Internacionales
Misión de la ONU dice que Maduro también debe rendir cuentas por «crímenes de lesa humanidad»
Maduro llegó el sábado a una base militar en las afueras de Nueva York y deberá responder ante la justicia por cargos de narcotráfico y terrorismo.
«La ilegalidad del ataque» estadounidense en Venezuela no debe impedir que Nicolás Maduro responda por las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad atribuidos a su gobierno, estimó el sábado una misión de la ONU.
Esta misión, creada en 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no habla oficialmente en nombre de la organización, señaló en un comunicado que es esencial garantizar que el Maduro responda por estas violaciones, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y actos de tortura.
«El prolongado historial del gobierno de Maduro en la comisión de graves violaciones de derechos humanos no justifica una intervención militar de los Estados Unidos que vulnere el derecho internacional», afirmó Alex Neve, experto miembro de la Misión de Determinación de los Hechos, citado en el comunicado.
«De igual modo, la ilegalidad del ataque estadounidense no disminuye en modo alguno la clara responsabilidad de los funcionarios venezolanos, incluido el señor Maduro, por años de represión y violencia que constituyen crímenes de lesa humanidad. El pueblo venezolano necesita y merece soluciones que cumplan plenamente con el derecho internacional», agregó.
El presidente Donald Trump anunció este sábado que fuerzas estadounidenses derrocaron y capturaron a Maduro tras intensos bombardeos militares sobre Venezuela.
Maduro llegó el sábado a una base militar en las afueras de Nueva York y deberá responder ante la justicia por cargos de narcotráfico y terrorismo.
Trump señaló que Estados Unidos «gobernará» Venezuela hasta que haya una «transición pacífica».
«Dada la intervención militar de los Estados Unidos y la aprehensión de Nicolás Maduro, según lo indicado por la administración estadounidense, por cargos de ‘narcoterrorismo contra los Estados Unidos y sus ciudadanos’, la Misión subraya la necesidad de mantener el foco en las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos contra la población venezolana», secundó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos.
La Misión expresó también su «profunda preocupación por el riesgo de que se produzcan nuevas y graves violaciones de derechos humanos en los próximos días y semanas, en un contexto de elevada volatilidad».
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
