Internacionales
Diez muertos y dos heridos en un incendio en una residencia de ancianos en España
El fuego se desató en la madrugada del viernes en un asilo ubicado en la localidad de Villafranca de Ebro, cerca de la capital de la región, Zaragoza, indicaron esos servicios en la red social X, sin más detalles.
El suceso dejó «10 personas fallecidas y dos en estado crítico», detalló a la televisión pública TVE el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Hasta la pequeña localidad, de 840 habitantes, llegaron bomberos que pudieron extinguir el fuego en la residencia Jardines de Villafranca, un edificio de una sola planta de ladrillos rodeado de jardines.
El establecimiento, que se fundó en 2008 para albergar a personas mayores pero que también recibe a personas con problemas mentales de cualquier edad, tenía «82 residentes», según señaló Torres.
Puerta de seguridad
La alcaldesa de Villafranca de Ebro, Volga Ramírez Gamiz, dijo a periodistas que el fuego se concentró en una sola habitación, pero el humo se dispersó rápidamente por la residencia.
«Ha sido en una habitación, con la suerte que esa habitación tiene una puerta de seguridad», pero «ha salido el humo», señaló, Ramírez Gamiz, quien precisó que la residencia contaba con dos trabajadores en el momento del incendio.
«Había una puerta cortafuegos que ha funcionado, la mitad del edificio ha quedado a salvo del incendio», subrayó el jefe de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, Eduardo Sánchez.
En el edificio se alojaba «gente de todo tipo (…) Gente muy joven, porque hay gente hasta de 25 años. O sea, que no estamos hablando de gente solo mayor. Hay gente joven con problemas mentales», explicó la alcaldesa.
«La causa del fallecimiento de cada una de estas 10 personas no la puedo decir todavía, porque está en investigación, pero en un fenómeno de esta naturaleza normalmente el mayor número de fallecidos suele ser por inhalación de humo», explicó de su lado el delegado del gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, escribió en X que estaba «consternado ante la tragedia».
«Todo mi cariño y mi pésame a las familias y compañeros de los fallecidos, a los trabajadores del centro y al conjunto de los aragoneses. Deseo que las personas que se encuentran en estado grave se recuperen lo antes posible», apuntó.
¿Falta de personal?
El ministro Torres sugirió que había falta de personal en la residencia y que esto podría haber jugado un papel en el saldo de fallecidos.
Es importante «que las residencias tengan otro formato, e indudablemente son cuestiones que también tienen que hacernos pensar y recapacitar a todos. Indudablemente lo que no podemos tener es recortes cuando se habla de las personas mayores, porque (…) tienen dificultad ante cualquier situación para poder moverse», dijo Torres.
El presidente regional de Aragón, Jorge Azcón, por el contrario estimó que lo que agravó el balance fue la hora en que ocurrió el incendio y la dificultad de movimiento de los residentes.
«Muchos de ellos tienen problemas de salud mental, lo cual todavía ha hecho que el trabajo fuera más complicado, en un horario intempestivo, en un horario en el que la mayoría de los residentes estaban dormidos», dijo Azcón.
«Creo que las dos trabajadoras de la residencia han oído la alarma y han actuado, creo que han hecho un trabajo extraordinario», agregó.
Las personas que albergaba la residencia «se van a trasladar a otro centro para estar absolutamente seguras», indicó Torres.
España ha sufrido en los últimos años otros incendios en residencias de ancianos.
En febrero de 2024, murieron por el fuego tres personas en un geriátrico en Madrid, y en enero de 2022 otras nueve fallecieron en una residencia en Moncada, en la región de Valencia (este)».
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
