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Datos oficiales dan como ganador a Luis Arce Catacora en Bolivia después de cinco días de conteo
El candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales de Bolivia en primera vuelta al haber obtenido el 55,1 % de los votos, confirmaron los resultados oficiales.
Después de cinco días de conteo, el Órgano Electoral Plurinacional ratificó los cifras que la madrugada del lunes habían dado a conocer dos sondeos a boca de urna en los que el exministro de Economía superaba del 50 % de los votos, en tanto que su competidor más cercano, Carlos Mesa, finalmente alcanzó el 28,83 %.
La espera de los datos oficiales era un mero trámite, ya que entre el domingo y el lunes la victoria del MAS fue reconocida por la presidenta de facto, Jeanine Áñez, Mesa y la Organización de Estados Americanos (OEA), además de que los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; México, Andrés Manuel López Obrador; Chile, Sebastián Piñera; Perú, Martín Vizcarra y el gobierno de Estados Unidos felicitaron tanto a Arce como a su candidato a la Vicepresidencia, David Choquehuanca.
Los comicios pusieron así fin a un año de incertidumbre para los bolivianos que comenzó el 20 de octubre de 2019, cuando se llevaron a cabo las elecciones en que Evo Morales buscó su tercera reelección a pesar de que en un referéndum previo la mayor parte de la ciudadanía había rechazado su nueva postulación.
Las elecciones de 2019
Gracias a un controvertido fallo del Tribunal Constitucional, que lo favoreció, Morales logró registrarse como candidato. Ya había ganado por primera vez la Presidencia en 2005 con el 53,72 % de los votos. En 2009 se reeligió con el 64,22 %, y en 2015 volvió a arrasar con el 63,36 %. A pesar del desgaste de más de 13 años de gobierno, confío en que volvería a obtener el apoyo mayoritario de la sociedad.
Pero lo que estalló fue un conflicto electoral provocado por las suspicacias que despertó una interrupción en el conteo de votos la noche de ese 20 de octubre, y que fue suficiente para que Carlos Mesa, el expresidente y principal rival de Morales, denunciara un fraude.
El entonces presidente se declaró ganador mientras crecían las dudas sobre los resultados. Cinco días más tarde, ya con el 100 % de las casillas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral confirmó el triunfo del presidente: había obtenido el 47,08 % frente al 36,51 % logrado por Mesa.
Morales necesitaba una diferencia de 10 puntos para ganar. Había obtenido 10,57. Era un resultado demasiado justo, insuficiente para darle la legitimidad que necesitaba en medio de las protestas que se expandían por el país y la presión de los opositores internos y externos, encabezados por la Organización de Estados Americanos (OEA), que jugó un papel central en el conflicto.
El golpe de Estado
Acosado por una insurrección policial, bloqueos, protestas masivas y presiones de las Fuerzas Armadas, Morales convocó el 10 de noviembre a nuevas elecciones, tal y como pedía la oposición, pero al mismo tiempo la OEA publicó un informe en el que denunciaba supuestas irregularidades que, meses después, fueron puestas en duda por diferentes informes independientes.
En medio de un imparable clima de violencia política, Morales fue forzado a renunciar ese mismo día. Terminó así un gobierno que había durado 13 años y nueve meses, el periodo de mayor prosperidad económica y combate a la pobreza en la historia de Bolivia.
Gracias a un operativo sin precedentes organizado por México, Morales pudo refugiarse en la Ciudad de México. Ahí permaneció hasta diciembre, cuando tras la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina, pudo viajar a Buenos Aires, donde permanece asilado hasta ahora.
Desde la capital argentina, Morales reagrupó al MAS, en enero impulsó la candidatura presidencial de Arce Catacora, su exministro de Economía, y anunció su propia candidatura al Senado, pero meses después las autoridades electorales de Bolivia lo inhabilitaron porque, al estar viviendo en el extranjero, no cumplía el requisito de tener una residencia mínima de dos años para postularse. El expresidente denunció una proscripción.
El 12 de noviembre, apenas dos días después de que Morales fuera depuesto, la senadora ultraderechista Jeanine Áñez se autoproclamó como presidenta y prometió que sólo permanecería durante unas semanas en el cargo, mientras se realizaban las elecciones en las que aseguró que no se postularía.
Pero incumplió. A principios de año lanzó una candidatura a la que tuvo que renunciar en septiembre debido a la escasa intención de voto que le anticipaban las encuestas. Siempre reiteró que la meta era evitar a toda costa el regreso del MAS al poder. Por eso trató de evitar a toda costa el registro de Arce, sobre todo a través de denuncias judiciales.
Las represiones y persecuciones a militantes del MAS fueron cotidianas durante el gobierno de Áñez, el cual quedará marcado por las masacres registradas en las localidades de Sacaba y Senkata durante los primeros días posteriores a su asunción y en las que fueron asesinadas 36 personas.
