Judicial
ÚLTIMA HORA: Fiscalía acusa a Pastor Carlos Rivas por conducción peligrosa
La Fiscalía General de la República FGR, solicitó al Juzgado 4º de Paz de San Salvador audiencia inicial contra el pastor general del Tabernáculo de Avivamiento Internacional TAI, Carlos Rivas, por el delito de Conducción Peligrosa de Vehículos Automotores establecido en el artículo 147 E del Código Penal.
El proceso iniciará a las 9 de la mañana, del lunes 29 de abril.
Rivas fue detenido la madrugada del jueves y, de acuerdo con personal de la Policía Nacional Civil (PNC), se negó a realizarse la prueba de alcotest tras ser detenido, pero se encontraba en evidente estado de ebriedad. Sin embargo, al día siguiente, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió su liberación.
El pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Carlos Rivas, quien fue detenido el jueves santo por manejar en estado de ebriedad, anunció a sus fieles en medio de un sermón tras ser liberado que se retira temporalmente para no seguir “alimentando” la situación y se defendió de los señalamientos asegurando que el día de su detención estaba «desvelado».
Rivas fue detenido la madrugada del jueves y, de acuerdo con personal de la Policía Nacional Civil (PNC), se negó a realizarse la prueba de alcotest tras ser detenido, pero se encontraba en evidente estado de ebriedad. Sin embargo, al día siguiente, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió su liberación.
El líder religioso anunció que se retirará temporalmente de los sermones en el Tabernáculo, ya que dijo que la noticia le afectó a su familia, por lo que quiere estar con ellos en este momento y evitar que también sean “blancos de ataque” de esa “sociedad enferma”.
“En estos días, hermanitos, yo no voy a predicar, con dolor de mi alma pero lo voy a hacer porque no quiero seguir alimentando todo eso, donde ya no hay material para sacar y aún así lo están sacando. Necesito tomarme un tiempo para estar con mi familia, mi hija, mi nieto, quiero estar con ellos para apoyarlos”, anunció.
Rivas explicó que un grupo de pastores quedará al cargo del TAI mientras él está con su familia. Sin embargo, no especificó el tiempo que eso duraría, se limitó a decir «de manera indefinida». También pidió a los fieles que oren por él y por su familia.
Por otro lado, intentó explicar al situación a su feligresía y aseguró que cuando fue detenido estaba «desvelado» no en estad de ebriedad.
“Al no acceder (a la prueba e alcotest) me llevan y me toman esa foto, que es ilegal, eran más o menos las cinco y media de la mañana, no había dormido en toda la noche, estaba de aquí para allá. Toman esa foto y se genera la noticia que sale”, dijo el religioso en una actividad a la que se dirigió a sus fieles.
También criticó a las redes sociales y a medios de comunicación han contribuido a un “linchamiento” en su contra de parte de alguna parte de la población que solo quiere “hacer leña del árbol caído”.
“Se persigue ahora un afán de linchamiento que existe en el país, es una cosa tremenda, ese deseo mal sano de la desgracia del otro y hacer leña del árbol caído, de difamar sin razón alguno, de odiar al que piensa diferente… esa costumbre malsana de condenar aunque no se haya vencido en juicio, de un linchamiento, son los resultados de una sociedad que está dolida y enferma y que busca un lugar para hacer catarsis y desahogar toda la frustración que hay”, denunció el pastor.
Planteó que esto incrementa si el blanco es una persona conocida, en este caso él que es un pastor de una iglesia con miles de fieles en el país y es por eso que algunos “más se van a ensañar”.
Debido a que Rivas fue liberado antes de que se cumpliera el plazo de ley que se estipula para los conductores detenidos en estado de ebriedad, 72 horas, el fiscal general, Raúl Melara ordenó verificar el proceso y dijo que si es necesario se van a deducir responsabilidades.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
