Internacionales
Este es el método de los cárteles de la droga que evita ser investigados por agencias de inteligencia
Al utilizar WhatsApp como su método de comunicación principal, los narcotraficantes evitan que agencias de inteligencia puedan realizar escuchas telefónicas autorizadas por un juez.
Por años esto ha sido el método principal para espiar sus movimientos, En una era en la que la privacidad de las comunicaciones se ha vuelto vulnerable, las aplicaciones se han visto obligadas a reforzar sus niveles de seguridad, lo que ha sido especialmente aprovechado por los integrantes de los cárteles y del crimen organizado en México.
Es el caso de la popular herramienta de comunicación WhatsApp y otras aplicaciones similares como Telegram, las cuales, gracias a su elevado nivel de encriptación, se han convertido en la herramienta preferida por los criminales
El periódico Milenio consultó a funcionarios del gabinete de seguridad en México quienes confirmaron que ese tipo de mensajes son prácticamente imposibles de penetrar, ya que utilizan información encriptada de un punto a otro, muy diferente a lo que ocurre con una llamada telefónica o un SMS, que pueden ser monitoreados por distintos tipos de equipos.
Detallaron que han detectado que los criminales prefieren hacer llamadas a través de la aplicación y no por medio de la telefonía celular convencional, pues de esta manera se sienten más seguros ante la posibilidad de que sus teléfonos estén intervenidos.
Al utilizar WhatsApp como su método de comunicación principal, los narcotraficantes evitan que agencias de inteligencia puedan realizar escuchas telefónicas autorizadas por un juez, el cual por años ha sido el método principal para espiar sus movimientos.
En octubre pasado, durante el fallido intento de captura a Ovidio Guzmán en Culiacán, el cártel de Sinaloa hizo uso intensivo de WhatsApp, al enviar mensajes ofreciendo 200 pesos a quien se sumara al operativo para liberarle. También mediante esta red alguien comunicó la orden de cese al fuego a los sicarios, tras negociar la liberación del capo.
Esos mensajes, que fueron filtrados por otros usuarios, en teoría no pudieron ser interceptados por el gobierno mexicano en tiempo real, dando a la organización criminal la ventaja táctica.
“En tiempos pasados, cuando tuvimos un éxito considerable en la lucha contra cárteles similares, la herramienta indispensable era la inteligencia de las comunicaciones. Sigue siendo la herramienta indispensable hoy”, explicó Barr durante un discurso que ofreció el año pasado.
Para ilustrar la problemática, el fiscal utilizó como ejemplo a un cártel mexicano, aunque no precisó cuál, y advirtió que mediante mensajes de la aplicación, ésta organización ha coordinado asesinatos y envíos de droga.
“Descubrimos que el cártel había utilizado WhatsApp con el propósito específico de coordinar los asesinatos de oficiales de policía con sede en México”, abundó al respecto en la Conferencia Internacional de Ciberseguridad, llevada a cabo el 23 de julio.
De acuerdo con lo narrado por Barr, el cártel, del que sólo detalló que recientemente comenzó a triangular grandes cantidades de fentanilo desde Asia a México y luego a los Estados Unidos -posiblemente el de Sinaloa-, terminó ordenando el asesinato de varios policías mediante chat. «Si hubiéramos podido obtener acceso legal al chat de manera oportuna, podríamos haber salvado estas vidas», lamentó.
En ese sentido, Barr sostuvo que acceder a dicha información permitiría «localizar envíos de fentanilo y confiscarlos en la frontera (…) si nuestras agencias de aplicación de la ley no recuperan la capacidad de obtener acceso legal a las comunicaciones y plataformas encriptadas, las posibilidades de enjuiciar con éxito la guerra contra las drogas por medios tradicionales de aplicación de la ley son escasas», concluyó Barr al respecto.
El término utilizado por los expertos en informática para describir el fenómeno de esconder las comunicaciones al margen de la ley, es conocido como “going dark, que podría traducirse como “obscurecerse”. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) describe el fenómeno con el siguiente escenario: “las agencias de aplicación de la ley, a todos los niveles, tienen la autoridad legal para interceptar y acceder a comunicaciones e información de conformidad con las órdenes judiciales, pero a menudo carece de la capacidad técnica para llevar a cabo esas órdenes debido a un cambio fundamental en los servicios y tecnologías de comunicaciones”.
El que cualquier usuario de estas plataformas pueda «obscurecerse» ha desatado un intenso debate en EU y otras partes del mundo, desde donde las autoridades han exigido a los gigantes de la industria como Facebook que les otorguen una forma de leer los mensajes encriptados.
