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Internacionales

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández es culpable de tráfico de drogas en EE. UU.

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El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández fue declarado culpable este viernes de narcotráfico y tráfico de armas por un jurado de un tribunal federal de Nueva York, al término de un juicio histórico que puede llevarle a pasar el resto de su vida en la cárcel.

En su segundo día de deliberaciones, el jurado de 12 personas anunció su veredicto unánime poco antes de las 13H30 locales: culpable de los tres cargos de los que le acusaba la fiscalía.

«Soy inocente, díganselo al mundo, los amo», dijo Hernández al abandonar la corte dirigiéndose a sus familiares, entre ellas dos cuñadas, y los tres generales que vinieron a testificar a su favor en este juicio.

Flanqueado por sus abogados, momentos antes de que el juez Kevin Castel convocase a las partes para escuchar el fallo, Hernández, de 55 años, parecía rezar.

Después, siguió el veredicto moviendo la cabeza con incredulidad a medida que el jurado portavoz respondía a cada una de las preguntas que formuló el juez para establecer su culpabilidad.

La fiscalía, que sostiene que el expresidente creó un narcoestado durante su presidencia (2014-2022), lo acusaba de conspirar para traficar drogas a Estados Unidos, así como conspirar para traficar armas y posesión y que son pasibles de cadena perpetua.

La condena, en semanas o meses

El juez todavía debe anunciar la condena del expresidente en las próximas semanas o meses.

Según la fiscalía estadounidense, Hernández participó y protegió entre 2004 y 2022 -cuando era diputado, presidente del Congreso y luego presidente de la República- a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

A cambio, habría recibido millones de dólares de los cárteles, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín «Chapo» Guzmán –condenado a cadena perpetua en Estados Unidos– y de crear un «narcoestado» durante su presidencia (2014-2022).

Honduras era una «super autopista» por donde pasaba buena parte de la droga procedente de Colombia con destino a Estados Unidos, recordó la fiscalía durante el juicio.

Extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, tres meses después de ceder el testigo de la presidencia a su sucesora la izquierdista Xiomara Castro, el condenado es el autor de la famosa frase «Le vamos a meter la droga en sus narices (a los estadounidenses) y no se van a dar ni cuenta», según un testigo.

Al ser preguntado por la AFP, el abogado defensor Renato Stabile con los ojos empañados, que «obviamente el fallo es duro, pero mentalmente es muy fuerte».

Doble discurso

Este fiel colaborador del gobierno del republicano Donald Trump (2017-2021) llegó a jactarse de los elogios de Washington por la labor de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

El fiscal Jacob H. Gutwillig recordó al jurado que en público el acusado promovía leyes contra el narcotráfico y las extradiciones de narcos a Estados Unidos, se reunía con funcionarios y autoridades estadounidenses, pero «nada de esto deshace lo que el acusado hizo por detrás de las puertas».

 

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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