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12 integrantes de la MS en el oriente del país reciben altas condenas, entre los 275 y 123 años de prisión

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“Hemos logrado una condena histórica en la zona oriental, contra 2 clicas de la MS, sumando más de 700 años de cárcel por homicidios, extorsiones, tráfico de droga, entre otros delitos graves, afirmó el Fiscal General de la República, Raúl Melara, después de la sentencia condenatoria contra los 12 miembros de la MS.

Una de las condenas más altas de 275 años de cárcel, se le impuso a Moisés de Jesús Aparicio, considerado cabecilla de uno de los grupos terroristas, Park View los Salvatruchos, por su participación en los delitos de Extorsión Agravada, varios Homicidios Agravados, Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y Organizaciones Terroristas.

El terrorista, Vicente Martínez Torres también recibió una pena de prisión de 198 años; Manuel Omar Valencia Mata purgará 145 años en la cárcel; y Luis Antonio Chávez Trejo 123 años.

A otros se les impusieron condenas de 123 años, y la mínima tres años, por Organizaciones Terroristas.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Unidad Antiextorsiones de la oficina de San Miguel, esta estructura terrorista, junto con la clica Huntington, se dedicaban a delinquir en los municipios de San Jorge, San Rafael Oriente, Chinameca y San Miguel.

Los mareros exigían bajo amenazas a muerte, a diferentes sectores la entrega de entre 10 a 20 dólares quincenalmente.

Uno de los crímenes por los que fueron declarados responsables es el cometido contra María Candelaria Quintanilla, lesionada con múltiples disparos de arma de fuego el 22 de junio de 2016, en su casa de habitación en el caserío El Macho, cantón Zelaya del municipio de San Rafael Oriente.

Otro de los homicidios perpetrados es contra de un empleado de la Universidad de El Salvador de San Miguel, Máximo Eliseo Rivas Portillo, registrado el 31 de julio de 2016, en el barrio San Juan de San Rafael Oriente.

El juicio se desarrolló durante cuatro días, del 6 al 9 de octubre pasado en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, pero el falo fue dado a conocer el viernes pasado en las primeras horas de la noche.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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