Al menos seis personas resultaron muertas y otras 15 están desaparecidas luego de un ataque ucraniano con drones contra el Colegio Starobelsk, afiliado a la Universidad Pedagógica de Lugansk, afirmaron el viernes autoridades rusas, aunque Kiev afirmó que era el cuartel general de una unidad militar rusa.
Según fuentes rusas, 86 jóvenes de entre 14 y 18 años se encontraban en un dormitorio de varios pisos, que se derrumbó tras un ataque llevado a cabo durante la noche en Starobelsk, una ciudad de unos 16,000 habitantes.
«En estos momentos sabemos que seis personas han perdido la vida, que 39 han resultado heridas y 15 están desaparecidas, ya que continúa la remoción de los escombros», declaró el presidente Vladímir Putin tras un minuto de silencio retransmitido por televisión.
De acuerdo con Putin, el ataque «no fue accidental» y se desarrolló «en tres oleadas, con 16 drones dirigidos al mismo lugar».
«No había ningún objetivo de carácter militar, ni instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia o a servicios afines» en las inmediaciones, aseguró el presidente ruso, quien prometió una respuesta de su ejército.
En tanto, la cancillería rusa mencionó un «ataque deliberado contra la población civil» y denunció la asistencia de países occidentales, que «proporcionan información a las fuerzas armadas ucranianas y las ayudan a dirigir sus ataques».
El gobernador de la región de Lugansk, Leonid Pasetchnik, había difundido previamente en redes sociales fotos de edificios gravemente dañados: uno en llamas y parcialmente derrumbado, y otro con las paredes calcinadas y las ventanas destrozadas.
«Es un crimen monstruoso […] del régimen de Kiev», acotó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
De su lado, el Estado Mayor ucraniano afirmó que sus fuerzas habían bombardeado el «cuartel general» de una unidad militar rusa en la región ocupada.
Tulsi Gabbard renunció como directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, según confirmó este viernes a través de una carta dirigida al presidente Donald Trump. La salida, efectiva el 30 de junio de 2026, se produce tras el diagnóstico de cáncer de hueso de su esposo, Abraham Williams, y convierte a Gabbard en la cuarta secretaria de gabinete —todas mujeres— en abandonar la administración Trump durante su segundo mandato.
“Mi esposo ha sido diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer de hueso”, escribió Gabbard en la carta, que también publicó en X. “No puedo en buena conciencia pedirle que enfrente esta batalla solo mientras continúo en este cargo tan exigente”.
Gabbard, de 45 años, veterana de la guerra de Irak y oficial en reserva del Ejército, describió a Williams como su “roca” durante los 11 años de matrimonio. Señaló que su fortaleza la sostuvo a lo largo de despliegues militares, campañas electorales y su paso por la administración Trump. La directora notificó su decisión al presidente durante una reunión en el Despacho Oval.
Tras la renuncia, Trump elogió a Gabbard: “Tulsi ha hecho un trabajo increíble y la echaremos de menos”, dijo Trump en su red social Truth, y añadió que su adjunto, Aaron Lukas, asumiría el cargo de director interino de Inteligencia Nacional.
La salida de Gabbard se da en un momento en que Estados Unidos atraviesa un estancamiento en su guerra contra Irán, conflicto que desencadenó una crisis energética global tras el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz por parte de Teherán, la vía que conecta el Golfo Pérsico con el Mar Arábigo. Con un historial de oposición a las intervenciones militares estadounidenses en el exterior —incluidas las guerras de Irak y Afganistán—, Gabbard quedó en una posición incómoda tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.
En una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado en marzo, sus respuestas esquivaron de forma reiterada las preguntas sobre si la Casa Blanca había sido advertida de las posibles consecuencias del conflicto. Gabbard declaró por escrito que Irán no había intentado reconstruir su capacidad nuclear tras los ataques estadounidenses, afirmación que contradijo directamente a Trump. El presidente respondió: “No me importa lo que ella dijo. Creo que estaban muy cerca de tener una”.
La directora sostuvo que “no es responsabilidad de la comunidad de inteligencia determinar qué constituye o no una amenaza inminente”. Esa postura, junto con su tibia respuesta ante la decisión de atacar Irán, alimentó durante semanas la especulación sobre su permanencia en el cargo.
