Internacionales
Este es el método de los cárteles de la droga que evita ser investigados por agencias de inteligencia
Al utilizar WhatsApp como su método de comunicación principal, los narcotraficantes evitan que agencias de inteligencia puedan realizar escuchas telefónicas autorizadas por un juez.
Por años esto ha sido el método principal para espiar sus movimientos, En una era en la que la privacidad de las comunicaciones se ha vuelto vulnerable, las aplicaciones se han visto obligadas a reforzar sus niveles de seguridad, lo que ha sido especialmente aprovechado por los integrantes de los cárteles y del crimen organizado en México.
Es el caso de la popular herramienta de comunicación WhatsApp y otras aplicaciones similares como Telegram, las cuales, gracias a su elevado nivel de encriptación, se han convertido en la herramienta preferida por los criminales
El periódico Milenio consultó a funcionarios del gabinete de seguridad en México quienes confirmaron que ese tipo de mensajes son prácticamente imposibles de penetrar, ya que utilizan información encriptada de un punto a otro, muy diferente a lo que ocurre con una llamada telefónica o un SMS, que pueden ser monitoreados por distintos tipos de equipos.
Detallaron que han detectado que los criminales prefieren hacer llamadas a través de la aplicación y no por medio de la telefonía celular convencional, pues de esta manera se sienten más seguros ante la posibilidad de que sus teléfonos estén intervenidos.
Al utilizar WhatsApp como su método de comunicación principal, los narcotraficantes evitan que agencias de inteligencia puedan realizar escuchas telefónicas autorizadas por un juez, el cual por años ha sido el método principal para espiar sus movimientos.
En octubre pasado, durante el fallido intento de captura a Ovidio Guzmán en Culiacán, el cártel de Sinaloa hizo uso intensivo de WhatsApp, al enviar mensajes ofreciendo 200 pesos a quien se sumara al operativo para liberarle. También mediante esta red alguien comunicó la orden de cese al fuego a los sicarios, tras negociar la liberación del capo.
Esos mensajes, que fueron filtrados por otros usuarios, en teoría no pudieron ser interceptados por el gobierno mexicano en tiempo real, dando a la organización criminal la ventaja táctica.
“En tiempos pasados, cuando tuvimos un éxito considerable en la lucha contra cárteles similares, la herramienta indispensable era la inteligencia de las comunicaciones. Sigue siendo la herramienta indispensable hoy”, explicó Barr durante un discurso que ofreció el año pasado.
Para ilustrar la problemática, el fiscal utilizó como ejemplo a un cártel mexicano, aunque no precisó cuál, y advirtió que mediante mensajes de la aplicación, ésta organización ha coordinado asesinatos y envíos de droga.
“Descubrimos que el cártel había utilizado WhatsApp con el propósito específico de coordinar los asesinatos de oficiales de policía con sede en México”, abundó al respecto en la Conferencia Internacional de Ciberseguridad, llevada a cabo el 23 de julio.
De acuerdo con lo narrado por Barr, el cártel, del que sólo detalló que recientemente comenzó a triangular grandes cantidades de fentanilo desde Asia a México y luego a los Estados Unidos -posiblemente el de Sinaloa-, terminó ordenando el asesinato de varios policías mediante chat. «Si hubiéramos podido obtener acceso legal al chat de manera oportuna, podríamos haber salvado estas vidas», lamentó.
En ese sentido, Barr sostuvo que acceder a dicha información permitiría «localizar envíos de fentanilo y confiscarlos en la frontera (…) si nuestras agencias de aplicación de la ley no recuperan la capacidad de obtener acceso legal a las comunicaciones y plataformas encriptadas, las posibilidades de enjuiciar con éxito la guerra contra las drogas por medios tradicionales de aplicación de la ley son escasas», concluyó Barr al respecto.
El término utilizado por los expertos en informática para describir el fenómeno de esconder las comunicaciones al margen de la ley, es conocido como “going dark, que podría traducirse como “obscurecerse”. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) describe el fenómeno con el siguiente escenario: “las agencias de aplicación de la ley, a todos los niveles, tienen la autoridad legal para interceptar y acceder a comunicaciones e información de conformidad con las órdenes judiciales, pero a menudo carece de la capacidad técnica para llevar a cabo esas órdenes debido a un cambio fundamental en los servicios y tecnologías de comunicaciones”.
El que cualquier usuario de estas plataformas pueda «obscurecerse» ha desatado un intenso debate en EU y otras partes del mundo, desde donde las autoridades han exigido a los gigantes de la industria como Facebook que les otorguen una forma de leer los mensajes encriptados.
La depresión tropical Cristina continúa generando lluvias, vientos intensos y fuerte oleaje en varios países de Centroamérica, provocando inundaciones, derrumbes, afectaciones en viviendas, daños en infraestructura vial y diversas emergencias atendidas por organismos de protección civil.
En Guatemala, las lluvias asociadas al sistema provocaron inundaciones en viviendas de las comunidades María Linda, en Iztapa, Escuintla, y El Manantial, en San José, Escuintla. Personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres evaluó los daños y las necesidades de las familias afectadas. De acuerdo con datos oficiales, la temporada lluviosa de 2026 ha generado más de 280 emergencias en el país, entre ellas inundaciones, caída de árboles, fuertes vientos, deslizamientos, derrumbes, socavamientos y hundimientos.
