Judicial
884 años de prisión suman las penas impuestas a pandilleros de la MS por diferentes delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) logró demostrar, con abundante prueba, la responsabilidad de 32 terroristas al haber cometido varios homicidios, además de planificar otros asesinatos y por ser parte de una pandilla.
Por dichas acciones, el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana sentenció a una condena de 202 años de prisión a Wiliam Alexander Martínez Rodríguez, líder de dicha estructura con el nivel de Corredor de Zona.
Otras condenas impuestas a 31 pandilleros más oscilan entre los tres y 168 años de cárcel.
La estructura de la MS delinquía en diferentes cantones y caseríos del municipio de Tacuba, en el departamento de Ahuachapán.
Con las ejemplares condenas impuestas se está haciendo justicia para las víctimas de estos pandilleros, a la vez se están resolviendo al menos 12 casos de Homicidio Agravado, tres casos de Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio Agravado, dos casos de Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de Arma de Fuego, y Agrupaciones Ilícitas.
Todos los delitos cometidos fueron entre el año 2014 al 2019.
Las penas impuestas más altas fueron para Martínez Rodríguez, quien fue condenado por 7 Homicidios Agravados -25 años de prisión por cada uno, 175 en total-, 3 casos de planificación de Homicidio Agravado -6 años por cada uno- y por Agrupaciones Ilícitas se le sumaron 9 años más, totalizando 202 años de prisión.
Asimismo, René Edenilson Morán Jiménez fue sentenciado a 168 años de cárcel por 6 Homicidios Agravados, 25 años por cada uno, y por 3 casos de planificación de homicidios, 6 años de prisión por cada uno.
Por otra parte, Santos Enrique Soriano Hernández recibió una condena de 100 años de prisión, tras haber comprobado que participó en cuatro 4 Homicidios Agravados.
José Isidro González Saldaña fue juzgado y encontrado culpable de haber cometido tres Homicidios Agravados y de planificar tres asesinatos, acumulando un total de 93 años en prisión.
Finalmente, Marvín Otoniel Magaña Mendoza fue sentenciado a 72 años de cárcel tras comprobar que había sido participe del cometimiento de dos Homicidios Agravados, haber planificados tres asesinatos, y ser parte de un grupo pandilleril.
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
