Internacionales
Hombre pasó 25 años en el corredor de la muerte tras ser condenado con pruebas falsas de abusar y asesinar a una bebé
Según las pruebas presentadas durante el juicio, el 17 de noviembre de 1991 Vicente Benavides Figueroa violó y sodomizó a una bebé de 21 meses, que de acuerdo a la acusación murió posteriormente a causa de las lesiones.
El 16 de junio de 1993, Benavides fue sentenciado a muerte.
Este hombre de 68 años, mexicano residente en California, mantuvo siempre su inocencia.
Tras una larga batalla legal, la Corte Suprema de California declaró esta semana que las pruebas (incluido el informe de autopsia del forense) eran falsas y revocó la condena.
El caso de Benavides, que ha pasado más de 26 años en la cárcel y más de 24 en el corredor de la muerte, no es el único.
Consuelo Verdugo, de 21 meses, fue trasladada de urgencia al centro médico regional de Delano, en California, con serias lesiones en el abdomen.
Era el 17 de noviembre de 1991 y la niña y su hermana de 9 años estaban al cuidado de Vicente Benavides Figueroa, que entonces tenía 42 años y salía con la madre de las pequeñas.
El forense estableció como causa de la muerte «traumatismo por herida por penetración anal» y, con base en ese informe, la fiscalía pidió la pena de muerte para Benavides por violación o acto de sodomía y asesinato.
Según la versión de Benavides, la nena salió del apartamento mientras él preparaba la cena.
Al darse cuenta de que no la oía, fue a buscarla y la encontró tirada cerca del aparcamiento. Estaba herida. La madre regresó de inmediato del trabajo y se fueron al hospital.
Durante el juicio, los abogados de Benavides basaron su defensa en que la niña pudo ser golpeada por la puerta o por un auto cuando estaba fuera.
Pero la acusación presentó informes médicos con todo lujo de detalles sobre las heridas internas que sufrió la bebé y mostró impactantes imágenes de sus genitales.
El jurado dictaminó la pena de muerte.
Pruebas falsas
En su lucha por demostrar su inocencia, Benavides se puso en manos del Habeas Corpus Resource Center, una organización con sede en San Francisco que asume la defensa de indigentes o personas con escasos recursos.
Esta organización logró demostrar que ciertos registros médicos clave y fotografías de la víctima nunca fueron entregados a uno de los expertos que testificaron para la acusación.
Sin ver esa información, el doctor Jess Diamond declaró durante el juicio que Consuelo Verdugo fue sodomizada.
«He estado muy preocupado por este caso», escribió Diamond en una declaración de 2012.
En dicha declaración, Diamond dijo que el autor de la autopsia, el patólogo James Dibdin, se equivocó por completo.
Para estar seguro, el médico consultó con otra doctora, Astrid Happenstall Heger, considerada la mayor experta en el campo del abuso y agresión sexual a niños.
Diamond concluyó que la nena no fue ni violada ni sodomizada y que el desgarro anal y la inflamación de la pequeña fueron causados, accidentalmente, por los procedimientos médicos para intentar salvarla.
«Estoy convencido de que este caso representa un tremendo fallo de nuestro sistema de justicia penal», opinó el doctor.
«El jurado basó su decisión de condenar y sentenciar a muerte a Benavides en una información médica fundamental que resultó ser errónea.
«No creo que Benavides recibiera un juicio justo y ofrezco esta declaración con la esperanza de que los procedimientos legales actuales corrijan esta injusticia», expuso.
Otros expertos coinciden con la visión de Diamond.
El doctor William Kennedy, experto en urología pediátrica, dijo creer «con un alto nivel de certeza médica» que Consuelo no sufrió penetración anal ni vaginal.
Y la jueza Carol Corrigan, de la Corte Suprema de California, expuso lo siguiente en la resolución de retirar la sentencia a muerte a Benavides:
«La falta de tono rectal de Consuelo, que inicialmente se atribuyó a una lesión por penetración, fue probablemente resultado de la medicación que recibió, junto con el tratamiento y las operaciones realizadas».
Por su parte, la jueza Tani Cantil-Sakauye indicó que las acusaciones de agresión sexual fueron como una bomba lanzada sobre el jurado que impidió que sus miembros consideraran otras posibles causas de muerte.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
