Judicial
20 años de cárcel a pandillero que participó en la desaparición de repartidor de pizzas en Soyapango
El Juzgado Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 20 años de prisión a un pandillero por la desaparición de un repartidor de pizzas ocurrida en el octubre de 2020 en el departamento de San Salvador.
El condenado es José Rolando Toledo Urquilla, quien junto a los imputados ausentes Miguel Humberto Amaya Cruz, Juan Francisco Acevedo Cruz y José Alexander Quijano Villanueva participó en la desaparición del joven Dennis Alexander Menjívar Pineda. Los acusados ausentes también fueron condenados a 20 años de prisión.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el 6 de octubre de 2020, alrededor de la 1:00 de la tarde, Menjívar Pineda llegó a la colonia San Antonio, del distrito de Soyapango, en San Salvador, para hacer una entrega de pizzas a domicilio.
En ese momento, el joven fue interceptado por al menos 10 pandilleros que lo obligaron bajo amenazas a bajarse de la moto y lo golpearon. Pese a estar lesionado, Menjívar Pineda logró escapar de sus atacantes y se fue a refugiar a una vivienda de la colonia.
Con su teléfono celular, intentó pedir un servicio de transporte a través de una plataforma digital, pero ningún conductor quiso ingresar a la colonia San Antonio, debido al control que ejercía la pandilla. También existen registros de que llamó a sus familiares para alertarlos de su situación.
Según las investigaciones, el joven trabajador temió poner en riesgo a la familia que se encontraba en la vivienda donde se había refugiado y decidió salir a la calle. Se sospecha que habría sido nuevamente interceptado por los pandilleros y desde entonces su paradero se desconoce.
Para el juez, quedó plenamente acreditada la participación de los imputados en el delito de desaparición de personas. Además de la pena, el tribunal condenó a los responsables a indemnizar económicamente a los familiares de la víctima.
Menjívar Pineda tenía 22 años y trabajaba en Bambino’s Pizza. El día de su desaparición era su primer día en la sucursal de la pizzería en Soyapango, luego de que había sido transferido desde otro local de la empresa.
Otros pandilleros también han sido condenados por este mismo caso. En septiembre de 2022, el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 23 años de cárcel a los pandilleros Kevin José Ramírez y Nery Vladimir Castillo por la desaparición de Menjívar Pineda.
A los dos sujetos se les impuso ocho años de prisión por robo agravado, ya que se les imputó el robo de la motocicleta que usaba el joven para repartir las pizzas a domicilio, y 15 años más por desaparición de personas.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
