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$7.7 millones se ahorraría el estado salvadoreño al reducir 20 diputados de la Asamblea Legislativa
Si bien el diputado independiente Leonardo Bonilla no tiene el ahorro como tema principal en su campaña de disminución de legisladores, El Salvador Times hizo un cálculo basándose en los salarios actuales, sumados al monto que tiene cada diputado para contrataciones de sus asesores y empleados.
Estado salvadoreño se ahorraría $7.7 millones en salarios al reducir 20 diputados de la Asamblea
El Estado salvadoreño se ahorrará $7.7 millones en salarios si reduce de 84 a 60 diputados. Ese es el cálculo que sacó El Salvador Times, tomando como referencia el salario actual de los diputados de la Asamblea Legislativa y la asignación que tienen actualmente para contratar asesores y su personal.
La semana pasada el diputado independiente Leonardo Bonilla introdujo una propuesta ante la Asamblea para que se redujeran los legisladores de 84 a 60. Aunque el legislador no ha estudiado el impacto financiero que esto podría tener al Estado. El Salvador Times se dio a la tarea de trabajar un escenario hipotético en el que solo existieran 60 diputados para sacar el ahorro que tendría el erario público en remuneraciones.
Según los datos colgados en el sitio de Transparencia Fiscal del Estado, se puede consultar el salario de los 84 diputados de la Asamblea. En total, el salario de los 84 legisladores, incluidos los gastos de representación y de transporte y comunicación de cada uno, le cuestan actualmente al Estado $3,719,765.28.
Esta cifra se toma de sumar los salarios mensuales de los 11 miembros de la junta directiva que suelen ser más elevados, al igual que los siete jefes de fracción y los 61 diputados de llanura. La sumatoria se multiplica por 14 que son los salarios que reciben en total al año, pues se suman los dos bonos que reciben, uno en junio y el otro en diciembre.
Si por el contrario, solo existieran 60 diputados, en un escenario hipotético también tendrían que reducirse los directivos. Este periódico estimó que bajo esta propuesta, podrían existir cinco directivos (un presidente, dos vicepresidentes y dos secretarios). También se mantendrían cinco jefes de fracción y quedan 50 diputados de llanura.
Esto en suma, sería un total de $1,509,102.24 solo en el pago de estos 60 legisladores, bajo los mismos términos de los sueldos actuales de los diputados.
En este caso el ahorro en salarios si solo existieran 60 diputados es de $2,210,663.04.
Reducción en asesores y empleados
Cada grupo parlamentario recibe un presupuesto para que los diputados funcionen en el pleno y estos lo distribuyen a cada uno de diputados. Cuando ingresó la nueva legislatura el 1 de mayo de 2018 de determinó establecer un techo para que cada legislador hiciera sus contrataciones, entre ellos hay asesores, comunicadores, secretarias, y personal de apoyo.
Según el acuerdo de junta directiva que aprobó cuando se instaló esta legislatura, se estimó un límite de $15,000 para que cada diputado de la llanura contratara a sus asesores y demás personal. Así, actualmente los 61 diputados de llanura al año gastan $12,810,000 en contrataciones.
Con la reducción a 50 diputados de llanura, estos gastarían en contrataciones $10,500,000 anuales.
En el caso de las jefaturas y subjefaturas actuales tienen un límite de $18,000. Actualmente son 12 diputados que tienen estos cargos que al año gastan en sus empleados $3,024,000. Con el escenario hipotético de El Salvador Times los cinco jefes gastarían solo $1,260,000 en sus empleados.
Por otro lado, para el caso de los directivos. Actualmente, se ha destinado para los vicepresidentes $18,374.58 y los cuatro que existen actualmente gastan $1,028,976.48. Si estos se reducen a dos, el gasto sería de $514,488.24.
Los secretarios actuales de junta directiva son seis que tienen disponibles $16,590.69 para contratar a su persona. Al año suman $1,393,617.96. Con la reforma, si solo existieran dos secretarios, el monto anual seria de $464,539.32 para contrataciones.
En estos momentos, las contrataciones totales que hacen los 84 diputados para sus asesores y asistentes alcanzan la cantidad de $18,256,593.96 anuales. Con la reducción a 60 diputados y manteniendo los mismos techos para emplear personal el costo sería de $12,739,027.56, representando un ahorro de $5,517,566.4.
Si se hace un ejercicio de sumar el ahorro que se generaría de los salarios de los legisladores que es de $2,210,663.04 y el ahorro de las contrataciones de personal, el Estado deja de gastar un estimado de $7,728,329.44.
El presupuesto de la Asamblea para este año asciende a $58,300,000 y de estos $51 millones son destinados para el rubro de remuneraciones. En este sentido, esos $7.7 millones representan un 15% de ahorro en remuneraciones si se baja la cantidad de diputados a 60.
En este caso, no se han tocado otras prerrogativas que tienen los diputados como viajes, viáticos, entre otros gastos. Ni el gasto corriente, por ejemplo, en electricidad, agua, mantenimiento de oficinas u otras áreas que también tendrían una reducción significativa, pero que no podrían cuantificarse tan fácilmente.
Bonilla no busca ahorro sino representatividad
El diputado independiente aseguó que su propuesta de reducir la cantidad de diputados va más encaminada a alcanzar una Asamblea Legislativa más pluralista, más equitativa y con mayor representatividad.
Bonilla cree que si bien no es el fondo de la iniciativa, él estima que el ahorro podría incluso llegar a los $20 millones a nivel global, sumando energía eléctrica, papelería y hasta café.
«La propuesta no es populista, es fácil para alguien decir eso sin antes leerla, no estamos proponiendo 14 diputados, sino tener 60. Lo que queremos es una Asamblea más pluralista», comentó el legislador. Al tiempo que dijo que está tratando de cumplir una de sus promesas de campaña.
En caso de que la propuesta tenga eco y apoyo, el siguiente paso, según Bonilla, es evitar que con menos diputados, la Asamblea siga con la misma cantidad de presupuesto, ya que por lógica debería haber una reducción.
El único diputado independiente de la Asamblea agregó que lo que está haciendo en estos momentos es simplemente dar una respuesta al clamor popular, que es algo que le pidieron durante la campaña y que le siguen pidiendo cuando hablan con él.
«Bajar la cantidad es mi primer objetivo, luego ver lo del fuero con el que cuentan los funcionarios y otra serie de cambios que la gente quiere ver. La cantidad de 60 diputados no está amarrada, se han escuchado otras propuestas, pero es estudio que nosotros tenemos está en 60», apuntó.
Otros diputados se han unido a su esfuerzo, al menos han dando su firma de apoyo, pero Bonilla está consciente que es un camino cuesta arriba y incluso teme que pueda quedar engavetada. «Dar la firma no es todo. Hay dos diputados más que se quieren unir al esfuerzo, pero lo importante es tener los votos a la hora de llegar al pleno y votar por ella», agregó.
Diputados como Reynaldo Carballo, del PDC, y las diputadas de ARENA, Felissa Cristales y Milena Mayorga se han mostrado a favor de la reducción de legisladores de cara a las elecciones de 2021.
Si los dos diputados que han ofrecido el apoyo a Bonilla en los últimos días cumplen, el legislador alcanzaría un total de diez.
La pieza de correspondencia para analizar el tema de la reducción de diputados ingresó la semana pasada y ahora está en manos de la comisión correspondiente para que sea estudiada.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
