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Judicial

884 años de prisión suman las penas impuestas a pandilleros de la MS por diferentes delitos

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar, con abundante prueba, la responsabilidad de 32 terroristas al haber cometido varios homicidios, además de planificar otros asesinatos y por ser parte de una pandilla.

Por dichas acciones, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana sentenció a una condena de 202 años de prisión a Wiliam Alexander Martínez Rodríguez, líder de dicha estructura con el nivel de Corredor de Zona.

Otras condenas impuestas a 31 pandilleros más oscilan entre los tres y 168 años de cárcel.

La estructura de la MS delinquía en diferentes cantones y caseríos del municipio de Tacuba, en el departamento de Ahuachapán.

Con las ejemplares condenas impuestas se está haciendo justicia para las víctimas de estos pandilleros, a la vez se están resolviendo al menos 12 casos de Homicidio Agravado, tres casos de Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio Agravado, dos casos de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de Arma de Fuego, y Agrupaciones Ilícitas.

Todos los delitos cometidos fueron entre el año 2014 al 2019.

Las penas impuestas más altas fueron para Martínez Rodríguez, quien fue condenado por 7 Homicidios Agravados -25 años de prisión por cada uno, 175 en total-, 3 casos de planificación de Homicidio Agravado -6 años por cada uno- y por Agrupaciones Ilícitas se le sumaron 9 años más, totalizando 202 años de prisión.

Asimismo, René Edenilson Morán Jiménez fue sentenciado a 168 años de cárcel por 6 Homicidios Agravados, 25 años por cada uno, y por 3 casos de planificación de homicidios, 6 años de prisión por cada uno.

Por otra parte, Santos Enrique Soriano Hernández recibió una condena de 100 años de prisión, tras haber comprobado que participó en cuatro 4 Homicidios Agravados.

José Isidro González Saldaña fue juzgado y encontrado culpable de haber cometido tres Homicidios Agravados y de planificar tres asesinatos, acumulando un total de 93 años en prisión.

Finalmente, Marvín Otoniel Magaña Mendoza fue sentenciado a 72 años de cárcel tras comprobar que había sido participe del cometimiento de dos Homicidios Agravados, haber planificados tres asesinatos, y ser parte de un grupo pandilleril.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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