Judicial
Fiscales acusados de fabricar pruebas falsas contra Enrique Rais, al verse acorralados, lanzan amenazas a abogados del empresario: Resolución se conocerá el 18 de enero
Ayer, miércoles 9 de enero, concluyó la audiencia inicial en el Juzgado 5º de Paz de San Salvador contra 11 fiscales y empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), acusados de fabricar y alterar pruebas, divulgación de material reservado, actos arbitrarios y atentar al derecho de defensa del empresario Enrique Rais.
Entre los imputados se encuentra el actual jefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Will Walter Ruiz Ponce, quien es primo del exfiscal general, Douglas Meléndez.
El fallo sobre este caso será dado a conocer por el juez, el próximo 18 de enero, a las 2:00 de la tarde.
Durante la audiencia, la Ministerio Público no negó que en el proceso contra el empresario Enrique Rais se hayan cometido graves irregularidades, entre estas anomalías se encuentra el uso escuchas telefónicas ilegales.
En su desesperación y al verse contra las cuerdas legales, los fiscales amenazaron a los apoderados legales de Rais con interponer más denuncias y con proceder contra los abogados que los acusaron.
Los fiscales denunciados en este proceso son: Julio César Barahona, Xenia Liseth Linares Rodríguez, Francisco Javier Anaya Cruz, Mario German Gómez De León, Luis Montes Pacheco, Mayra Raquel Guerra de Quintanilla, Froilán Francisco Coto Cabrera, Sigfredo Alcides Campos Crespo, Wil Walter Ruiz Ponce, Ena Maricela Granados Ponce y Liliana Guadalupe Jovel Guzmán.
Desde el primer momento, la FGR pidió que todos ellos fueran exonerados, pero tal petición fue duramente criticada por los abogados y querellantes de las víctimas, pues existen abundantes pruebas de los delitos que cometieron contra el señor Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y Wilfredo Gutiérrez.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
