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Candidato opositor venezolano no asistirá a convocatoria del Tribunal Supremo
El candidato opositor Edmundo González Urrutia dijo este miércoles que no asistirá a una convocatoria del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que abrió un proceso a pedido del presidente Nicolás Maduro para «certificar» su cuestionada victoria en las elecciones del 28 de julio.
«El ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien ha interpuesto un supuesto recurso ante la Sala Electoral, ha dicho públicamente (…) que si no comparezco incurriré en responsabilidades legales, y que, si comparezco y consigno copias de las actas de escrutinio, también habrá graves responsabilidades penales. ¿Es ese un procedimiento imparcial y respetuoso del debido proceso? ¿Estoy condenado por anticipado?», señaló en un comunicado González Urrutia, que denuncia fraude.
«Si acudo a la Sala Electoral en estas condiciones estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso, y pondré en riesgo no solo mi libertad sino, lo que es más importante, la voluntad del pueblo venezolano expresada el 28 de julio», subrayó el opositor de 74 años.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificó el 2 de agosto la victoria de Maduro con el 52% de los votos, sin hacer públicas las actas de escrutinio, alegando haber sido víctima de un jaqueo informático.
El presidente del CNE, Elvis Amoroso, dijo el lunes que entregó las actas a la máxima corte.
Son estas actas -con el recuento centro por centro- las que exigen la oposición y parte de la comunidad internacional. Según la oposición, que publicó las actas obtenidas gracias a sus observadores, González Urrutia ganó la votación con el 67% de los votos.
Tanto la oposición como la mayoría de los observadores consideran que tanto el CNE como el TSJ sirven al gobierno.
González Urrutia, señaló que el TSJ, acusado por la oposición de favorecer con sus decisiones al gobierno, «no puede usurpar las funciones constitucionales del Poder Electoral y «certificar» unos resultados que aún no han sido producidos».
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Esta es la segunda citación del TSJ al opositor, que sustituyó a la carismática dirigente María Corina Machado, impedida de postularse en las presidenciales debido a una inhabilitación impuesta por la Contraloría, de línea oficialista.
Los disturbios que siguieron a la proclamación de la victoria de Maduro han dejado 24 muertos desde el 28 de julio, según un informe actualizado publicado el martes por organizaciones de derechos humanos, incluida la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW).
Maduro por su parte, se refiere a los manifestantes como «terroristas» y dijo que suman más de 2.000 detenidos que serán trasladados a dos cárceles de máxima seguridad.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
