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$7.7 millones se ahorraría el estado salvadoreño al reducir 20 diputados de la Asamblea Legislativa
Si bien el diputado independiente Leonardo Bonilla no tiene el ahorro como tema principal en su campaña de disminución de legisladores, El Salvador Times hizo un cálculo basándose en los salarios actuales, sumados al monto que tiene cada diputado para contrataciones de sus asesores y empleados.
Estado salvadoreño se ahorraría $7.7 millones en salarios al reducir 20 diputados de la Asamblea
El Estado salvadoreño se ahorrará $7.7 millones en salarios si reduce de 84 a 60 diputados. Ese es el cálculo que sacó El Salvador Times, tomando como referencia el salario actual de los diputados de la Asamblea Legislativa y la asignación que tienen actualmente para contratar asesores y su personal.
La semana pasada el diputado independiente Leonardo Bonilla introdujo una propuesta ante la Asamblea para que se redujeran los legisladores de 84 a 60. Aunque el legislador no ha estudiado el impacto financiero que esto podría tener al Estado. El Salvador Times se dio a la tarea de trabajar un escenario hipotético en el que solo existieran 60 diputados para sacar el ahorro que tendría el erario público en remuneraciones.
Según los datos colgados en el sitio de Transparencia Fiscal del Estado, se puede consultar el salario de los 84 diputados de la Asamblea. En total, el salario de los 84 legisladores, incluidos los gastos de representación y de transporte y comunicación de cada uno, le cuestan actualmente al Estado $3,719,765.28.
Esta cifra se toma de sumar los salarios mensuales de los 11 miembros de la junta directiva que suelen ser más elevados, al igual que los siete jefes de fracción y los 61 diputados de llanura. La sumatoria se multiplica por 14 que son los salarios que reciben en total al año, pues se suman los dos bonos que reciben, uno en junio y el otro en diciembre.
Si por el contrario, solo existieran 60 diputados, en un escenario hipotético también tendrían que reducirse los directivos. Este periódico estimó que bajo esta propuesta, podrían existir cinco directivos (un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios). También se mantendrían cinco jefes de fracción y quedan 50 diputados de llanura.
Esto en suma, sería un total de $1,509,102.24 solo en el pago de estos 60 legisladores, bajo los mismos términos de los sueldos actuales de los diputados.
En este caso el ahorro en salarios si solo existieran 60 diputados es de $2,210,663.04.
Reducción en asesores y empleados
Cada grupo parlamentario recibe un presupuesto para que los diputados funcionen en el pleno y estos lo distribuyen a cada uno de diputados. Cuando ingresó la nueva legislatura el 1 de mayo de 2018 de determinó establecer un techo para que cada legislador hiciera sus contrataciones, entre ellos hay asesores, comunicadores, secretarias, y personal de apoyo.
Según el acuerdo de junta directiva que aprobó cuando se instaló esta legislatura, se estimó un límite de $15,000 para que cada diputado de la llanura contratara a sus asesores y demás personal. Así, actualmente los 61 diputados de llanura al año gastan $12,810,000 en contrataciones.
Con la reducción a 50 diputados de llanura, estos gastarían en contrataciones $10,500,000 anuales.
En el caso de las jefaturas y subjefaturas actuales tienen un límite de $18,000. Actualmente son 12 diputados que tienen estos cargos que al año gastan en sus empleados $3,024,000. Con el escenario hipotético de El Salvador Times los cinco jefes gastarían solo $1,260,000 en sus empleados.
Por otro lado, para el caso de los directivos. Actualmente, se ha destinado para los vicepresidentes $18,374.58 y los cuatro que existen actualmente gastan $1,028,976.48. Si estos se reducen a dos, el gasto sería de $514,488.24.
Los secretarios actuales de junta directiva son seis que tienen disponibles $16,590.69 para contratar a su persona. Al año suman $1,393,617.96. Con la reforma, si solo existieran dos secretarios, el monto anual seria de $464,539.32 para contrataciones.
En estos momentos, las contrataciones totales que hacen los 84 diputados para sus asesores y asistentes alcanzan la cantidad de $18,256,593.96 anuales. Con la reducción a 60 diputados y manteniendo los mismos techos para emplear personal el costo sería de $12,739,027.56, representando un ahorro de $5,517,566.4.
Si se hace un ejercicio de sumar el ahorro que se generaría de los salarios de los legisladores que es de $2,210,663.04 y el ahorro de las contrataciones de personal, el Estado deja de gastar un estimado de $7,728,329.44.
El presupuesto de la Asamblea para este año asciende a $58,300,000 y de estos $51 millones son destinados para el rubro de remuneraciones. En este sentido, esos $7.7 millones representan un 15% de ahorro en remuneraciones si se baja la cantidad de diputados a 60.
