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FOTOS – VIDEO Nicolás Maduro ordenó el incendio y destrucción de tres camiones con comida y medicamentos
Un camión repleto de ayuda humanitaria fue incendiado este sábado en un puente en la frontera entre Colombia y Venezuela, cuando los militares venezolanos bloqueaban el paso de una caravana de cuatro furgones y lanzaban bombas lacrimógenas contra manifestantes. Otros dos camiones también fueron destruidos.
El presidente interino, Juan Guaidó, denunció el sábado la situación en sus redes sociales,pero aseguró que los voluntarios estaban trabajando en rescatar la comida y medicamentos del cargamento.
«El régimen usurpador se vale de los actos más viles e intenta quemar el camión con ayuda humanitaria que se encuentra en Ureña», escribió Guaidó en Twitter. «Nuestros valientes voluntarios están realizando una cadena para salvaguardar la comida y las medicinas», agregó.
Por su parte, la diputada nacional Gaby Arellano confirmó que uno de los camiones con destino a Venezuela fue efectivamente incendiado por el régimen de Nicolás Maduro.
Arellano, miembro de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, se encontraba en la primera línea en el paso fronterizo de la ciudad de Ureña, y denunció haber sufrido una fuerte represión, antes de que fueran atacados los camiones con ayuda.
«La gente está salvando la carga de la primera gandola (camión) y cuidando la ayuda humanitaria que (el presidente Nicolás) Maduro, el dictador, mandó a quemar«, dijo a periodistas la diputada opositora.
De acuerdo con la agencia EFE, un grupo de manifestantes, la mayoría encapuchados, destruyó este sábado al menos dos autobuses y uno fue incendiado, en medio de los disturbios por el cierre de los puentes que comunican ambas naciones ordenado por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Los manifestantes usaron piedras y palos para romper los vidrios de estos vehículos rojos, que son un signo propagandístico del chavismo gobernante en Venezuela.
Las unidades de transporte estaban dentro de una escuela a la que ingresaron varios de los encapuchados, luego de correr de allí a un centenar de chavistas que estaban pernoctando en el sitio.
Los enfrentamientos entre ciudadanos y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que iniciaron cerca de las 10:00, hora GMT, en Ureña se han mantenido al menos durante ocho horas y han dejado una veintena de lesionados, tres de ellos por perdigones.
Las fuerzas del orden han lanzado decenas de bombas lacrimógenas y han disparado perdigones contra los ciudadanos, dejando un muerto y varios heridos.
Casi todos los comercios en la localidad están cerrados así como la vía que comunica con San Antonio del Táchira, otro municipio fronterizo.
Las personas se mantienen en las calles a la espera de la ayuda humanitaria que la oposición venezolana intenta ingresar desde los puentes binacionales, como el Francisco de Paula Santander, en Ureña, una actividad liderada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que hace un mes anunció asumir las funciones de presidente encargado.
Sin embargo, el bloqueo de las comunicaciones terrestres, ordenada por el Gobierno de Maduro, se mantiene en las fronteras, no solo con Colombia sino también en los límites con Brasil y la isla de Curazao.
Guaidó ha asegurado que la ayuda proveniente de Colombia ya se encuentra en territorio venezolano pero ha sido detenida por el Gobierno de Maduro.
El gobernante chavista ha reiterado su rechazo al ingreso de las ayudas que se almacenan en las fronteras con Colombia y Brasil y ha asegurado que estos alimentos son «cancerígenos» o «podridos», sin mostrar pruebas.
Asimismo, se ha referido al cierre de las comunicaciones con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, todos territorios políticos de Países Bajos, y aseveró que se vio obligado a hacerlo porque se estaba «preparando una provocación» que busca derrocarlo.
Con información de EFE
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Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
