Internacionales
Ataque yihadista deja 37 personas fallecidas, todas en su mayoría estudiantes en Uganda
Al menos 37 personas, en su mayoría estudiantes, murieron en el ataque de un grupo rebelde vinculado a la organización yihadista Estado Islámico contra una escuela de secundaria en el oeste de Uganda, muy cerca de la frontera con la República Democrática del Congo (RDC).
«Se encontraron 37 cadáveres y se llevaron a la morgue del hospital de Bwera», afirmó este sábado en un comunicado el portavoz del ejército, Felix Kulayigye, refiriéndose a la ciudad en cuyas inmediaciones se produjo el ataque la noche del viernes.
En un balance anterior, Joe Walusimbi, comisario del distrito de Kasese, donde se encuentra el centro educativo, en la localidad de Mpondwe, a menos de 2 km de la frontera, había reportado 25 muertos, todos estudiantes.
El portavoz de la policía ugandesa, Fred Enanga, explicó que la milicia ADF (Fuerzas Aliadas Democráticas), que tiene su bastión en el este de la RDC, atacó una escuela de secundaria cerca de Bwera, donde «prendió fuego a un dormitorio y saqueó una tienda de comida».
El portavoz policial calificó el asalto de «ataque terrorista», y dijo que también fueron socorridas con vida ocho víctimas, ingresadas «en situación crítica» en el hospital de Bwera.
El ejército y la policía persiguen a los atacantes que huyeron hacia el Parque Nacional de Virunga, situado al otro lado de la frontera, en la RDC. Según el portavoz del ejército, los asaltantes se llevaron allí a seis personas secuestradas.
«Nuestras fuerzas están persiguiendo al enemigo para rescatar a los secuestrados y destruir a este grupo», dijo Kulayigye.
– Cerraron con llave –
El general Dick Olum indicó a la AFP que, según la información recabada, los milicianos llevaban al menos dos días en la zona.
Según afirmó, los atacantes tenían información detallada sobre la escuela de secundaria.
»Sabían dónde estaban los dormitorios de los chicos y las chicas», dijo Olum.
«Los rebeldes cerraron con llave el dormitorio de los chicos y le pegaron fuego. La sección de las chicas no la cerraron, de manera que estas pudieron salir corriendo, pero al hacerlo unas fueron atacadas con machetes y otras recibieron disparos», explicó el militar.
Según él, algunos de los cuerpos están tan calcinados que se necesitarán exámenes de ADN para identificarlos.
El general Olum precisó que han pedido refuerzos y aviones para rescatar a los secuestrados y localizar los escondites rebeldes.
– Recompensa de USD 5 millones –
La milicia ADF comenzó como un grupo insurgente en Uganda, mayoritariamente musulmán, y se instaló en el este de la RDC a mediados de los años 1990. Desde entonces ha sido acusada de matar a miles de civiles.
En 2019 juraron lealtad al grupo Estado Islámico, que presenta a los combatientes de las ADF como una rama local en África Central. Están acusados de atentados yihadistas en la RDC y en suelo ugandés.
El de este fin de semana no es el primer ataque contra una escuela en Uganda atribuido a las ADF.
En junio de 1998, 80 estudiantes fueron quemados vivos en sus dormitorios durante un ataque de las ADF contra el Instituto Técnico de Kichwamba cerca de la frontera con la RDC. Más de 100 estudiantes fueron secuestrados.
Uganda y la República Democrática del Congo lanzaron una ofensiva conjunta en 2021 para expulsar a las ADF de sus bastiones congoleños, pero hasta ahora esas operaciones no han permitido poner fin a los ataques del grupo.
Estados Unidos anunció a principios de marzo que ofrecerían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por cualquier información que pudiera llevar a su líder, un ugandés de unos 40 años llamado Musa Baluku.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
