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EE.UU. acusa al presidente de Honduras de recibir dinero de “El Chapo” Guzmán
El Departamento de Justicia aseguró este miércoles que tiene evidencia de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández y su hermano el exdiputado Juan Antonio Hernández, recibieron dinero del narcotraficante Joaquín «El Chapo», Guzmán.
La Fiscalía aseguró que presentará en el juicio, que comenzó este miércoles en Nueva York, pruebas que demuestran que el exdiputado recibió de “EL Chapo”, entonces líder del cartel de Sinaloa, $1 millón de dólares para ser entregados al presidente de Honduras.
El juicio se inició en la corte federal para el distrito sur de Nueva York tras la selección del jurado, formado por nueve mujeres y tres hombres, más seis alternos, que permanecerán en el anonimato por cuestiones de seguridad.
El fiscal Jason Richman no precisó en qué recibió el dinero de “El Chapo” ni si fue usado en la campaña electoral de Hernández, durante la presentación del caso en el inicio del juicio.
Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, preso en Nueva York desde finales del 2018 tras ser arrestado ese año en Miami, está acusado de cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego para defender sus cargamentos y de mentir a las autoridades, de los que se ha declarado no culpable.
Hernández llegó este miércoles por primera vez a la sala del juez Kevin Castell sin el uniforme de prisionero que había usado durante las audiciones previas al juicio y siguió el proceso a través de un intérprete.
En esta ocasión, vistió un traje de chaqueta azul, acompañado de una corbata del mismo color y una camisa blanca.
Con semblante relajado, incluso sonrió en un momento en que el juez le pidió que se pusiera de pie para que le vieran los candidatos a jurado, con la intención de saber si alguno le conocía.
No es la primera vez que el gobierno de EE.UU. vincula el nombre del presidente Hernández en el caso por el narcotráfico contra su hermano a quien, según las autoridades, protegía, pero no ha presentado cargos en su contra.
Según el fiscal, esa protección que recibía hizo que el acusado se sintiera “intocable” y “seguro” en sus actividades de narcotráfico.
El mandatario he negado haber recibido dinero del narcotraficante y ha asegurado que el hecho de que le hayan implicado es un acto de venganza en su contra por haber dado el visto bueno a Estados Unidos el visto bueno para que haga extradiciones.
Según el Gobierno estadounidense, el acusado distribuyó masivas cantidades de cocaína que llegaron a este país durante años, se enriqueció como resultado de esa actividad y con ese dinero financió campañas políticas de su Partido Nacional.
El fiscal aseguró además este miércoles que la red de narcotráfico a la que pertenecía Tony Hernández, de 41 años, fue protegida por funcionarios corruptos del gobierno hondureño entre los que mencionó a alcaldes, legisladores, miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
Richmon indicó además que la evidencia demostrará que “Honduras es un lugar propicio” para el narcotráfico, que escucharán a narcotraficantes involucrados con Hernández, además de ver fotos y video para sostener las acusaciones.
El abogado de defensa Omar Malone aseguró por su parte que la fiscalía no tiene evidencia en contra de su cliente, y que Hernández tiene licencia para armas, por lo que la acusación de posesión de armas quedaría invalidada.
Sostuvo además que las acusaciones en su contra de su cliente son la venganza de los narcotraficantes que cooperan con el Gobierno por haber consentido el presidente a la extradición a EE.UU de varios capos.
Al concluir el primer día de juicio, un grupo de hondureños protestó fuera de la corte federal exigiendo que se haga justicia para su pueblo.
“Si es culpable que le caiga todo el peso de la ley y si el presidente está involucrado, que renuncie inmediatamente y sea traído ante la justicia de EE.UU”, dijo uno de los manifestantes que prefirió ser identificado sólo como José por temor a represalias.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
