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Papa Francisco separa a dos cardenales de su círculo de consejeros por casos de pedofilia en la Iglesia
Los dos altos responsables eclesiásticos forman parte de un consejo de nueve cardenales de todos los continentes, llamado C9, que asesora al papa Francisco en la reforma de la administración de la Santa Sede.
En octubre el Papa escribió a los cardenales que abandonarán la instancia para darles las gracias por «el trabajo conseguido durante cinco años», indicó este miércoles el director de la sala de prensa de Vaticano, Greg Burke. De momento no está previsto nombrar a nuevos miembros, añadió.
El Papa había apartado temporalmente a Pell durante un período de 18 meses para que pueda defenderse ante la justicia australiana. Hasta ahora no ha vuelto a Roma.
Pell, de 77 años, sigue oficialmente a la cabeza del secretariado de Economía creado por el papa Francisco para poner orden a las finanzas de la Santa Sede. El mandato de cinco años termina en principio a finales de febrero.
Para respetar la presunción de inocencia, el Papa no quiso hasta ahora, como le pedían algunos consejeros, nombrar a un nuevo responsable de finanzas, aunque según dijo esta semana un alto responsable de la curia (el gobierno del Vaticano) los gastos de la Santa Sede están aumentado de manera «inaceptable».
El cardenal chileno Francisco Javier Errázuriz también perdió su lugar en el seno del C9. En Chile está acusado por víctimas de abusos sexuales de haber cubierto los actos de un cura pederasta, un caso que escandaliza al país.
Algunos observadores apuntan que Errázuriz aconsejó mal a Francisco, incitándole a defender a un cardenal chileno, implicado en el escándalo de los abusos sexuales de la Iglesia en Chile, una defensa que complicó mucho el viaje del Papa a Chile en enero de 2018.
Tras una reunión con el Vaticano con el Francisco, el cardenal Errázuriz anunció él mismo en noviembre que se retiraba del C9.
«No es una renuncia. Me despedí al término del período para el cual fui nombrado», dijo el prelado en una entrevista a un periódico chileno. El arzobispo emérito de Santiago tiene 85 años.
Otro cardenal, el congoleño Laurent Monsengwo, también abandonará el consejo. Se trata de una figura de la Iglesia Católica africana, que tuvo un papel político importante en la República Democrática del Congo, donde acaba de ceder su puesto de arzobispo de Kinshasa a los 79 años.
Este consejo de cardenales, que empezó teniendo ocho miembros, fue creado en marzo de 2013, exactamente un mes después de la elección del papa Francisco para reformar con sus sugerencias la administración central de la Iglesia, criticada por su opacidad y sus escándalos.
La mayoría de los mandatos en las instituciones del Vaticano son de cinco años pero no hay precisiones sobre el funcionamiento del C9.
Los sujetos fueron presentados como Juan Carlos «N», de 33 años, y Jesse Kevin «N», de 22 años, miembros de una célula delictiva presuntamente implicada en secuestro y tráfico de drogas y armas.
Las investigaciones determinaron que Juan Carlos «N» tomó parte «en una agresión a una familia que se trasladaba en un vehículo» y que tuvo como saldo la muerte de los niños, según un comunicado conjunto de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, la Guardia Nacional y la fiscalía federal.
Alexander, de 9 años; Gael, de 12; y el padre de ambos, Antonio Sarmiento, murieron el 19 de enero tras quedar atrapados en medio de un tiroteo en Culiacán, la capital de Sinaloa.
Desde septiembre, esa ciudad ha sido azotada por la guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México y designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Aunque la escalada criminal amainó en semanas recientes por el vasto operativo de las autoridades federales, hasta enero dejó un saldo de al menos 750 muertos y 900 desaparecidos, según cifras oficiales.
También desató la indignación de los habitantes de Culiacán, que salieron por miles a marchar a finales de enero exigiendo justicia por las muertes de Alexander y Gael.
La detención de los hombres fue resultado del cateo de tres inmuebles donde además fueron incautados 20 kg de cocaína, cristal, precursores químicos, 10 armas -incluida una ametralladora calibre 50-, municiones y seis vehículos, detalló por su parte el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.
«Esto es resultado del fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa», agregó el funcionario en su mensaje.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, México acumula más de 480.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones, según cifras oficiales.
El fiscal general Alejandro Gertz informó en la conferencia de prensa presidencial que se trata de «un asunto de carácter federal», tras la captura de un presunto operador del cartel Jalisco Nueva Generación, que brindó a las autoridades información sobre el caso.
«En este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos (expertos forenses) para determinar la realidad de lo que ahí hay», dijo el funcionario.
El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el 5 de marzo que localizó ropa y restos óseos calcinados en esta finca, a la que organizaciones civiles describieron como un «campo de adiestramiento y exterminio».
Pero el lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hasta el momento solo está confirmado que se trata de un «centro de adiestramiento» del crimen organizado.
García Harfuch reconoció sin embargo que en el lugar se cometieron asesinatos de personas que se resistían a ser reclutadas.
Según las primeras indagatorias, numerosas personas fueran llevadas allí con falsas ofertas de trabajo para finalmente ser obligadas a recibir entrenamiento para sumarse a la organización delictiva.
La Fiscalía General está asumiendo las investigaciones que fueron iniciadas por la fiscalía estatal, que debe entregar toda la información en su poder.
El Gobierno de México presentó parte de las acciones previstas para la alerta, búsqueda y localización de personas que contemplan las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre ellas, la creación de una Plataforma Única de Identidad.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que la Plataforma Única de Identidad será la principal identificación de las personas desde su nacimiento.
«Se incorpora la CURP (Clave Única de Registro de Población) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real», señaló Godoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.Indicó que el objetivo es «interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares».
Godoy expresó que con esto será posible alimentar y actualizar el Banco de Datos Forenses y facultar a las fiscalías locales para robustecer sus capacidades de búsqueda e investigación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) «deberá permitir consultas en tareas de investigación, principalmente en actividades del gabinete de seguridad. Todas las personas en México tendrán esta identidad, la CURP», agregó.
De igual forma, comentó que se pondrá en marcha el nuevo Sistema Nacional de Alerta, el cual operará como un mecanismo de inteligencia artificial, identificando coincidencias entre bases de datos gubernamentales y privadas.
También está previsto que las empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios se integren a la red, respetando la ley de protección de datos.Godoy comentó que también se crea la Base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
Señaló que se abrirá «una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de ’72 horas’», lo que permitirá generar alertas en tiempo real para todas las fiscalías y autoridades vinculadas a la búsqueda de personas.
Señaló que la Base «estará integrada en los 180 días máximo, una vez entrada en vigor esta reforma».