La campaña
El 19 de enero, de manera inédita para la historia de Bolivia, Luis Arce fue elegido abanderado presidencial del MAS en un encuentro partidario realizado en Buenos Aires. La fórmula la completó David Choquehuanca como candidato a la Vicepresidencia.
Así, el exministro de Economía y el excanciller de Evo Morales se lanzaron al reto de recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido que había gobernado Bolivia casi 14 años.
En principio, el Tribunal Supremo Electoral fijó las nuevas elecciones para el 3 de mayo. La intención era que el país recuperara lo más pronto posible la normalidad democrática, pero la pandemia de coronavirus obligó a postergar la fecha por dos semanas, hasta el 17 de mayo.
A lo largo del año, la dictadura de Áñez y sus aliados en el exterior consolidaron una narrativa que demonizó a Morales y al MAS y que aseguraba que ya no tenía el apoyo mayoritario de la población y que bastaba que la oposición se uniera para que el «voto útil» venciera y eliminara a la izquierda. Esa lectura no tomó en cuenta la sólida base social que el masismo construyó desde la década pasada y que Arce fortaleció a lo largo de la campaña, en sus recorridos por todo el país.
Al intensificarse la crisis sanitaria, los comicios se pospusieron hasta el 6 de septiembre. Mientras tanto, la presidenta de facto trataba de postergarlos lo más posible con la esperanza de que la mayoritaria intención de voto al MAS que predecían las encuestas se desplomara entre más tiempo transcurriera. De todas formas, la interpretación generalizada era que Arce había llegado a un techo de votos que no superaba el 45 % y que lo más probable es que tuviera que enfrentar una segunda vuelta contra Mesa en la que este finalmente ganaría la Presidencia.
A diferencia de sus oponentes, el MAS quería que las elecciones ya se concretaran, por lo que aceptó una nueva fecha, el 18 de octubre, con la condición de que fuera inamovible.
Así ocurrió. Y los resultados superaron las previsiones más optimistas del masismo, que ni siquiera necesitó una segunda vuelta para regresar al poder y que no solo ganó la Presidencia, sino que también obtuvo mayoría en el Parlamento.
Horas antes de que venza su ultimátum, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que «una civilización entera morirá» si este martes no se alcanza un acuerdo con Irán, el cual denunció ataques a sus infraestructuras, como dos puentes y una autopista.
«Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá», escribió Trump en su plataforma Truth Social.
No dio detalles, pero ya había dicho que su ejército podría bombardear puentes, centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles iraníes hasta devolver a la república islámica a la «edad de piedra».
Trump ha fijado como plazo la medianoche GMT del martes para que Irán ponga fin al cierre de facto del estrecho de Ormuz, una estrecha vía navegable utilizada para transportar petróleo y otras materias primas.
El lunes, afirmó que la propuesta de alto el fuego temporal que circula es insuficiente.
Irán rechaza la presión de Washington.
Según los medios estatales, las autoridades no quieren un simple alto el fuego, sino el fin de la guerra desatada el 28 de febrero con una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra su territorio.
Lejos de darse por vencidos, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, ha amenazado con llevar a cabo acciones contra infraestructuras que «privarán a Estados Unidos y a sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años».
«Más allá de la región»
«Si el ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta se extenderá más allá de la región», añadió.
En Truth Social, Trump dejó la puerta abierta a un acuerdo de última hora.
«Ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda suceder algo revolucionariamente maravilloso ¿QUIÉN SABE? Lo descubriremos esta noche», escribió usando mayúsculas como suele hacer.
De visita en Budapest, su vicepresidente, JD Vance, previó intensas negociaciones en las próximas horas pero advirtió que Washington tiene «herramientas» que por el momento no ha usado.
En este 39º día de guerra, hubo bombardeos en la provincia de Alboz (norte), según medios locales. Dieciocho personas murieron en una zona residencial, entre ellas dos niños.
Dos puentes también fueron alcanzados al sur de Teherán, uno de ellos en Kashan, donde dos personas murieron, y otro cerca de Qom.
Las autoridades cerraron una importante autopista que conecta Tabriz (norte) con la capital tras un ataque, según la prensa iraní.
Además los trenes hacia y desde la segunda ciudad de Irán, Mashhad, fueron cancelados después de que Israel desaconsejara a los habitantes usar este medio de transporte hasta las 17H30 GMT.
Se llevaron a cabo ataques asimismo contra la isla de Jarg en el Golfo, punto neurálgico de la industria petrolera iraní, según la agencia Mehr y un periodista del sitio de información estadounidense Axios.
En un comunicado, el ejército israelí afirmó haber llevado a cabo «una ola de ataques a gran escala contra decenas de sitios de infraestructuras» en varias zonas de Irán. No especificó cuáles ni dónde.
«Estoy aterrorizada»
Los iraníes oscilan entre el miedo y la indiferencia.
«Estoy aterrorizada, y todo el mundo en este país debería estarlo también», dijo a la AFP Metanat, una estudiante de 27 años que afirma haber perdido a una compañera de clase en un ataque.
