Al declarar emergencia en materia de seguridad, el gobierno de Honduras anunció 14 drásticas medidas contra las pandillas y el crimen organizado, convirtiéndose en el primer país que como Estado replica el Plan Control Territorial (PCT) que el presidente Nayib Bukele implementó el 20 de junio de 2019 y que le ha permitido ubicar a El Salvador Salvador como el más seguro en el Hemisferio Occidental.

El plan fue anunciado el pasado viernes en cadena nacional de radio y televisión por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tras una reunión con funcionarios del Consejo de Seguridad integrado por los tres poderes del Estado.

La primera medida fue el despliegue de las fuerzas de seguridad. «De forma inmediata deben planificar y ejecutar intervenciones de carácter de urgencia en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionados con estos delitos, que son cometidos por maras, pandillas y bandas del crimen organizado», destaca en un comunicado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras.

Otras de las medidas tienen que ver con la construcción de megaprisiones, entre ellas una insular para 2,000 cabecillas pandileros (en Islas del Cisne, a 500 km de San Pedro Sula), reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, así como designar terroristas a las maras, pandillas, narcotraficantes y miembros de bandas criminales, que todos enfrenten juicios colectivos.

Castro ha ordenado construir de inmediato el Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) con capacidad para 20,000 pandilleros en una zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, a ese reclusorio serán trasladados mareros, narcos y miembros de organizaciones del crimen organizado que ya están en prisión.

Mientras que 2,000 cabecillas serán llevados a una cárcel que según Xiomara Castro será construida en el archipiélago de las Islas del Cisne ubicada a 500 kilómetros de la costa.
Las autoridades hondureñas aseguran que la única forma de comunicarse con las Islas del Cisne es por satélite y al llevar a los cabecillas a ese penal se evitará que sigan dirigiendo desde las cárceles, además se menciona que huir de esa prisión será imposible, solo para llegar al archipiélago en barco se lleva casi un día.

El Gobierno hondureño también ordenó desde el pasado viernes la captura inmediata de autores intelectuales, cabecillas y miembros de pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables.

Así mismo tomar el control y recuperar el orden en los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios de mayor incidencia criminal.

La medida número seis plantea que «el Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal para que los pandilleros y miembros de bandas de crimen organizado que cometan homicidios, narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, asociaciones ilícitas y lavado de dinero, sean calificados como terroristas.

También se ordena reformar el Código Penal para endurecer las penas por homicidios en perjuicio de operadores del sistema de seguridad y justicia [policías, militares, jueces y fiscales].

Otra de las enmiendas al Código Procesal Penal consiste en incorporar la medida de juzgamiento colectivo para pandilleros y miembros de otras estructuras de crimen organizado, como ya lo hace El Salvador Salvador.

La Corte Suprema de Justicia ha designados jueces que trabajarán con las fuerzas de seguridad para las operaciones de recuperación y control de las zonas de pandillas, lo mismo ha hecho la Fiscalía.