Internacionales
Este es el método de los cárteles de la droga que evita ser investigados por agencias de inteligencia
Al utilizar WhatsApp como su método de comunicación principal, los narcotraficantes evitan que agencias de inteligencia puedan realizar escuchas telefónicas autorizadas por un juez.
Por años esto ha sido el método principal para espiar sus movimientos, En una era en la que la privacidad de las comunicaciones se ha vuelto vulnerable, las aplicaciones se han visto obligadas a reforzar sus niveles de seguridad, lo que ha sido especialmente aprovechado por los integrantes de los cárteles y del crimen organizado en México.
Es el caso de la popular herramienta de comunicación WhatsApp y otras aplicaciones similares como Telegram, las cuales, gracias a su elevado nivel de encriptación, se han convertido en la herramienta preferida por los criminales
El periódico Milenio consultó a funcionarios del gabinete de seguridad en México quienes confirmaron que ese tipo de mensajes son prácticamente imposibles de penetrar, ya que utilizan información encriptada de un punto a otro, muy diferente a lo que ocurre con una llamada telefónica o un SMS, que pueden ser monitoreados por distintos tipos de equipos.
Detallaron que han detectado que los criminales prefieren hacer llamadas a través de la aplicación y no por medio de la telefonía celular convencional, pues de esta manera se sienten más seguros ante la posibilidad de que sus teléfonos estén intervenidos.
Al utilizar WhatsApp como su método de comunicación principal, los narcotraficantes evitan que agencias de inteligencia puedan realizar escuchas telefónicas autorizadas por un juez, el cual por años ha sido el método principal para espiar sus movimientos.
En octubre pasado, durante el fallido intento de captura a Ovidio Guzmán en Culiacán, el cártel de Sinaloa hizo uso intensivo de WhatsApp, al enviar mensajes ofreciendo 200 pesos a quien se sumara al operativo para liberarle. También mediante esta red alguien comunicó la orden de cese al fuego a los sicarios, tras negociar la liberación del capo.
Esos mensajes, que fueron filtrados por otros usuarios, en teoría no pudieron ser interceptados por el gobierno mexicano en tiempo real, dando a la organización criminal la ventaja táctica.
“En tiempos pasados, cuando tuvimos un éxito considerable en la lucha contra cárteles similares, la herramienta indispensable era la inteligencia de las comunicaciones. Sigue siendo la herramienta indispensable hoy”, explicó Barr durante un discurso que ofreció el año pasado.
Para ilustrar la problemática, el fiscal utilizó como ejemplo a un cártel mexicano, aunque no precisó cuál, y advirtió que mediante mensajes de la aplicación, ésta organización ha coordinado asesinatos y envíos de droga.
“Descubrimos que el cártel había utilizado WhatsApp con el propósito específico de coordinar los asesinatos de oficiales de policía con sede en México”, abundó al respecto en la Conferencia Internacional de Ciberseguridad, llevada a cabo el 23 de julio.
De acuerdo con lo narrado por Barr, el cártel, del que sólo detalló que recientemente comenzó a triangular grandes cantidades de fentanilo desde Asia a México y luego a los Estados Unidos -posiblemente el de Sinaloa-, terminó ordenando el asesinato de varios policías mediante chat. «Si hubiéramos podido obtener acceso legal al chat de manera oportuna, podríamos haber salvado estas vidas», lamentó.
En ese sentido, Barr sostuvo que acceder a dicha información permitiría «localizar envíos de fentanilo y confiscarlos en la frontera (…) si nuestras agencias de aplicación de la ley no recuperan la capacidad de obtener acceso legal a las comunicaciones y plataformas encriptadas, las posibilidades de enjuiciar con éxito la guerra contra las drogas por medios tradicionales de aplicación de la ley son escasas», concluyó Barr al respecto.
El término utilizado por los expertos en informática para describir el fenómeno de esconder las comunicaciones al margen de la ley, es conocido como “going dark, que podría traducirse como “obscurecerse”. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) describe el fenómeno con el siguiente escenario: “las agencias de aplicación de la ley, a todos los niveles, tienen la autoridad legal para interceptar y acceder a comunicaciones e información de conformidad con las órdenes judiciales, pero a menudo carece de la capacidad técnica para llevar a cabo esas órdenes debido a un cambio fundamental en los servicios y tecnologías de comunicaciones”.
El que cualquier usuario de estas plataformas pueda «obscurecerse» ha desatado un intenso debate en EU y otras partes del mundo, desde donde las autoridades han exigido a los gigantes de la industria como Facebook que les otorguen una forma de leer los mensajes encriptados.
Internacionales
Ataque armado deja seis muertos y un herido en Guatemala; investigan disputa por venta de drogas
Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años, murieron y una resultó herida durante un ataque armado registrado en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, informó este domingo la Policía Nacional Civil.
El hecho ocurrió la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en la aldea urbana Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales, donde desconocidos ingresaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con el reporte policial, las víctimas estaban «conviviendo» durante la celebración de un cumpleaños cuando los atacantes realizaron los disparos, en el momento en que se quemaban fuegos artificiales en la calle.
Un vocero de la Policía indicó a AFP que, según las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con una disputa de «territorio» entre grupos dedicados al «narcomenudeo» en el sector.
