Judicial
URGENTE: Tener sexo entre hombres y quedarse con la extorsión son las causas que cientos de pandilleros temen por su vida en El Salvador
El director de Centros Penales informó que hay 97 reos en Izalco y 70 en Quezaltepeque que han pedido ser aislados porque temen ser asesinados por miembros de la estructura criminal a la que pertenecen.
En el sistema penitenciario hay 137 reos pertencientes a la pandilla 18 que han sido aislados porque temen por su vida, en su mayoría han sido castigados por la estructura criminal a la que pertenecen por romper algunas de las reglas, mayoritariamente por haberse quedado con dinero de extorsión.
Ese fue el informe que rindió esta mañana el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, quien señaló que otros de los motivos son por haberse quedado con droga, haber sostenido relaciones sentimentales con alguna mujer que haya sido pareja de otro de los reos o, como se conoció en el centro penal de Quezaltepeque, porque encontraron a dos reos miembros de pandillas sosteniendo relaciones sexuales.
El funcionario explicó que violentar estas reglas son duramente castigadas dentro de los penales. En la mayoría de casos ocurre con los recién llegados a los penales y al encontrarse frente a los cabecillas ya se encuentran recluidos «les pasan el descontón» de lo que hayan hecho mientras estuvieron fuera.
«Tenemos cerca de 97 personas que hemos venido separando de los Izalcos para tenerlos en un sector especial y que no sean objeto de una agresión. Además, tenemos cerca de 70 personas bajo esa misma condición en Quezaltepeque. En total, son 137 personas que nosotros le damos la calidad de víctimas que por una u otra razón son rechazados dentro de la estructura y pueden ser asesinados», expuso el director.
Explicó la mayoría de estos reos aprovechan cuando los custodios para hacerles las revisiones y les piden ser aislados porque temen por su vida. Así, la Dirección de Centros Penales ha decidido aislaros y ponerlos en resguardo para evitar que sean agredidos o incluso asesinados.
Lima ejemplificó que un caso similar ocurrió en el penal de Gotera, en Morazán, donde hay cerca de 1,800 reos a quienes les llaman «retirados», donde en su mayoría se definen como expandilleros. En este caso, el proceso inició de manera similar algunos reos fueron pidieron ser aislados pues abandonaban la pandilla por haber sido rechazados.
Autodepuración del Barrio 18 Sureños
Las autoridades detallaron que obtuvieron informes de inteligencia a final de diciembre tanto de las tres fases de Izalco, como del penal de Quezaltepeque, en el que identificaron que hay un incremento de actividades conspirativas dentro de la pandilla del Barrio 18 Sureños, con la idea de tener una autodepuración en ambos penales.
«Es una estructura que está en un cambio continuo, de irse agrediendo internamente y están en plan de depuración. Desde diciembre del año pasado donde hemos recogido numerosos escritos donde han descrito acciones para autodepurarse», señaló Lima.
Esta información ya ha sido compartida con las autoridades pertinentes para realizar acciones para bajar este incremento de violencia interna dentro de los penales por esa «autodepuración».
De hecho, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, detalló que el homicidio de cinco reos dentro del penal de Izalco el pasado 12 de abril está enmarcada en esta acción que busca la pandilla de «autodepuración».
Por esa razón, las autoridades informaron de algunos movimientos que se han hecho en los centros penales, además de esos aislamientos que han venido dando de manera continua.
Los movimientos
El director de Centros Penales informó que con la reubicación que se ha hecho de varios internos se pretende clasificarlos para bajar el riesgo o la peligrosidad en estos penales.
Por el momento, se han trasladado 20 cabecillas o ranfleros hacia el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como «Zacatraz», entre ellos se encuentran 10 que fueron llevados este día a este penal y que fueron los instigadores directos del homicidio de cinco personas en el penal de Izalco.
De igual manera, se han movido 14 cabecillas de Quezaltepeque hacia e fase 3 de Izalco, que tiene el mismo régimen de máxima seguridad. Estos estuvieron involucrados en el homicidio de cuatro reos en ese penal el pasado 5 de marzo.
También, el pasado 16 de abril se hizo el traslado de 22 reos que se encontraban en fase 1 de Izalco, a la fase 3, que ya entran también al régimen de máxima seguridad.
Lima informó que la mayoría de estos sujetos que están siendo procesados, en su mayoría ya condenados, son de diferentes lugares como La Campanera, San Martín, Soyapango, Apopa, Nahuizalco, Izalco, Armenia, La Unión, Chalchuapa, Atiquizaya, por lo que pertenecen a esas clicas o tribus que operan en esos municipios.
Con todos estos cambios se pretenden bajar las amenazas y agresiones que se han dado en ambos penales del país.
Otras medidas
Además de los movimientos, Centros Penales ha decidido implementar una serie de medidas para evitar que se continúen dando estas amenazas que ponen en riesgo la integridad de los reos en ambos reclusorios.
En este sentido, la primera de ellas es que se ejecutan requisas sorpresivas. Se estiman que se realizan cerca de 85 requisas al mes en cada uno de los centros penales. Incluso se ha reforzado la operatividad pues se verifica celda por celda.
«Se verifica que las personas mantienen su condición física estable y que no tienen señales de ser agredidos», dijo Lima. También se ha pasado de hacer de dos a cuatro conteos diarios, en los que se revisa si las personas tienen señales de violencia. Es en estos momentos que muchos aprovechan para decirles a los custodios que desean ser aislados porque temen por su vida.
Además, se han incrementado el número de rondas para que estas sean constantes y se puedan identificar cualquier reunión o que se esté dando alguna situación en alguna celda.
Se ha reforzado el personal que trabaja en el análisis de las cámaras de videovigilancia para detectar a tiempo cualquier agresión. Lima explicó que se ha buscado mantener la coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y reforzar las medidas de inteligencia interna.
Nota tomada de El Salvador Times
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
