Judicial
Ayudante de soldador le cercenó el dedo a su jefe por no pagarle $10 de un trabajo mal hecho
Un descuento de $10 provocó la ira de un ayudante de soldador quien con un machete le arrancó un dedo a su jefe luego de ser acusado de un mal trabajo que realizaron en el municipio de San Martín.
Según el expediente judicial, Mario (nombre modificado por seguridad), un soldador con más de 40 años de experiencia, recibió la visita de Ricardo J. un jornalero que le pidió trabajo como ayudante debido a que no tenía una fuente de ingresos que le permitiera llevar dinero a su casa.
La situación de su vecino llevó a la víctima a acceder a la petición y descartar a otros auxiliares que también le pedían ser tomados en cuenta, esto pese a tener claro que su nuevo ayudante no tenía experiencia en el área que se iba a desempeñar.
Días después, Mario llamó a Ricardo para indicarle que tenían que realizar una obra para un ingeniero que identificó como Toño, y que a pesar de que no recibiría mucho dinero como paga, estaba dispuesto a entregarle un pequeño porcentaje de la ganancia. Algo a lo que el imputado aceptó.
La obra mal hecha
Ambos hombres trabajaron durante ocho días en una construcción en la que tenían que soldar varios metros de lámina. El trabajo estaba listo y fue entregado a los propietarios del inmueble.
Sin embargo, Toño llamó a Mario para reclamarle por la calidad del trabajo realizado, alegando que las láminas estaban mal colocadas y que esto provocó daños en la construcción, razón por la que optó por descontarle $40.
Sorprendido, Mario aceptó los errores cometidos y el descuento de su empleador. Además, el soldador se preocupó por la mala imagen que había dejado y de la que responsabilizó a su inexperto ayudante.
Por este motivo, se dirigió a la casa de su empleado para pedirle una explicación sobre lo sucedido y anunciarle que no le pagaría nada por. Sin imaginar lo que estaría a punto de suceder.
Luego de escuchar al soldador, Ricardo -quien es reconocido por sus vecinos como una persona violenta- optó por ingresar a su vivienda para sacar uno de sus corvos y atacarlo.
El ataque del jornalero era con la intención de matar al soldador que con sus manos y brazos evitaba que el filo del arma le provocara los daños que intentaba su agresor, quien en cada intento se enfurecía más.
Sin embargo, las fuerzas del soldador se fueron debilitando y esto fue aprovechado por su ayudante logrando hacer contacto con uno de los dedos de Mario, quien al ver cercenado su dedo comenzó a gritar de dolor.
Pese a esto, Mario seguía luchando con Ricardo y logró quitarle el arma la cual lanzó a un lado. Pero su agresor estaba dispuesto a seguir su ataque y tomó varias piedras para tirarlas a la cabeza de la víctima.
La riña entre los hombres se terminó cuando la víctima comenzó a correr. Buscó ayuda para curar su dedo y fue trasladado a un hospital de Apopa, en el que fue atendido. Las heridas recibidas tardaron 10 días en curar.
Los dos errores del caso
Durante la recuperación, Mario interpuso la denuncia en contra de su excompañero de trabajo por el delito de agresiones graves y pedía una indemnización por el servicio hospitalario que recibió y la pérdida de sus dedos, esenciales para el trabajo que realiza.
En la etapa de instrucción, Mario decidió darle una segunda oportunidad a Ricardo y llegó a un acuerdo de conciliación. Sin embargo, el imputado no respetó el acuerdo y volvió a agredir a su víctima.
Por esta razón, el juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador celebró un juicio en el que se decidió absolver de los cargos al jornalero. La parte juzgadora alegó que las pruebas presentadas por Fiscalía eran insuficientes por lo que ordenó la libertad inmediata del imputado.
Desde la última semana de julio de 2018, Ricardo regresó a la vida de drogas y alcohol en la que ha estado sumergido durante muchos años. Además, sigue siendo una amenaza para Mario quien aseguró no ha vuelto a ser el mismo desde el ataque.
La agresión sufrida ha perjudicado al soldador quien manifestó que para hacer un trabajo que antes le llevaba una hora “hoy me tardo el doblo del tiempo”, lo cual le genera problema con sus patrones.
Nota de El Salvador Times. Vea más
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
