los periodistas.
Medios de prensa en el país comenzaron a reportar de la reyerta a eso de las 8:00 a.m., hora local. Inicialmente, solo trascendió que un policía de la cárcel llegó herido en una ambulancia al Hospital Escuela, en la capital Tegucigalpa.
Extraoficialmente los informes apuntan a que los cinco reos murieron en el interior de la prisión, al parecer por la explosión de una granada de fragmentación, y que otros 39 resultaron heridos.
Noticiarios televisivos difundieron imágenes externas en las que se ve a miembros de los cuerpos de seguridad movilizándose con armas de fuego al interior de la cárcel, en la que además se escucharon decenas de disparos.
Por su parte, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) dijo que las muertes y agresiones reportadas en La Tolva evidencian la falta de implementación de una debida administración penitenciaria.
La Tolva es una de las dos cárceles de máxima seguridad que tiene Honduras, en las que con bastante frecuencia se registran hechos violentos, muchas veces con saldos fatales.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
