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Instituciones públicas y privadas son llamadas por el Gobierno para iniciar proceso de autorización de Centros de Atención a la Primera Infancia
El desarrollo integral de la Primera Infancia es uno de los principales objetivos del Gobierno el cual gracias a la visión y liderazgo de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, se está concretando a través de normativas en favor de este sector, que durante décadas fue excluido de las políticas públicas.
En esa línea, el Gobierno busca involucrar a todos los sectores en la implementación del nuevo modelo de atención a la Primera Infancia, para asegurar un futuro mejor y lleno de oportunidades para la niñez.
Es así como, dentro de la Ley Crecer Juntos, se establece que toda persona natural o jurídica que cuente con 100 o más empleados es responsable de garantizar el acceso a un Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) para las hijas e hijos de su personal.
Por esa razón, el Gobierno, a través del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), insta a las instituciones públicas y privadas a iniciar el proceso de autorización de los CAPI.
“Invitamos a las instituciones públicas y privadas a que se acerquen y se informen para iniciar el proceso de autorización en http://simple.sv. En este sitio encontrarán el formulario y los documentos que se requieren; se trata de generar un registro y llenar el formulario único”, detalló el jefe del Departamento de Registro de Autorización de los CAPI, César Rosa.
El Conapina cuenta con 14 sedes a escala nacional, a donde las instituciones pueden acercarse también para obtener información de manera inmediata. Las personas que actualmente cuentan con algún centro de atención integral a niños (salas maternales, guarderías, jardín de niños, entre otros) tienen hasta el 31 de agosto para iniciar su proceso de transformación y adecuación a CAPI.
En tanto, las empresas privadas, instituciones públicas y municipalidades tienen como fecha límite hasta marzo de 2024 para iniciar el proceso de inscripción. Cualquier tipo de duda en relación con el proceso, pueden solventarlas marcando el 2213 4726 / 7603 5420.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
