Internacionales
Ataque yihadista deja 37 personas fallecidas, todas en su mayoría estudiantes en Uganda
Al menos 37 personas, en su mayoría estudiantes, murieron en el ataque de un grupo rebelde vinculado a la organización yihadista Estado Islámico contra una escuela de secundaria en el oeste de Uganda, muy cerca de la frontera con la República Democrática del Congo (RDC).
«Se encontraron 37 cadáveres y se llevaron a la morgue del hospital de Bwera», afirmó este sábado en un comunicado el portavoz del ejército, Felix Kulayigye, refiriéndose a la ciudad en cuyas inmediaciones se produjo el ataque la noche del viernes.
En un balance anterior, Joe Walusimbi, comisario del distrito de Kasese, donde se encuentra el centro educativo, en la localidad de Mpondwe, a menos de 2 km de la frontera, había reportado 25 muertos, todos estudiantes.
El portavoz de la policía ugandesa, Fred Enanga, explicó que la milicia ADF (Fuerzas Aliadas Democráticas), que tiene su bastión en el este de la RDC, atacó una escuela de secundaria cerca de Bwera, donde «prendió fuego a un dormitorio y saqueó una tienda de comida».
El portavoz policial calificó el asalto de «ataque terrorista», y dijo que también fueron socorridas con vida ocho víctimas, ingresadas «en situación crítica» en el hospital de Bwera.
El ejército y la policía persiguen a los atacantes que huyeron hacia el Parque Nacional de Virunga, situado al otro lado de la frontera, en la RDC. Según el portavoz del ejército, los asaltantes se llevaron allí a seis personas secuestradas.
«Nuestras fuerzas están persiguiendo al enemigo para rescatar a los secuestrados y destruir a este grupo», dijo Kulayigye.
– Cerraron con llave –
El general Dick Olum indicó a la AFP que, según la información recabada, los milicianos llevaban al menos dos días en la zona.
Según afirmó, los atacantes tenían información detallada sobre la escuela de secundaria.
»Sabían dónde estaban los dormitorios de los chicos y las chicas», dijo Olum.
«Los rebeldes cerraron con llave el dormitorio de los chicos y le pegaron fuego. La sección de las chicas no la cerraron, de manera que estas pudieron salir corriendo, pero al hacerlo unas fueron atacadas con machetes y otras recibieron disparos», explicó el militar.
Según él, algunos de los cuerpos están tan calcinados que se necesitarán exámenes de ADN para identificarlos.
El general Olum precisó que han pedido refuerzos y aviones para rescatar a los secuestrados y localizar los escondites rebeldes.
– Recompensa de USD 5 millones –
La milicia ADF comenzó como un grupo insurgente en Uganda, mayoritariamente musulmán, y se instaló en el este de la RDC a mediados de los años 1990. Desde entonces ha sido acusada de matar a miles de civiles.
En 2019 juraron lealtad al grupo Estado Islámico, que presenta a los combatientes de las ADF como una rama local en África Central. Están acusados de atentados yihadistas en la RDC y en suelo ugandés.
El de este fin de semana no es el primer ataque contra una escuela en Uganda atribuido a las ADF.
En junio de 1998, 80 estudiantes fueron quemados vivos en sus dormitorios durante un ataque de las ADF contra el Instituto Técnico de Kichwamba cerca de la frontera con la RDC. Más de 100 estudiantes fueron secuestrados.
Uganda y la República Democrática del Congo lanzaron una ofensiva conjunta en 2021 para expulsar a las ADF de sus bastiones congoleños, pero hasta ahora esas operaciones no han permitido poner fin a los ataques del grupo.
Estados Unidos anunció a principios de marzo que ofrecerían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por cualquier información que pudiera llevar a su líder, un ugandés de unos 40 años llamado Musa Baluku.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
