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El Salvador se mantiene en Zona de Seguridad respecto a los casos de dengue, zika y chikungunya
El Salvador se mantiene en Zona de Seguridad en el Corredor Endémico del Dengue hasta la semana 32, se confirma en el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud (MISAL).
Durante más de dos años en el país no hay registro de personas fallecidas por causa del dengue. Las acciones de prevención que ejecuta el Gobierno en distintas zonas, como la eliminación de criaderos de zancudos y la entrega de abate, resultan efectivas en la baja de casos.
El Ministerio de Salud (MINSAL) informó a través del Boletín Epidemiológico menos casos de la enfermedad comparados con similar periodo del año pasado.
El total de casos confirmados de dengue, a la semana 32, fueron 21, mientras que el año pasado en similar periodo fueron contabilizados 56. Además, llevan el registro de 7 casos probables.
Las autoridades de Salud informaron el reporte de 1,058 hospitalizaciones menos en el 2023, con el mismo periodo de 2022.
El trabajo de promoción sanitaria que desarrolla el Ministerio de Salud con la colaboración de otras instituciones del Gobierno es fundamental para cuidar de la población.
El Gobierno organiza jornadas de promoción de la salud en las que participan equipos interdisciplinarios que se encargan de impartir charlas entre pobladores de las comunidades donde llegan.
La población debe de asumir su responsabilidad y acatar las recomendaciones de las autoridades de Salud, así como apoyar en la eliminación de los criaderos de zancudos. Vale la pena recordar que cualquier depósito donde se acumula o estanca agua es suficiente para la proliferación de zancudos transmisores de dengue, zika o chikungunya.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