«Algunos se burlan de Trump y de sus amenazas», pero «esto es una guerra y no tiene nada de gracioso», asegura.
Morteza Hamidi, un jubilado de 62 años, resta importancia al nuevo ultimátum.
«Ha cambiado las fechas tantas veces que ya somos insensibles a sus amenazas», afirma.
En la región, los llamados a encontrar una salida diplomática se multiplican.
Según Axios, algunos países mediadores han propuesto la idea de un alto el fuego de 45 días.
Según la agencia de noticias iraní Irna, Teherán exige «el fin de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro a través del estrecho de Ormuz», así como «la reconstrucción y el levantamiento de las sanciones».
Dos millones por barco
Irán estaría dispuesto a levantar el bloqueo del estrecho de Ormuz, imponiendo un derecho de paso de 2 millones de dólares por barco, que compartiría con el sultanato de Omán, situado al otro lado de la vía marítima, escribió el New York Times.
Utilizaría estos ingresos para reconstruir las infraestructuras destruidas por los ataques israelo-estadounidenses, en lugar de reclamar compensaciones directas.
Sina Toossi, del Centro para la Política Internacional en Washington, estima que Irán «no cederá en sus intereses vitales, sobre todo en su control del estrecho de Ormuz, cueste lo que cueste».
Por de pronto la república islámica sigue atacando a diario a los países del Golfo, a los que acusa de ayudar a Estados Unidos.
En las últimas horas fue alcanzado el gigantesco complejo petroquímico de Jubail, en el este de Arabia Saudita, indicó a la AFP un testigo.
«Si la escalada no se contiene, acabaremos en una situación que ya no se podrá controlar. Y estamos muy cerca de ese punto», advirtió el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores catarí, Majed al Ansari.
El pasado domingo, un tramo del km 48 de la carretera CA-4 en Quimistán, Santa Bárbara, Honduras (zona cuesta de Los Limones, La Ceibita) se registró un fatal accidente de tránsito. Una rastra que movilizaba cianuro granulado en estado sólido impactó contra un microbús tipo coaster, el cual transportaba a hondureños que regresaban de una excursión en Guatemala, con motivo de las vacaciones de Semana Santa, informaron medios locales.
El microbús volcó. Ocho personas fallecieron y las demás fueron rescatadas de entre los hierros retorcidos del vehículo y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos.
El mismo día por la noche, el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) emitió alerta roja indefinida en la zona del percance vial y 800 metros a la redonda del mismo. Esto debido a la peligrosidad de dicho material altamente tóxico para la salud.
Habitantes de comunidades cercanas fueron evacuados, reportó la institución.
Personal de la Empresa Nacional Portuaria, Cuerpo de Bomberos y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se trasladaron al lugar para realizar aseguramiento y evaluación para proteger a la población.
Se activó una ruta alterna entre San Marcos y Petoa, por tiempo indefinido.
El jefe del poder judicial de Irán instó este martes a los tribunales a acelerar las sentencias relacionadas con la guerra contra Estados Unidos e Israel, incluida la pena capital, mientras que los activistas alertaron de un aumento de las ejecuciones de presuntos presos políticos.
Desde que empezó la guerra el 28 de febrero, Irán ha ahorcado a siete personas en relación con las manifestaciones de enero, seis por pertenecer al grupo opositor Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), una organización opositora prohibida, y a un ciudadano iranosueco acusado de espiar por cuenta de Israel.
Grupos de defensa de los derechos humanos advirtieron que decenas de personas podrían ser ejecutadas por las protestas de enero o como sospechosas de haber ayudado al enemigo durante la actual contienda.
«Es necesario acelerar la emisión de sentencias de pena de muerte y de confiscación de propiedades», dijo Gholam Hosein Mohseni Ejei a funcionarios judiciales de alto rango, en un encuentro retransmitido por televisión.
Recurrir a las leyes existentes contra el espionaje «es necesario para seguir dictando sentencias judiciales contra elementos y agentes del agresor enemigo con mayor rapidez», insistió.
La premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi, que vive en el exilio, afirmó en Telegram que, en vez de defender a los iraníes de la amenaza planteada por el presidente estadounidense Donald Trump, la república islámica acelera «las ejecuciones, la represión y la confiscación de las propiedades de la oposición».
Entre los ejecutados por las protestas de enero había dos adolescentes arrestados durante la campaña de represión de las autoridades, que dejó miles de muertos, según organizaciones de derechos humanos, que denunciaron juicios «extremadamente injustos».
«En medio de la actual guerra, que se ejecute a los presos políticos y a los manifestantes a través de procesos precipitados y no transparentes se considera un intento de instigar miedo y de mantener el control de la sociedad», afirmó la organización de defensa de los derechos humanos Abdorrahman Boroumand Center, radicada en Estados Unidos.
Organizaciones como esa acusan a las autoridades iraníes de recurrir a la tortura para obtener confesiones falsas de los detenidos, que son transmitidas después por televisión.
