Internacionales
Ataque yihadista deja 37 personas fallecidas, todas en su mayoría estudiantes en Uganda
Al menos 37 personas, en su mayoría estudiantes, murieron en el ataque de un grupo rebelde vinculado a la organización yihadista Estado Islámico contra una escuela de secundaria en el oeste de Uganda, muy cerca de la frontera con la República Democrática del Congo (RDC).
«Se encontraron 37 cadáveres y se llevaron a la morgue del hospital de Bwera», afirmó este sábado en un comunicado el portavoz del ejército, Felix Kulayigye, refiriéndose a la ciudad en cuyas inmediaciones se produjo el ataque la noche del viernes.
En un balance anterior, Joe Walusimbi, comisario del distrito de Kasese, donde se encuentra el centro educativo, en la localidad de Mpondwe, a menos de 2 km de la frontera, había reportado 25 muertos, todos estudiantes.
El portavoz de la policía ugandesa, Fred Enanga, explicó que la milicia ADF (Fuerzas Aliadas Democráticas), que tiene su bastión en el este de la RDC, atacó una escuela de secundaria cerca de Bwera, donde «prendió fuego a un dormitorio y saqueó una tienda de comida».
El portavoz policial calificó el asalto de «ataque terrorista», y dijo que también fueron socorridas con vida ocho víctimas, ingresadas «en situación crítica» en el hospital de Bwera.
El ejército y la policía persiguen a los atacantes que huyeron hacia el Parque Nacional de Virunga, situado al otro lado de la frontera, en la RDC. Según el portavoz del ejército, los asaltantes se llevaron allí a seis personas secuestradas.
«Nuestras fuerzas están persiguiendo al enemigo para rescatar a los secuestrados y destruir a este grupo», dijo Kulayigye.
– Cerraron con llave –
El general Dick Olum indicó a la AFP que, según la información recabada, los milicianos llevaban al menos dos días en la zona.
Según afirmó, los atacantes tenían información detallada sobre la escuela de secundaria.
»Sabían dónde estaban los dormitorios de los chicos y las chicas», dijo Olum.
«Los rebeldes cerraron con llave el dormitorio de los chicos y le pegaron fuego. La sección de las chicas no la cerraron, de manera que estas pudieron salir corriendo, pero al hacerlo unas fueron atacadas con machetes y otras recibieron disparos», explicó el militar.
Según él, algunos de los cuerpos están tan calcinados que se necesitarán exámenes de ADN para identificarlos.
El general Olum precisó que han pedido refuerzos y aviones para rescatar a los secuestrados y localizar los escondites rebeldes.
– Recompensa de USD 5 millones –
La milicia ADF comenzó como un grupo insurgente en Uganda, mayoritariamente musulmán, y se instaló en el este de la RDC a mediados de los años 1990. Desde entonces ha sido acusada de matar a miles de civiles.
En 2019 juraron lealtad al grupo Estado Islámico, que presenta a los combatientes de las ADF como una rama local en África Central. Están acusados de atentados yihadistas en la RDC y en suelo ugandés.
El de este fin de semana no es el primer ataque contra una escuela en Uganda atribuido a las ADF.
En junio de 1998, 80 estudiantes fueron quemados vivos en sus dormitorios durante un ataque de las ADF contra el Instituto Técnico de Kichwamba cerca de la frontera con la RDC. Más de 100 estudiantes fueron secuestrados.
Uganda y la República Democrática del Congo lanzaron una ofensiva conjunta en 2021 para expulsar a las ADF de sus bastiones congoleños, pero hasta ahora esas operaciones no han permitido poner fin a los ataques del grupo.
Estados Unidos anunció a principios de marzo que ofrecerían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por cualquier información que pudiera llevar a su líder, un ugandés de unos 40 años llamado Musa Baluku.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
