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Amnistía Internacional acusó al régimen de Maduro por el hambre, la represión y la ejecución de opositores en Venezuela
En su último informe, la ONG señala que la fuerza pública ha manipulado escenas del crimen para pintar a las víctimas como delincuentes. Pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas para hacer frente a la «impunidad total» que prevalece en el país20 de febrero de 2019
Amnistía Internacional (AI) responsabilizó este miércoles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las ejecuciones selectivas de manifestantes que según la organización se registraron el mes pasado en el marco de las protestas antigubernamentales.
«Venezuela vive desde hace años una profunda crisis de violaciones masivas de derechos humanos, ante la escasez de alimentos, medicinas, hiperinflación, violencia y represión política, y que ha obligado a más de 3 millones de personas a huir del país desde el 2015″, señala el informe más reciente de la reconocida ONG.
La directora para las Américas de AI, Érika Guevara Rosas, presentó este miércoles en Caracas los resultados de una investigación sobre violación de derechos humanos en Venezuela, en la que encontraron testimonios que hablan sobre detenciones arbitrarias, abusos policiales, acciones extrajudiciales, entre otras irregularidades.
El documento concluye que fuerzas de seguridad venezolanas «bajo la línea de mando de Nicolás Maduro ejecutaron a personas, usaron fuerza excesiva y detuvieron arbitrariamente a cientos de ellas, incluyendo adolescentes, en una escalada de su política de represión para controlar a la sociedad venezolana».
Entre el 21 y el 25 de enero pasado, cuando comenzaron las protestas callejeras que denuncian a Maduro como ilegítimo, al menos 41 personas fallecieron, «todas por herida de arma de fuego» y más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, detalló Guevara.
«Autoridades estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas», subraya el informe.
AI acusa a la fuerza pública de haber manipulado las escenas del crimen para pintar a las víctimas como delincuentes.
Señala también que al menos 137 menores fueron detenidos el mes pasado en el contexto de las protestas y «las autoridades los golpearon, los insultaron con calificativos de ‘guarimberos’ (manifestantes violentos) y ‘terroristas’, los expusieron a sustancias irritantes, privación del sueño, y los amenazaron de muerte».
Por lo anterior, Guevara pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas para hacer frente a la «impunidad total» que prevalece en el país.
Advirtió, además, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría considerar estos hechos, y de hallarlos fundados, incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.
La crisis política venezolana se acentuó en enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó como presidente encargado por considerar que el líder chavista «usurpa» la Presidencia.
Con información de EFE
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Guatemalteco recibe 30 años de cárcel por su papel en la tragedia de 53 migrantes en Texas
Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a 30 años de prisión al guatemalteco Rigoberto Ramón Miranda Orozco por su participación en la operación de tráfico de migrantes que terminó con 53 muertos en San Antonio, Texas, en junio de 2022. La sentencia fue dictada este martes 20 de octubre por el juez Orlando García.
Miranda Orozco admitió haber organizado el viaje y alojamiento de tres personas que terminaron en el camión: dos fallecieron y una sufrió lesiones graves. Fue detenido en Guatemala en 2024 y extraditado a Estados Unidos en 2025. Posteriormente se declaró culpable de cargos relacionados con el ingreso irregular de migrantes con resultado de muerte y lesiones.
La tragedia ocurrió el 27 de junio de 2022, cuando un remolque con migrantes fue abandonado en una carretera de San Antonio. Según las autoridades, el sistema de aire acondicionado falló durante el recorrido desde Laredo. Dentro del vehículo murieron 48 personas y otras cinco fallecieron después en hospitales. Los traficantes cobraban hasta 15,000 dólares por persona para realizar el traslado.
El proceso también ha derivado en condenas contra otros integrantes de la red. Felipe Orduna Torres, identificado por los fiscales como uno de sus líderes en Estados Unidos, recibió prisión perpetua, mientras Armando González Ortega fue sentenciado a 83 años. Otros involucrados, incluido el conductor del camión, permanecían pendientes de sentencia, de acuerdo con los reportes consultados.
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Ébola en RD del Congo: más de 9,400 casos y 4,500 muertes mientras el brote se extiende
La República Democrática del Congo acumulaba 9,415 casos de ébola y 4,536 fallecimientos al 16 de octubre, según el balance recogido por Reuters. Las cifras actualizan los más de 9,000 casos y 4,300 decesos mencionados en reportes anteriores y reflejan la gravedad del brote detectado en mayo de 2026.
La epidemia se extendió a una octava provincia, Ubangi del Norte, donde el Instituto Nacional de Investigación Biomédica confirmó dos casos, uno de ellos mortal. Su ubicación fronteriza con la República Centroafricana añade dificultades a la vigilancia sanitaria. Ituri continúa como el principal foco de transmisión dentro del territorio congoleño.
El brote es causado por el virus Bundibugyo, para el que no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La transmisión ocurre mediante contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas, así como con materiales contaminados. La atención temprana y los cuidados de soporte pueden mejorar las posibilidades de supervivencia.
La respuesta sanitaria enfrenta dificultades para detectar rápidamente a los pacientes y dar seguimiento a sus contactos. La OMS advierte que las muertes fuera de los centros de tratamiento reflejan retrasos en el acceso a la atención. El control del brote requiere aislamiento y cuidado de los enfermos, protección del personal sanitario, entierros seguros y colaboración con las comunidades.
Héctor Manuel Serrano, de 67 años, fue asesinado por desconocidos armados con machetes en la comunidad de Ciora, municipio de Florida, departamento de Copán, en el occidente de Honduras. Según el reporte de HCH publicado este martes 20 de octubre, los atacantes ingresaron a la vivienda del adulto mayor.
La información preliminar señala que Serrano intentó escapar, pero fue alcanzado por sus agresores. El ataque terminó en una calle de la comunidad, donde quedó su cuerpo con heridas mortales provocadas por arma blanca.
Familiares identificaron a la víctima y confirmaron que era originaria y residente de Ciora. La publicación consultada no precisa cuántas personas participaron en el crimen ni establece si el hombre había recibido amenazas anteriormente.
Hasta la actualización del reporte, no se habían divulgado el posible móvil del asesinato ni las identidades de los responsables. Tampoco se informaba sobre capturas relacionadas con el caso, por lo que las circunstancias del ataque permanecían sin esclarecer.
