Internacionales
EE.UU. acusa al presidente de Honduras de recibir dinero de “El Chapo” Guzmán
El Departamento de Justicia aseguró este miércoles que tiene evidencia de que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández y su hermano el exdiputado Juan Antonio Hernández, recibieron dinero del narcotraficante Joaquín «El Chapo», Guzmán.
La Fiscalía aseguró que presentará en el juicio, que comenzó este miércoles en Nueva York, pruebas que demuestran que el exdiputado recibió de “EL Chapo”, entonces líder del cartel de Sinaloa, $1 millón de dólares para ser entregados al presidente de Honduras.
El juicio se inició en la corte federal para el distrito sur de Nueva York tras la selección del jurado, formado por nueve mujeres y tres hombres, más seis alternos, que permanecerán en el anonimato por cuestiones de seguridad.
El fiscal Jason Richman no precisó en qué recibió el dinero de “El Chapo” ni si fue usado en la campaña electoral de Hernández, durante la presentación del caso en el inicio del juicio.
Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, preso en Nueva York desde finales del 2018 tras ser arrestado ese año en Miami, está acusado de cuatro delitos de narcotráfico, posesión de armas de fuego para defender sus cargamentos y de mentir a las autoridades, de los que se ha declarado no culpable.
Hernández llegó este miércoles por primera vez a la sala del juez Kevin Castell sin el uniforme de prisionero que había usado durante las audiciones previas al juicio y siguió el proceso a través de un intérprete.
En esta ocasión, vistió un traje de chaqueta azul, acompañado de una corbata del mismo color y una camisa blanca.
Con semblante relajado, incluso sonrió en un momento en que el juez le pidió que se pusiera de pie para que le vieran los candidatos a jurado, con la intención de saber si alguno le conocía.
No es la primera vez que el gobierno de EE.UU. vincula el nombre del presidente Hernández en el caso por el narcotráfico contra su hermano a quien, según las autoridades, protegía, pero no ha presentado cargos en su contra.
Según el fiscal, esa protección que recibía hizo que el acusado se sintiera “intocable” y “seguro” en sus actividades de narcotráfico.
El mandatario he negado haber recibido dinero del narcotraficante y ha asegurado que el hecho de que le hayan implicado es un acto de venganza en su contra por haber dado el visto bueno a Estados Unidos el visto bueno para que haga extradiciones.
Según el Gobierno estadounidense, el acusado distribuyó masivas cantidades de cocaína que llegaron a este país durante años, se enriqueció como resultado de esa actividad y con ese dinero financió campañas políticas de su Partido Nacional.
El fiscal aseguró además este miércoles que la red de narcotráfico a la que pertenecía Tony Hernández, de 41 años, fue protegida por funcionarios corruptos del gobierno hondureño entre los que mencionó a alcaldes, legisladores, miembros de las fuerzas armadas y de la policía.
Richmon indicó además que la evidencia demostrará que “Honduras es un lugar propicio” para el narcotráfico, que escucharán a narcotraficantes involucrados con Hernández, además de ver fotos y video para sostener las acusaciones.
El abogado de defensa Omar Malone aseguró por su parte que la fiscalía no tiene evidencia en contra de su cliente, y que Hernández tiene licencia para armas, por lo que la acusación de posesión de armas quedaría invalidada.
Sostuvo además que las acusaciones en su contra de su cliente son la venganza de los narcotraficantes que cooperan con el Gobierno por haber consentido el presidente a la extradición a EE.UU de varios capos.
Al concluir el primer día de juicio, un grupo de hondureños protestó fuera de la corte federal exigiendo que se haga justicia para su pueblo.
“Si es culpable que le caiga todo el peso de la ley y si el presidente está involucrado, que renuncie inmediatamente y sea traído ante la justicia de EE.UU”, dijo uno de los manifestantes que prefirió ser identificado sólo como José por temor a represalias.
En un impactante suceso en Riohacha, La Guajira, Colombia, un hombre llamado Ángel Alfonso Leyva Flórez agredió brutalmente a una perrita, identificada como ‘Yuli’, golpeándola con un bate y ocasionándole ceguera por el fuerte impacto en su cabeza.
