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Amber Heard podría ir a la cárcel si se confirma que ha cometido perjurio
Una vez finalizada la fase de vistas orales, las consecuencias legales del juicio que enfrenta a Johnny Deep y Amber Heard serán determinadas por la acción del jurado, que este martes, 31 de mayo, vuelve a reunirse para analizar las pruebas y testimonios ofrecidos por las dos partes para defender sus posturas respecto a las acusaciones de difamación que los dos actores han intercambiado a lo largo del proceso.
De forma paralela, ciertos juristas, expertos y comentaristas profesionales exhiben ya sus opiniones y predicciones acerca del futuro veredicto, pero también sobre los efectos que podrían tener en la actriz algunas de las prácticas que se le han atribuido en tiempos recientes, como la alteración de esas fotos en las que aparece visiblemente herida y, presuntamente, a raíz de los malos tratos perpetrados por su exmarido.
Aaron Minc, abogado especializado en casos de difamación, está convencido de que cada vez hay más indicios que apuntan en esa dirección de la “fabricación” de pruebas, por lo que estima que, de confirmarse esta teoría, Amber Heard podría enfrentarse a un delito de perjurio y falso testimonio, que la podría llevar a prisión.
“Pienso que, a medida que transcurre este caso, estamos viendo cada vez más evidencias de que ha mentido bajo juramento. Y eso implica cruzar una línea”, ha manifestado Minc en conversación con el portal de noticias Joe.
De ser cierto, este jurista asegura que la fiscalía y los magistrados no tendrán piedad con la protagonista de ‘Aquaman’, quien habría “ofendido” de esta manera a todo el sistema judicial de su país.
“Si se corrobora la posibilidad de que haya estado fabricando pruebas, fotos, heridas, en definitiva alterando la realidad y registrándola a sabiendas, es probable que los fiscales la acusen formalmente y la lleven a juicio, lo que podría significar ir la cárcel“, ha argumentado.
Siete personas privadas de libertad murieron la madrugada del domingo durante un enfrentamiento registrado al interior de una cárcel de Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, según informó la Secretaría de Seguridad local.
Las cárceles de Sinaloa albergan a numerosos integrantes del cártel de Sinaloa, organización criminal cuya pugna interna ha dejado más de 1,000 fallecidos desde 2024.
De acuerdo con las autoridades, la situación en el centro penitenciario de Culiacán, capital del estado, fue controlada. No obstante, se suspendieron las visitas familiares como medida preventiva.
Las facciones involucradas en el conflicto son conocidas como la “chapiza” y la “mayiza”, grupos afines a los históricos líderes del cártel, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, quienes permanecen encarcelados en Estados Unidos.
Las autoridades no detallaron las causas que originaron el enfrentamiento, pero informaron que se activó un operativo conjunto con fuerzas estatales y federales para realizar una revisión exhaustiva dentro del penal.
Los centros penitenciarios mexicanos enfrentan problemas recurrentes de hacinamiento y, con frecuencia, son escenario de enfrentamientos entre integrantes de grupos criminales rivales.
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, «presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso» de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está «en aislamiento» por precaución en un instituto de infectología especializado pero los solicitudes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda «con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea».
La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y «el caso sigue en investigación».
La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.
La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).
El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
«La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo», apuntaron las autoridades de Sao Paulo.
Los colombianos comenzaron a votar este domingo en las elecciones presidenciales que definirán si el país mantiene el respaldo a la izquierda en el poder o apuesta por un giro hacia la derecha, en un contexto marcado por la violencia y la polarización política.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió la jornada electoral acompañado de una de sus hijas e hizo un llamado a que el sufragio se ejerza de manera libre y sin presiones.
Sin posibilidad de reelección, Petro concluirá su mandato tras impulsar políticas enfocadas en la reducción de la pobreza monetaria, el hambre y el desempleo, además de la ampliación de programas sociales.
Según las encuestas citadas en el proceso electoral, el candidato oficialista Iván Cepeda encabeza la intención de voto. El senador propone dar continuidad a las políticas impulsadas por el actual gobierno en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento de la violencia.
Entre sus principales contendientes se encuentra Abelardo de la Espriella, quien mantiene un discurso crítico hacia la izquierda y ha centrado su propuesta en el combate al crimen organizado. También figura la senadora Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.
Los sondeos anticipan que ningún candidato alcanzará los votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta, por lo que se prevé una segunda ronda electoral el 21 de junio.
La autoridad electoral informó que la jornada se extenderá hasta las 21:00 GMT y espera divulgar los resultados preliminares pocas horas después del cierre de las urnas. Asimismo, las autoridades desplegaron 408,000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad durante el proceso.
La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de polarización política, marcado por atentados atribuidos a grupos armados, el asesinato de un aspirante presidencial y la ausencia de debates entre algunos de los principales candidatos.
En distintas regiones del país, ciudadanos expresaron su expectativa de que el próximo gobierno contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y reducir los niveles de conflicto que afectan a varias comunidades.