Las autoridades atribuyen casi la mitad de la violencia registrada en Guatemala al narcotráfico y a pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16.1 por cada 100,000 habitantes, una cifra que supera en más del doble el promedio mundial.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar «apropiarse del país» mediante lo que calificó como una «política genocida», en referencia a las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
Desde enero, el gobierno estadounidense aplica una política de máxima presión sobre la isla. Al embargo económico vigente desde 1962 se han sumado un bloqueo petrolero y nuevas sanciones dirigidas contra empresas y dirigentes cubanos.
Según el mandatario cubano, estas medidas han provocado una fuerte caída del turismo y de la entrada de divisas, además de la salida de numerosas empresas extranjeras del país. Las sanciones más recientes, anunciadas el jueves, están dirigidas contra el programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.
«Cuba lidera hoy una batalla histórica (…) contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país», expresó Díaz-Canel durante un acto por el Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la ciudad de Pinar del Río, ubicada a unos 190 kilómetros de La Habana.
El jefe de Estado participó en la conmemoración del 73.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, realizado en 1953 por Fidel Castro (1926-2016) en el este de la isla y considerado el inicio de la Revolución Cubana.
Durante su discurso, Díaz-Canel afirmó que «el bloqueo es un arma de guerra y provoca muertes» y sostuvo que Washington busca generar en Cuba, al igual que en otros países, un «estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales».
Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una crisis energética que mantiene cortes de electricidad de más de 30 horas en La Habana y de varios días consecutivos en otras provincias. Además, durante julio se registraron tres apagones generales que afectaron a los 9.4 millones de habitantes del país.
En la capital cubana también se han registrado manifestaciones de forma regular, especialmente durante la noche. Los ciudadanos golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento por la escasez de alimentos y los constantes cortes de energía eléctrica y agua.
Ante este escenario, Díaz-Canel hizo un llamado a la «unidad» e instó a implementar con «prioridad estratégica» un paquete de 176 medidas de libre mercado aprobadas en junio por el Parlamento.
Por su parte, Trump sostiene que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y en varias ocasiones ha amenazado con «tomar el control» del país.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.
Hernández arribó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, ubicado a 60 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. En la pista fue recibido por su familia, mientras que cientos de simpatizantes lo esperaban fuera de la terminal aérea.
El exmandatario obtuvo el perdón antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que su copartidario conservador Nasry Asfura resultó electo por un estrecho margen, luego de que Trump advirtiera que suspendería la ayuda a Honduras si este no era elegido.
«Estaremos siempre muy agradecidos con la decisión valiente del presidente Trump», declaró a AFP Ana García, esposa del expresidente. García sostuvo que Hernández ha sido víctima de una «persecución» y se arrodilló en la pista para orar tras su llegada.
Aunque recuperó la libertad, Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, deberá enfrentar ahora a la justicia hondureña. Está acusado de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.
Un juez suspendió la orden de captura en su contra bajo el compromiso de que se presentará voluntariamente ante las autoridades, decisión que permitió a su familia y seguidores organizar una caravana de bienvenida y actos religiosos.
«Estamos muy contentos» de recibirlo, expresó a AFP la simpatizante Eva Amador, de 56 años, quien portaba una pancarta de agradecimiento dirigida a Trump.
El exmandatario, de 57 años, comparecerá el próximo 3 de agosto ante una corte por acusaciones de fraude y lavado de activos, cargos de los que se declara «inocente».
Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el retorno de Hernández representa «una prueba para la independencia» del sistema judicial hondureño y «reabre el debate sobre la impunidad» tras las críticas generadas por el indulto concedido por Trump.
Condena por narcotráfico e indulto
En junio de 2024, un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de prisión, dos años después de que fuera extraditado desde Honduras.
La justicia estadounidense lo declaró culpable de colaborar en el ingreso de cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, en alianza con narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple cadena perpetua en ese país.
La fiscalía lo acusó de convertir a Honduras en un «narco-Estado» y en una «superautopista» para el tráfico de drogas. Durante el juicio, un testigo colaborador afirmó que Hernández habría dicho: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta».
La sentencia fue anulada en abril pasado tras el indulto otorgado por Trump, quien sostiene que Hernández fue víctima de un «montaje» impulsado durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).
Hace tres meses, el medio digital Diario Red, fundado por el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, difundió audios que supuestamente revelan que el indulto formaba parte de un plan de varios gobiernos para convertir a Hernández en un operador contra la izquierda en la región.
Según esas publicaciones, denominadas «Hondurasgate», Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina habrían participado en la supuesta trama. Hernández calificó esas versiones de falsas y afirmó: «Claramente no es mi voz». Por su parte, Nasry Asfura, señalado de haberle ofrecido dinero, no se pronunció.
Bienes decomisados y legado político
Tras su captura en 2022, a Hernández le fueron decomisados 131 bienes, entre ellos 32 inmuebles, incluyendo casas, terrenos y fincas. De acuerdo con Ana García, esas propiedades fueron heredadas por el exmandatario y deben ser devueltas.
Durante su administración, Hernández promovió las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados en 2013 con el objetivo de atraer inversiones.
Las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales en 2024 por ser consideradas un «Estado dentro del Estado», aunque algunas, como Próspera, continúan operando.
El expresidente también logró un segundo mandato en 2017, pese a que la Constitución hondureña prohibía la reelección. Una interpretación de la Corte Suprema permitió su candidatura y, tras imponerse en unos comicios cuestionados por denuncias de fraude, decretó un toque de queda durante las protestas, las cuales dejaron una treintena de fallecidos.