Tras el ataque, Leyva Flórez arrastró a la perrita hacia un matorral junto a sus cuatro cachorros. Las heridas sufridas por ‘Yuli’ resultaron en graves lesiones oculares que llevaron a la pérdida de su visión.
La Fiscalía General de la Nación informó que el agresor fue condenado a 9 meses de prisión por el atroz acto de violencia.
Ecuador identificó al menos 2.000 hectáreas de plantaciones de hoja de coca, cuando el país libra una batalla contra el narcotráfico y la violencia de bandas criminales, dijo este lunes el presidente Daniel Noboa.
«Según informes satelitales obtenidos con asistencia internacional, existen 2.000 hectáreas de plantaciones de coca en suelo ecuatoriano», señaló el mandatario en un corto video difundido en redes sociales.
Advirtió que desde el viernes pasado «las fuerzas armadas ya empezaron operaciones» en las plantaciones ilícitas.
Noboa agregó que también identificaron «zonas de minería ilegal en la frontera con altas contaminaciones de mercurio». El gobernante no precisó si se trataba del borde norte que limita con Colombia o del sur que colinda con Perú.
Ubicado entre Colombia y Perú -los mayores productores de cocaína en el mundo- Ecuador se ha convertido en un sitio estratégico para el acopio y transporte de droga.
Provincias costeras como Esmeraldas, Manabí y Guayas son consideradas puntos de salida de toneladas de cocaína que van hacia Estados Unidos y Europa. Sin embargo, la violencia se extiende por toda la nación donde viven unos 17 millones de personas.
En los últimos años, las bandas ecuatorianas con nexos con la mafia albanesa y carteles de México y Colombia se disputan a muerte el mercado de la droga. Ello ha disparado la tasa de homicidios, que pasó entre 2018 y 2023 de 6 al récord de 47 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
El más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) señala que «el auge prolongado de la oferta y demanda de la cocaína ha coincidido con la escalada de violencia en los estados ubicados a lo largo de la cadena de suministro, principalmente en Ecuador y los países del Caribe».
En 2022, se produjo una nueva cifra récord de 2.757 toneladas de cocaína en el mundo, mientras que el cultivo de arbusto de coca alcanzó las 355.000 hectáreas, según la UNDOC. Colombia registró el récord de 230.000 hectáreas de cultivos de coca ese año.
Un informe policial, realizado con el apoyo del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado y que analiza el narcotráfico en Ecuador entre 2019 y 2022, apunta que entre esos años la fuerza pública erradicó 546.184 plantas de coca.
El documento agrega que a lo largo del río San Miguel, en la amazónica provincia de Sucumbíos, «son evidentes las marcas de intervención en el terreno, principalmente en la selva donde se visualizan plantaciones de cultivos de coca».
En 2011 había menos de 25 hectáreas de plantaciones de hoja de coca, según autoridades.
El pasado 30 de septiembre de 2024, la tragedia sacudió a Brasil, tras el fallecimiento de dos menores, Ythallo Raphael Tobias Rosa, de 6 años, y Benjamín Rodrigues Ribeiro, de 7; quienes consumieron dulces ofrecidos por una mujer desconocida a las afueras de su colegio.
Los niños comenzaron a presentar signos de intoxicación poco después de ingerir los dulces. Ythallo fue rápidamente trasladado al hospital Del Castilho; donde, lamentablemente, falleció ese mismo día.
Su amigo Benjamín también fue ingresado por los mismos síntomas; pero su estado se agravó, y murió diez días después en el mismo centro médico.
Las investigaciones revelaron que los dulces estaban contaminados con perdigones de plomo y otras sustancias tóxicas. Un análisis toxicológico confirmó la presencia de terbufós y sus derivados; un químico altamente peligroso utilizado en pesticidas.
Justicia y dolor en Brasil
Las autoridades sanitarias, han calificado el incidente como un envenenamiento intencional; y el caso ha sido asignado a la Comisaría de Homicidios de la Capital para dar con el paradero de la responsable.
La noticia ha conmocionado a la comunidad escolar y ha dejado a las familias devastadas. Los padres de los menores exigen respuestas y justicia por la pérdida de sus hijos.
La alcaldía de Río de Janeiro, ha prometido total colaboración en la investigación; y ha instado a la ciudadanía a mantenerse alerta ante situaciones similares.
