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511 pandilleros santanecos continuarán detenidos durante investigaciones
El Juzgado Especializado de Instrucción C2 de Santa Ana decretó la detención provisional contra 511 acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga, amenazas con agravación especial, tráfico ilícito y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.
Tras el análisis de la prueba indiciaria presentada por el ente fiscal y ante la insuficiencia de arraigos laborales y personales mostrados por parte de la defensa técnica de los inculpados, el juzgado resolvió que las investigaciones continúen y los imputados permanezcan detenidos para garantizar su comparecencia en el proceso.
Todos fueron capturados en el marco del Régimen de Excepción, por ser miembros activos de la organización terrorista denominada MS13, que operaban en diferentes puntos de la zona occidental del país. Los acusados se encuentran recluidos en los centros penales de Quezaltepeque, Izalco, La Esperanza e Ilopango.
En otra audiencia pública celebrada este jueves, el Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana, ordenó la continuación del proceso sin ninguna restricción contra el imputado ausente Víctor Antonio E., a quien la Fiscalía acusa de hurto agravado, en perjuicio patrimonial de Estación de Servicio San Cayetano, propiedad de la Sociedad Distribuidora Salvadoreña de Combustible S.A. de C.V.
La resolución fue emitida con la vista del requerimiento, en virtud que no fue posible citar al acusado por no residir en la dirección proporcionada y no pudo nombrar un abogado defensor.
El Ministerio Público detalló que el implicado era el encargado de llenar los documentos y hacer las remesas del producto que se vendía, el 21 de enero de 2022, los encargados de contabilidad enfermaron de Covid-19 y el sujeto dejó de entregar la documentación. El 7 de febrero que el equipo de los balances se reincorporó detectó que los cuadros de las ventas y las remesas no cuadraban.
El acusado ya no se presentó a trabajar y a través de una auditoría contable externa se determinó que había un faltante de $36,652.50, por lo que se interpuso la denuncia respectiva.
Este domingo, el parque recreativo El Cafetalón se convirtió en un espacio de encuentro multicultural con la realización del Festival Integrando Culturas para el Florecimiento Salvadoreño, organizado por la Dirección de Integración y que reunió a más de 20,000 salvadoreños provenientes de distintos departamentos del país.
La actividad contó con la participación de más de 20 representaciones internacionales y organizaciones acreditadas en El Salvador, que compartieron con los asistentes aspectos relacionados con su cultura, historia, gastronomía, arte, geografía y tradiciones.
Al evento asistieron personas procedentes de Sonsonate, Santa Ana, Ahuachapán, San Salvador, Chalatenango, Cuscatlán y La Libertad, quienes tuvieron la oportunidad de conocer y experimentar expresiones culturales de diferentes partes del mundo.
La jornada inició con un desfile encabezado por las delegaciones internacionales, que recorrieron el recinto ondeando las banderas de sus respectivos países ante miles de asistentes. Luego, se desarrollaron actividades deportivas como carreras de relevos y un torneo de fútbol sala entre representantes internacionales.
Además de las competencias, los visitantes recorrieron los distintos stands instalados en el lugar, donde pudieron participar en degustaciones gastronómicas, escuchar relatos e historias sobre otras naciones y recibir clases de baile con ritmos representativos de diversas culturas.
La Dirección de Integración destacó que el festival busca fortalecer la convivencia entre comunidades salvadoreñas y acercarlas a experiencias internacionales desde una perspectiva social, cultural y educativa, promoviendo espacios de intercambio y aprendizaje.
La embarcación, interceptada el viernes, fue trasladada a la Base Naval en el Puerto de San José para el conteo de la droga y la entrega de los detenidos a la Fiscalía, explicó en un comunicado la Policía Nacional Civil.
Precisó que la embarcación se ubicaba a más de 600 millas náuticas en aguas del Océano Pacífico guatemalteco, con seis tripulantes a bordo y transportaban 50 sacos que «contenían aproximadamente 1.500 kilos de cocaína».
Las autoridades indicaron que la embarcación zarpo de Ecuador y valoraron la droga en más de 150 millones millones de quetzales (unos 20 millones de dólares), según el valor del mercado local.
Durante el operativo fueron capturados tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos.
Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, tierra, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.
«Hoy no inicia una administración más, hoy inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca», afirmó el fiscal designado por el presidente del país, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
El mandato de Porras, que comenzó en 2018m estuvo marcado por acciones para impedir la posesión de Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.
Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
García Luna aseguró que, «durante años, muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la institución, no porque dejaron de creer en la justicia, sino porque la justicia dejó de creerles a ellos. Hoy empieza el deber de recuperarla».
García Luna reconoció que recibió una institución «con heridas profundas».
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.
El fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.
«La ley es pareja o no es ley» y en un régimen democrático la Fiscalía no puese ser utilizada «como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva».
«Tampoco puede utilizarse con multas políticas ni obedecer órdenes de ninguna clase», sentenció.
Además, comentó que enfrentará las extorsiones, los crímenes contra la vida, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y las violentas maras o pandillas.
La Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas por Guatemala y Estados Unidos como terroristas, son responsables junto a narcotráfico del 40% de las muertes violentas en el país, según datos oficiales.
