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Amnistía Internacional acusó al régimen de Maduro por el hambre, la represión y la ejecución de opositores en Venezuela
En su último informe, la ONG señala que la fuerza pública ha manipulado escenas del crimen para pintar a las víctimas como delincuentes. Pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas para hacer frente a la «impunidad total» que prevalece en el país20 de febrero de 2019
Amnistía Internacional (AI) responsabilizó este miércoles al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las ejecuciones selectivas de manifestantes que según la organización se registraron el mes pasado en el marco de las protestas antigubernamentales.
«Venezuela vive desde hace años una profunda crisis de violaciones masivas de derechos humanos, ante la escasez de alimentos, medicinas, hiperinflación, violencia y represión política, y que ha obligado a más de 3 millones de personas a huir del país desde el 2015″, señala el informe más reciente de la reconocida ONG.
La directora para las Américas de AI, Érika Guevara Rosas, presentó este miércoles en Caracas los resultados de una investigación sobre violación de derechos humanos en Venezuela, en la que encontraron testimonios que hablan sobre detenciones arbitrarias, abusos policiales, acciones extrajudiciales, entre otras irregularidades.
El documento concluye que fuerzas de seguridad venezolanas «bajo la línea de mando de Nicolás Maduro ejecutaron a personas, usaron fuerza excesiva y detuvieron arbitrariamente a cientos de ellas, incluyendo adolescentes, en una escalada de su política de represión para controlar a la sociedad venezolana».
Entre el 21 y el 25 de enero pasado, cuando comenzaron las protestas callejeras que denuncian a Maduro como ilegítimo, al menos 41 personas fallecieron, «todas por herida de arma de fuego» y más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, detalló Guevara.
«Autoridades estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas», subraya el informe.
AI acusa a la fuerza pública de haber manipulado las escenas del crimen para pintar a las víctimas como delincuentes.
Señala también que al menos 137 menores fueron detenidos el mes pasado en el contexto de las protestas y «las autoridades los golpearon, los insultaron con calificativos de ‘guarimberos’ (manifestantes violentos) y ‘terroristas’, los expusieron a sustancias irritantes, privación del sueño, y los amenazaron de muerte».
Por lo anterior, Guevara pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas para hacer frente a la «impunidad total» que prevalece en el país.
Advirtió, además, que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría considerar estos hechos, y de hallarlos fundados, incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.
La crisis política venezolana se acentuó en enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó como presidente encargado por considerar que el líder chavista «usurpa» la Presidencia.
Con información de EFE
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República Democrática del Congo recibirá 70,000 dosis de la vacuna Ervebo para combatir el ébola
La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves la disponibilidad de 70.000 dosis de la vacuna Ervebo para la República Democrática del Congo (RDC). El inmunizante está aprobado contra la cepa Zaire del virus del ébola, pero no contra la cepa Bundibugyo, que actualmente circula en el país.
De acuerdo con la OMS, 20.000 dosis serán destinadas a un ensayo clínico de fase 3 para evaluar el impacto de la vacuna sobre el virus Bundibugyo, mientras que las otras 50.000 serán utilizadas para trabajadores de primera línea y profesionales sanitarios en la RDC.
La RDC declaró el 15 de mayo, con varias semanas de retraso, su decimoséptima epidemia de ébola. El brote se registra en regiones del norte y del este, donde la presencia del Estado es débil, las infraestructuras sanitarias son precarias y la respuesta se encuentra desbordada por la explosión de casos.
Según los últimos datos publicados por la OMS, la epidemia ha causado 2.420 muertes de un total de 5.105 casos confirmados. La organización señala que este brote se ha convertido en el más mortífero registrado hasta ahora en la RDC y que el virus se propaga a una velocidad sin precedentes.
La semana pasada, la RDC solicitó vacunas Ervebo procedentes de las reservas mundiales del Grupo Internacional de Coordinación (GIC) para el suministro de vacunas. Este organismo está integrado por la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), con el apoyo financiero de la Alianza para las Vacunas (Gavi).
Los expertos de la OMS desconocen si Ervebo ofrece protección a los seres humanos contra la cepa Bundibugyo. Sin embargo, los primeros datos obtenidos en laboratorio y en animales sugieren que podría brindar cierto grado de protección.
El 7 de agosto, la OMS recomendó evaluar Ervebo mediante un ensayo clínico. La vacuna es fabricada por la farmacéutica estadounidense Merck. Las modalidades del ensayo aún no han sido definidas, pero se prevé que se realice en la RDC, único país donde actualmente circula la cepa Bundibugyo.
Además, dos vacunas específicas contra esta cepa se encuentran en fase de ensayos clínicos. Una es desarrollada por el grupo estadounidense Moderna mediante tecnología de ARN mensajero (ARNm), mientras que la otra está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford, en Reino Unido.
Por otra parte, una vacuna denominada «rVSV Bundibugyo», presentada por la OMS como «la más prometedora», será desarrollada por Hilleman Laboratories, una organización con sede en Singapur.
Trece personas murieron y siete resultaron heridas tras la caída de un talud en una mina ilegal de oro ubicada en el suroeste de Colombia, informó este jueves un funcionario del gobierno local.
El accidente ocurrió el miércoles por la noche. Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, explicó a Caracol Radio que el talud cayó sobre las personas debido a los movimientos realizados en la mina.
Las autoridades locales descartaron la hipótesis inicial de que el incidente se hubiera producido por una explosión dentro de la mina. Según una fuente de la gobernación citada por la AFP, la «extracción inadecuada» del mineral socavó la base de la mina y provocó el derrumbamiento.
Imágenes publicadas en redes sociales muestran la mina a cielo abierto, mientras retroexcavadoras trabajan en la remoción de escombros sobre un terreno muy escarpado.
Las labores de rescate se han dificultado debido a la inestabilidad del terreno, informó la gobernación.
Los accidentes mineros son habituales en Colombia, especialmente en explotaciones ilegales que cuentan con deficientes medidas de seguridad.
En el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, operan grupos criminales que se financian mediante actividades como la minería ilegal, además del narcotráfico y la extorsión.
La extracción ilegal de oro también figura entre las causas de la deforestación en Colombia y representa riesgos como la contaminación de ríos con mercurio.
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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
