Política
Raquel Caballero continuará al frente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
Para continuar velando por la protección e integridad de los salvadoreños y evitar vulneraciones en contra de estos, los diputados de la Asamblea Legislativa eligieron, con 57 votos, a Raquel Caballero de Guevara como titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
La funcionaria fue juramentada por el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, para que cumpla un tercer periodo al frente de dicha institución. Su cargo iniciará este 16 de octubre y se mantendrá hasta el 15 de octubre de 2028.
Dicho nombramiento forma parte del compromiso parlamentario de elegir en el tiempo establecido —y de forma transparente y democrática— a los funcionarios de segundo grado, tal como lo establece la Constitución de la República.
El jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, recordó que la Comisión Política verificó la información de cada uno de los aspirantes y las entrevistas fueron abiertas, para garantizar un proceso transparente «como siempre se ha hecho”.
Perfil de la procuradora electa
Caballero de Guevara es abogada y notaria de la República. Desempeñó su primer período en la PDDH de 2016 a 2019 y el segundo fue de 2022 a 2025.
Además, es presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) y de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA).
También, es representante ante el Comité de Finanzas de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANRHI) y es coordinadora general de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente.
Entre los logros de su segunda gestión destaca la firma de más de 168,000 acciones de protección para la ciudadanía, según expuso en la Comisión Política, durante el proceso de entrevistas.
En dicha jornada también detalló que en su administración se han trabajado cuatro ejes en apoyo a la población, atendiendo 51,715 procesos.
De estos: 22,339 corresponden a orientaciones (asesoramiento y acompañamiento para ayudar a las personas a conocer, proteger y ejercer sus derechos); 6,062 a expedientes de acción inmediata (registros de diligencias); 3,379 expedientes de investigación que están en trámite y 19,935 solicitudes sobre personas privadas de libertad —reportadas desde años anteriores— por causa de la delincuencia.
Además, se ha saldado la mora histórica que existía en la institución, al dar seguimiento y resolución a 27,000 expedientes rezagados desde la creación de la entidad, en 1992.
Entre sus objetivos de trabajo para este nuevo periodo, Caballero expuso que dará continuidad al proceso de modernización de la Procuraduría y la implementación de nuevos sistemas tecnológicos.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