Las autoridades guatemaltecas mantienen habilitados albergues temporales en Alta Verapaz y Santa Rosa para atender a las personas afectadas por las condiciones climáticas.
En Nicaragua, las precipitaciones continúan afectando principalmente a los departamentos de León y Chinandega. Comunidades costeras como Poneloya y Las Peñitas reportan inundaciones que han impactado viviendas, restaurantes, pequeños negocios y emprendimientos turísticos. Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia sobre infraestructura vulnerable, incluido el puente La Máquina, en la comunidad La Gallina, donde se reportaron deslizamientos de tierra.
En el departamento de Chinandega, sectores turísticos como Paso Caballos y Jiquilillo registran calles anegadas, restricciones al tránsito vehicular y afectaciones económicas para comerciantes y emprendedores locales. Aunque Cristina se degradó a depresión tropical, organismos meteorológicos de la región advierten que sus remanentes continúan favoreciendo el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, manteniendo condiciones propicias para lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.
Por su parte, en Honduras, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales reportó un derrumbe en la carretera que conduce al sur de Lempira, específicamente en la comunidad El Carrizal, municipio de Erandique, a la altura del sector conocido como La Clínica. Las autoridades recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución debido a las condiciones del terreno.
Además, organismos de emergencia rescataron a una familia cuyo vehículo fue arrastrado por la corriente del río Juticalpa, en el departamento de Olancho. El incidente ocurrió cuando varias personas intentaron cruzar el afluente pese al aumento de su caudal provocado por las lluvias.
Las autoridades hondureñas mantienen alerta amarilla para la línea costera del golfo de Fonseca y para el municipio de Alianza, en Valle, debido al riesgo de oleaje elevado y al posible incremento del nivel del río Goascorán. También permanecen vigentes alertas verdes en varios departamentos ante la persistencia de las precipitaciones.
Las instituciones de protección civil de Honduras, Guatemala y Nicaragua reiteraron el llamado a la población para evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas mientras continúen las condiciones adversas.
Un tribunal de la ciudad de Soissons, en el norte de Francia, condenó a Christophe Ellul, de 51 años, a cuatro años de prisión con suspensión de pena y ordenó el sacrificio de Curtis, un perro de raza american pitbull terrier.
La decisión judicial fue emitida pese a las peticiones de activistas defensores de los animales que solicitaron el indulto del can. Una de las iniciativas reunió más de 80,000 firmas y proponía que el animal fuera trasladado a un refugio.
El caso se remonta a noviembre de 2019, cuando Ellul encontró el cuerpo sin vida de su pareja, Elisa Pilarski, en un bosque situado en las afueras de la ciudad. Según la investigación, la mujer, de 29 años y embarazada de seis meses, presentaba alrededor de 50 mordeduras en su cuerpo mientras paseaba al perro.
De acuerdo con las autoridades, antes de fallecer, Pilarski llamó a Ellul para pedir ayuda mientras él se encontraba trabajando en un aeropuerto ubicado a unos 50 kilómetros de distancia.
Durante la investigación, Ellul sostuvo que su mascota no era agresiva y que los responsables del ataque podrían haber sido perros de caza presentes en la zona. Sin embargo, las pruebas de ADN determinaron que las mordeduras correspondían a Curtis.
El perro, que actualmente tiene ocho años y medio, ha permanecido en una perrera durante más de seis años desde que ocurrió el incidente. Las autoridades también señalaron que en Francia está prohibida la importación de pitbulls, considerados una raza peligrosa, y que el animal había sido llevado al país desde los Países Bajos.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que un sistema de videovigilancia instalado en la Zona 18 de la capital era controlado por pandilleros recluidos en centros penitenciarios.
Ante esto, el director de la PNC guatemalteca, David Boteo, confirmó y especificó que las cámaras ubicadas en la vía pública y en algunas viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala eran monitoreadas por integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 desde prisión.
Según detalló el jefe policial, hasta el momento han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado durante distintos operativos. De acuerdo con las autoridades, los pandilleros utilizaban estos dispositivos para detectar la presencia de personas desconocidas o agentes policiales en diferentes sectores de la Zona 18, lo que les permitía anticiparse a posibles capturas. Además, indicó que los delincuentes contaban con puertas de fabricación gruesa para dificultar los procedimientos policiales y facilitar el desecho de droga en desagües.
Boteo explicó que el monitoreo de las cámaras se realizaba mediante aplicaciones instaladas en teléfonos inteligentes. Señaló que durante requisas en centros penitenciarios se han encontrado celulares con aplicaciones destinadas a controlar los sistemas de videovigilancia. Asimismo, indicó que no se descarta que las cámaras hayan sido adquiridas en establecimientos especializados en tecnología.
De acuerdo con las investigaciones, estas acciones tenían como objetivo mantener el control sobre determinadas colonias y barrios de la Zona 18. El director de la PNC añadió que las autoridades evalúan desarrollar operativos similares en otras zonas donde se han reportado casos de extorsión y narcomenudeo vinculados a pandillas.
La Policía de Guatemala informa periódicamente sobre este tipo de procedimientos a través de sus redes sociales como parte del Plan Centinela.
