Internacionales
Boeing y Airbus advierten al gobierno de EE.UU. sobre los “peligros” de la tecnología 5G para la aviación
Los jefes de los dos mayores fabricantes de aviones del mundo pidieron al gobierno de Estados Unidos que retrase el lanzamiento de nuevos servicios telefónicos bajo la tecnología 5G.
En una carta, altos ejecutivos de Boeing y Airbus advirtieron que la tecnología podría tener “un enorme impacto negativo en la industria de la aviación”.
Anteriormente se había planteado la preocupación de que la tecnología inalámbrica 5G en el espectro de banda C podría interferir con la electrónica de las aeronaves.
A su vez, los gigantes de las telecomunicaciones estadounidenses AT&T y Verizon deben implementar los servicios 5G el próximo 5 de enero.
“La interferencia del 5G podría afectar negativamente la capacidad de las aeronaves para operar de manera segura”, dijeron los jefes de Boeing y Airbus Americas, Dave Calhoun y Jeffrey Knittel, en una carta conjunta al secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg.
La carta citó una investigación del grupo comercial Airlines for America (Aerolínas para Estados Unidos) que halló que si las reglas sobre 5G de la Administración Federal de Aviación (FAA, por su siglas en inglés) hubiesen estado en vigencia en 2019, alrededor de 345,000 vuelos de pasajeros y 5,400 vuelos de carga habrían enfrentado retrasos, desvíos o cancelaciones.
La industria de la aviación y la FAA han expresado su preocupación por la posible interferencia de la tecnología 5G con equipos de aeronaves sensibles como medidores de altitud de radio.
“Airbus y Boeing han estado trabajando con otras partes interesadas de la industria de la aviación en Estados Unidos para comprender la posible interferencia del 5G con los radioaltímetros”, dijo Airbus en un comunicado.
“Se ha presentado al Departamento de Transporte de los Estados Unidos una propuesta de seguridad de la aviación para mitigar los riesgos potenciales para su consideración”, agregó.
La FAA emitió este mes directivas de aeronavegabilidad advirtiendo que la interferencia del 5G podría resultar en desvíos de vuelo, diciendo que proporcionaría más información antes de la fecha de lanzamiento del 5 de enero.
En noviembre, AT&T y Verizon retrasaron un mes el lanzamiento comercial del servicio inalámbrico sobre la banda C hasta el 5 de enero y adoptaron medidas de precaución para limitar la interferencia.
Grupos de la industria de la aviación habían dicho que las medidas no iban lo suficientemente lejos, y Boeing y Airbus señalaron que hicieron una contrapropuesta que limitaría las transmisiones celulares alrededor de los aeropuertos y otras áreas críticas.
La semana pasada, el director ejecutivo de United Airlines, Scott Kirby, dijo que las directivas sobre 5G de la FAA prohibirían el uso de medidores de altitud por radio en unos 40 aeropuertos más grandes de Estados Unidos.
El grupo de la industria inalámbrica estadounidense CTIA dijo que la tecnología 5G es segura y acusó a la industria de la aviación de generar miedo y distorsionar los hechos.
“Una demora causará un daño real. Retrasar el despliegue un año restaría $50,000 millones de dólares en crecimiento económico, justo cuando nuestra nación se recupera y reconstruye de la pandemia”, escribió el mes pasado la directora ejecutiva de CTIA, Meredith Attwell Baker, en un blog.
Internacionales
Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
Internacionales
FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
