Judicial
Juez de Instrucción, confirma que el caso Corruptela está basado en prueba ilegal y es una doble persecución contra Enrique Rais.
El Juzgado 4o de Instrucción, pronunció recientemente resolución judicial en la que reconoce las graves ilegalidades que fueron cometidas por la Fiscalía en perjuicio del empresario Enrique Rais y que han producido la acusación en su contra en el conocido como Caso “corruptela” mismo que estaría basado en escuchas telefónicas ilegales y de las que no existe garantía de su legitimidad, además de no constar que se haya autorizado judicialmente intervenir ningún aparato telefónico o en uso por parte de Rais.
Precisamente el Juez de Instrucción, al mismo tiempo que se excusa para seguir conociendo de la causa penal, por el motivo de haber conocido de los mismos hechos que se imputan a Rais, en el caso “corruptela” en la tramitación de otras causas penales tanto en el Juzgado 5o de instrucción, como en el 8o de instrucción, ambos de la ciudad de San Salvador, reconoce ampliamente que los procesos penales contra el empresario, tienen su origen en una intervención telefónica promovida contra otras personas distintas al empresario ya que éste no estaba siendo objeto de investigación, que nunca existió autorización judicial para escuchar conversaciones de Rais y que la información ha sido manipulada por la fiscalía y policía, no existiendo certeza sobre la cadena de custodia de la prueba y sobre el contenido de los audios.
También destacó que la prueba con la cual fiscalía montó el caso, fueron unas escuchas que el Ex Director del Centro de Intervención a las Telecomunicaciones ocultó su existencia al entonces Fiscal General de la República, en las que además de no aparecer Enrique Rais, sino otras personas investigadas por distintos hechos, tales escuchas cumplieron los seis meses que indica la ley de escuchas, para poder utilizaras como prueba y acusar penalmente a los intervenidos, caso contrario deben ser destruidas; sin embargo, en este caso, fueron utilizadas casi DIEZ MESES, después del periodo en que debían destruirse y por ende, DIECISÉIS MESES después de haber concluido la intervención telefónica de la que se obtuvieron.
Los abogados de Rais, han sostenido durante más de tres años que el empresario es víctima de una persecución arbitraria, por intereses económicos de competidores desleales y por razones políticas, que fueron potenciadas por las ilegalidades del Ex Fiscal General Douglas Meléndez, quien por medio de su primo hermano y Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz y el Ex Jefe de la Unidad de Investigación Financiera, Jorge Cortez Díaz, fabricó los distintos procesos penales, que en realidad se tratan del mismo hecho, mismos delitos señalados y contra las mismas personas, en lo que ya no es ni siquiera una doble persecución, sino que se está en presencia de una triple persecución.
De manera que la Fiscalía monta en unas escuchas vencidas, donde no consta intervención judicial de Rais y sin certeza de legitimidad, el conocido como “Caso Rais Martínez”, acusándolo de beneficiarse por medio de la entrega de dádivas al Ex Fiscal General Luis Martínez, de procesos acomodados a los intereses del empresario; cuando se dan cuenta que son descubiertos en el fraude de haber alterado la información de unos Análisis de Bitácoras y está por realizarse la audiencia preliminar del caso, los fiscales fabrican el llamado caso “corruptela”, que precisamente tiene la misma base de hechos y la misma prueba. Y para tratar de darle otra orientación coaccionan a seis personas de la FGR, entre fiscales y empleados, para que declaren falsamente en contra de Enrique Rais, situación que está comprobada cuando renuncian de los criterios de oportunidad que les habían sido autorizados y por tanto sus declaraciones carecen de validez, por ser prueba prohibida.
Frente a todas estas ilegalidades que han sido advertidas por el Juzgado que lleva la causa, precisamente en la misma resolución se determina que la razón de excusarse es porque no quiere que quede la misma duda, sobre la falta de objetividad del Juez, pues es claro que lo que procede en el caso “corruptela” es declarar la nulidad del proceso seguido contra Rais, pero al haber conocido el juzgador, también de los otros procesos que son réplicas del “corruptela” opta porque sea el Tribunal de Segunda Instancia que confirme si debe o no seguir al frente de la tramitación de la acusación, ya que está en juego que se alcance la justicia sobre las violaciones a derechos fundamentales del empresario.
Según los abogados de Rais, al ser consultados, el ejercicio de transparencia del Juez Cuarto de instrucción, es un buen signo para el sistema judicial, que no ha tenido el valor de aceptar que los procesos penales que recibieron y en los que se acusa a Enrique Rais, están basados en pruebas ilegales, pruebas prohibidas y son tres veces el mismo caso. Ante la falta de pronunciamiento inclusive de la propia Corte Suprema de Justicia, donde están pendientes de resolverse peticiones constitucionales de trascendencia, se vieron obligados a demandar a la Fiscalía, la PDDH y el Sistema Judicial por no garantizar el acceso a una pronta y cumplida justicia para su defendido. Y confirman que ya preparan más acciones internacionales al quedar comprobado que Enrique Rais es víctima de una triple persecución penal, por los mismos hechos, lo que está prohibido por la ley nacional y los tratados internacionales.
Judicial
Prisión para sujetos que cometieron el delito de robo agravado
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.

De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.





A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Judicial
Condenan a 27 criminales por feminicidio y tentativa entre enero y marzo de 2026
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.




