La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida en la madrugada del sábado, poco después de que la Fiscalía boliviana emitiera un pedido de captura contra la política conservadora y cinco de sus exministros por supuestos delitos de “sedición y terrorismo” durante la crisis política en 2019, que llevó a la renuncia y salida del país del exmandatario Evo Morales.

“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, anunció en su cuenta de Twitter el ministro de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo, felicitando al cuerpo de seguridad nacional por la “gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano”.

Por su parte, la exmandataria denunció, también en Twitter, que su detención es “un acto de abuso y persecución política” por parte del Gobierno del MAS –el partido de Morales– que la “ha mandado arrestar”. El viernes, cuando saltó la noticia de la orden de arresto, Áñez denunció en una serie de trinos que el izquierdista MAS –que recuperó el poder en las pasadas elecciones de octubre bajo el liderazgo de Luis Arce– “ha decidido volver a los estilos de la dictadura”.

La política conservadora está siendo trasladada bajo un fuerte dispositivo de seguridad desde la ciudad de Trinidad, donde se llevó a cabo su detención, hacia la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en la ciudad de La Paz, donde está previsto que llegue sobre las tres de la tarde, hora local.

«El día de hoy hemos efectuado como mandan las leyes y la Constitución, la orden de aprehensión en un proceso que ha seguido todo su curso y serán las autoridades judiciales las que continúen la investigación y determinen la situación de las personas detenidas», dijo Del Castillo en una rueda de prensa, señalando que los arrestos corresponden al «proceso que se inició en diciembre de 2020 por el caso del golpe de Estado».

El viernes también se llevó a cabo la detención de Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, exministro interino de Energías, y la de Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, antiguo titular transitorio de Justicia. Además, la Fiscalía boliviana también emitió órdenes de aprehensión contra el exjefe de Policía Yuri Calderón y el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, acusados de “terrorismo, sedición y conspiración” por lo que muchos denominaron un golpe de Estado, en noviembre de 2019.

Áñez: «no fue un golpe de Estado, fue una sucesión constitucional»

Áñez llegó al poder a finales de 2019, después de que se produjera una violenta salida anticipada de Evo Morales, quien fue acusado por la oposición de haber cometido fraude en los comicios de ese año. Tras su salida, forzada por los militares, el mandatario se exilió en México y después en Argentina.

Antes de su detención, la expresidenta interina reiteró que “no fue un golpe de Estado, fue una sucesión constitucional por fraude electoral”, sobre la abrupta salida del poder del izquierdista Morales luego de 14 años en el poder.

Sin embargo, el partido MAS de Morales regresó al poder en las elecciones de octubre pasado. Su candidato, el exministro de Economía Luis Arce, ganó holgadamente las elecciones y se convirtió en el nuevo presidente, lo que hizo posible el regreso de Morales al país.

Evo Morales se postuló en 2019 para un cuarto mandato en medio de un amplio rechazo de la población a que volviera a asumir la Presidencia del país. Los comicios se vieron salpicados de múltiples acusaciones de fraude y su victoria produjo un fuerte estallido social que chocó con partidarios del dirigente indígena.

La Fiscalía boliviana también emitió órdenes de captura para dos antiguos militares, acusados ​​por el actual Gobierno de estar involucrados en el golpe contra Morales. Se trata del antiguo jefe de policía, Yuri Calderón, y el antiguo comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, por denuncias de terrorismo, sedición y conspiración.

Áñez no será juzgada por la Justicia ordinaria

El caso de Jeanine Añez será tratado de manera especial de acuerdo a lo que estipula la ley del país para expresidentes. Este proceso se adelantará como un juicio de responsabilidades, por lo que no será llevado a la Justicia ordinaria.

Cuando la exmandataria asumió la Presidencia, el Tribunal Constitucional avaló el procedimiento, tras el vacío de poder que se produjo en la nación andina a causa de las renuncias de los principales cargos del Ejecutivo y el Legislativo.

Junto a la renuncia de Morales se produjo también la del entonces vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el presidente de la Cámara de Diputados, Victor Borda, y la del primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli. Áñez asumió como segunda vicepresidenta del Senado y tras no encontrar quórum para asumir la Presidencia, determinó que la Constitución se lo otorgaba y que por lo tanto debía asumir el cargo.

La oposición boliviana rechaza las órdenes de captura

Tras conocerse las órdenes de detención, varios sectores de la oposición denunciaron “persecución”. Algunos líderes opositores salieron en defensa de los exfuncionarios y tildaron de «tirano» al Gobierno del presidente Luis Arce y al MAS, por considerar que crean leyes para dar «impunidad» a sus militantes.

Por su parte, el partido de Áñez, Comunidad Ciudadana, emitió el viernes un comunicado denunciando un “proceso brutal y arbitrario de persecución política” y aseguró que se trata de un “atentado contra la libertad” y de una “ofensa a los millones de bolivianas y bolivianos que lucharon por la democracia”.

El director ejecutivo para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también reaccionó a la noticia. El abogado señaló en Twitter que las órdenes de captura de los miembros del antiguo gabinete no contienen evidencia de que los acusados hubieran cometido «terrorismo».

Vivanco también señaló que el mismo «recurso» (terrorismo) fue utilizado en 2019 en la orden de captura de Evo Morales, que tampoco aportó prueba alguna, por lo que la entidad pidió entonces que retiraran los cargos en contra del exmandatario. La ONG pidió que a las órdenes de la Fiscalía emitidas este viernes las acompañe una investigación «seria e independiente».