En este caso, no se han tocado otras prerrogativas que tienen los diputados como viajes, viáticos, entre otros gastos. Ni el gasto corriente, por ejemplo, en electricidad, agua, mantenimiento de oficinas u otras áreas que también tendrían una reducción significativa, pero que no podrían cuantificarse tan fácilmente.
Bonilla no busca ahorro sino representatividad
El diputado independiente aseguó que su propuesta de reducir la cantidad de diputados va más encaminada a alcanzar una Asamblea Legislativa más pluralista, más equitativa y con mayor representatividad.
Bonilla cree que si bien no es el fondo de la iniciativa, él estima que el ahorro podría incluso llegar a los $20 millones a nivel global, sumando energía eléctrica, papelería y hasta café.
«La propuesta no es populista, es fácil para alguien decir eso sin antes leerla, no estamos proponiendo 14 diputados, sino tener 60. Lo que queremos es una Asamblea más pluralista», comentó el legislador. Al tiempo que dijo que está tratando de cumplir una de sus promesas de campaña.
En caso de que la propuesta tenga eco y apoyo, el siguiente paso, según Bonilla, es evitar que con menos diputados, la Asamblea siga con la misma cantidad de presupuesto, ya que por lógica debería haber una reducción.
El único diputado independiente de la Asamblea agregó que lo que está haciendo en estos momentos es simplemente dar una respuesta al clamor popular, que es algo que le pidieron durante la campaña y que le siguen pidiendo cuando hablan con él.
«Bajar la cantidad es mi primer objetivo, luego ver lo del fuero con el que cuentan los funcionarios y otra serie de cambios que la gente quiere ver. La cantidad de 60 diputados no está amarrada, se han escuchado otras propuestas, pero es estudio que nosotros tenemos está en 60», apuntó.
Otros diputados se han unido a su esfuerzo, al menos han dando su firma de apoyo, pero Bonilla está consciente que es un camino cuesta arriba y incluso teme que pueda quedar engavetada. «Dar la firma no es todo. Hay dos diputados más que se quieren unir al esfuerzo, pero lo importante es tener los votos a la hora de llegar al pleno y votar por ella», agregó.
Diputados como Reynaldo Carballo, del PDC, y las diputadas de ARENA, Felissa Cristales y Milena Mayorga se han mostrado a favor de la reducción de legisladores de cara a las elecciones de 2021.
Si los dos diputados que han ofrecido el apoyo a Bonilla en los últimos días cumplen, el legislador alcanzaría un total de diez.
La pieza de correspondencia para analizar el tema de la reducción de diputados ingresó la semana pasada y ahora está en manos de la comisión correspondiente para que sea estudiada.
Nota tomada de El Salvador Times
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
ENTREGA ESPECIAL
¡ATENCIÓN! Abogado advierte que vigilantes no pueden fotografiar tu DUI al ingresar a residenciales en El Salvador
Una práctica común en los accesos a colonias y residenciales privadas de El Salvador ha encendido las alertas sobre la protección de los datos personales. El abogado penalista Jaime Ramírez Ortega advirtió que los vigilantes de seguridad privada no están facultados para tomar fotografías del Documento Único de Identidad (DUI) de los visitantes como requisito de ingreso, debido a que esta acción podría vulnerar el derecho a la intimidad y generar consecuencias legales para quienes la realizan.
El profesional fue contundente al cuestionar que los agentes de seguridad fotografíen documentos personales, incluso cuando reciben instrucciones de las empresas de vigilancia o de las administraciones residenciales. Según explicó, el DUI contiene información privada que debe protegerse frente a la recopilación y utilización indebida. Ramírez Ortega sostuvo que este tipo de procedimientos no puede justificarse únicamente como una medida de control de acceso y advirtió que las compañías y asociaciones que los implementan podrían enfrentar problemas legales.
Ante estas situaciones, el abogado recomendó a los ciudadanos presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) cuando un vigilante les exija fotografiar su documento. Asimismo, señaló que los agentes privados no tienen las mismas atribuciones que las autoridades policiales para documentar información personal. Sin embargo, también existen límites legales para las actuaciones de la Policía, por lo que la recopilación de fotografías de documentos debe responder a procedimientos y facultades establecidos por la legislación.
La advertencia se relaciona con la Ley para la Protección de Datos Personales de El Salvador, contenida en el Decreto Legislativo 144, que regula la recopilación, almacenamiento y tratamiento de información personal, así como el consentimiento de sus titulares y las excepciones previstas legalmente. Aunque el abogado considera prohibida la práctica denunciada, la legalidad de cada procedimiento también depende de las circunstancias y de su fundamento jurídico. El caso abre un debate sobre los límites de la seguridad privada y la protección de la identidad de miles de salvadoreños que diariamente ingresan a residenciales, condominios y colonias con controles de vigilancia.