Según informó NBC News, Gabbard nunca logró integrarse al entorno más cercano del presidente. En momentos decisivos —cuando Trump deliberaba sobre acciones militares o seguía en tiempo real las operaciones en Irán y Venezuela— Gabbard frecuentemente no estaba en la sala. Mantuvo fricciones con su par en la CIA, John Ratcliffe, y con otros funcionarios de la administración.
En agosto, Gabbard sorprendió a la agencia al revelar el nombre de un agente encubierto de la CIA en una lista de personas a quienes retiró credenciales de seguridad, según reportó NBC News. También desclasificó un documento sobre interferencia electoral rusa con escasas redacciones, lo que generó alarma en la sede de la agencia. El portavoz de Gabbard negó que hubiera omitido consultar a la CIA en ambos casos.
Su confirmación como directora de Inteligencia Nacional había sido aprobada por 52 votos contra 48, con el senador republicano Mitch McConnell como único voto en contra de su propio partido. Casi 100 exfuncionarios de diplomacia, seguridad nacional e inteligencia —con experiencia bajo administraciones de ambos partidos— habían escrito a los líderes del Senado para expresar su preocupación por la nominación.
Joe Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista y uno de los principales asesores de Gabbard, había renunciado en marzo alegando que “no podía en buena conciencia” respaldar la guerra, y sostuvo en una carta pública que Israel indujo a Trump a creer que Irán representaba una amenaza inminente. Kent y Gabbard compartían una visión crítica de las intervenciones militares externas, forjada en sus trayectorias como veteranos.
Las otras tres salidas del gabinete incluyeron a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, removida por Trump a fines de marzo en medio de críticas por su gestión de la política migratoria y la respuesta a desastres naturales; a la fiscal general Pam Bondi, quien renunció ante el creciente malestar por el manejo del Departamento de Justicia en relación con los archivos de Jeffrey Epstein; y a la secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer, que dejó el cargo en abril tras ser objeto de diversas investigaciones por conducta indebida.
Honduras volvió a estremecerse luego de conocerse nuevos y escalofriantes detalles sobre el asesinato de cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), cuyos cuerpos fueron encontrados descuartizados y parcialmente quemados en una zona montañosa de Corinto, Omoa, departamento de Cortés.
Los agentes habían desaparecido durante un operativo antidrogas ejecutado en una zona fronteriza con Guatemala, donde presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al narcotráfico los habrían privado de libertad antes de asesinarlos con extrema violencia.
Las autoridades confirmaron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y señales de tortura, además de haber sido desmembrados y quemados posteriormente por sus atacantes.
La Secretaría de Seguridad confirmó oficialmente la identidad de los policías que murieron durante el operativo en Corinto, Omoa.
Los cinco agentes pertenecían a la Dipampco y habían salido desde Tegucigalpa para participar en una operación contra estructuras criminales dedicadas al tráfico y distribución de drogas en la zona fronteriza.
El caso ha generado una fuerte conmoción nacional debido al nivel de violencia con el que fueron asesinados los uniformados.
De acuerdo con los reportes preliminares, equipos especiales de rescate ingresaron fuertemente armados a una zona montañosa de Omoa luego de recibir información sobre el posible paradero de los agentes desaparecidos.
Las autoridades detallaron que los agentes habrían sido capturados por miembros de una organización criminal durante el operativo antidrogas y posteriormente ejecutados.
El informe preliminar indica que los cuerpos presentaban múltiples heridas de bala y signos de extrema violencia.
Las investigaciones revelaron además que los responsables desmembraron los cuerpos de los agentes, los decapitaron y posteriormente intentaron quemarlos para dificultar su identificación.
Las imágenes y detalles del crimen generaron indignación en distintos sectores del país y reavivaron el debate sobre el avance de estructuras criminales fuertemente armadas en Honduras.
Hasta el momento, las autoridades descartaron bajas civiles relacionadas con el operativo. Sin embargo, se presume que varios miembros de la estructura criminal lograron escapar hacia Guatemala tras el ataque.
Por esa razón, Honduras ya coordinó acciones con autoridades guatemaltecas para intentar ubicar a los sospechosos que cruzaron la frontera.
Las autoridades consideran que existieron fallas operativas que terminaron exponiendo a los agentes asesinados durante el operativo antidrogas.
Mientras tanto, más de 500 policías y 200 militares permanecen desplegados en la zona realizando operaciones de búsqueda, rastreo y aseguramiento del sector.
La ola de violencia ha provocado preocupación nacional e internacional por el deterioro de la seguridad en distintas regiones del país.
