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Verifican que ventas de productos pirotécnicos garanticen seguridad
Dentro del Plan Fin de Año 2022 que ejecuta el Gobierno del Presidente Nayib Bukele a través del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y la Dirección General de Protección Civil se verifican las zonas en donde serán instaladas las ventas de productos pirotécnicos para constatar que cumplan con las normas de la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares.
El próximo 5 de diciembre inicia la instalación de los puestos de ventas en diferentes zonas de San Salvador, según fue anunciado por alcaldías. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador validará los puestos.
Las ventas de pólvora, en años pasados, fueron instaladas en parques y plazas, entre otros. Las ventas ambulantes de estos productos están prohibidas.
La Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos ordena que los puestos de venta de pirotécnicos estén alejados de los centros educativos, templos, establecimientos de salud, terminales de transporte, puertos, gasolineras y venta de gas licuado, en una distancia de entre 5 a 15 metros, dependiendo de la cantidad de productos ofrecidos.
Además, el Gobierno vigila que no se fabriquen productos pirotécnicos prohibidos: bombas de mezcal, misil chino, botellitas de champán, minas de mar, destructor, pelotitas de fútbol, buscaniguas, silbadores y morteros que sobrepasen el número cinco.
Estos productos no son permitidos en su fabricación o venta debido a que su potencia de detonación puede causar daños a las personas que los manipulan al momento de su estallido. Algunos tienen envoltorios son de material duro no recomendado para su elaboración.
Como resultado de la ejecución de las Acciones Operativas Especiales del Plan Fin de Año 2022, los salvadoreños pueden disfrutar de esta temporada de Navidad y fin de año, la cual será la más segura en la historia del país.
La fiscal colombiana Luz Adriana Camargo y el actual embajador en el Vaticano Iván Velásquez formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), creada por la ONU para investigar redes de corrupción en el Estado guatemalteco entre 2007 y 2019.
Las pesquisas de la Cicig llevaron a prisión a altos funcionarios, por lo que, según organismos internacionales, las órdenes de captura fueron una represalia contra Camargo y Velásquez.
Una sala de apelaciones ordenó la detención de los funcionarios a mediados de 2025, luego de que la fiscalía guatemalteca los acusara de obstruir la justicia y de tráfico de influencias, entre otros delitos.
La decisión judicial señalaba que habían favorecido a empresarios de Odebrecht investigados por la Cicig.
Pero la Cámara de Amparo de la Corte Suprema, en una resolución publicada por la prensa local, resolvió que la sala «se extralimitó en el ejercicio de sus facultades (…) al emitir ilegalmente órdenes de captura».
Camargo y Velásquez gozaban de inmunidad por representar a una entidad patrocinada por la ONU.
«A casi un mes de finalizar el período de la corrupta fiscal general, Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala», señaló Velásquez en X.
Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la acusan de «corrupta y antidemocrática», dejará el cargo el próximo 16 de mayo si no es reelegida por el presidente Bernardo Arévalo, con quien está enfrentada tras intentar impedir su investidura hace dos años.
La Cicig fue cancelada unilateralmente por el presidente derechista guatemalteco Jimmy Morales (2016-2020).
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, realizó una nueva jornada del juicio que la Fiscalía General de la República promueve al expresentador de televisión, Jorge Hernández Meléndez, por el delito de evasión de impuestos.
La vista pública se ha estado desarrollando en jornadas interrumpidas, desde finales de febrero de 2026, cuando el tribunal comenzó a recibir la prueba, la cual continuó ayer.
En la acusación del ministerio público se detalla que Hernández Meléndez defraudó al fisco con un monto de $278,814.99; ya que en el 2014 declaró información falsa en el Ministerio de Hacienda.
Cuando el expediente fue judicializado la Fiscalía publicó que en el 2014, el imputado evadió el pago de impuesto sobre la renta en su calidad de contribuyente de la actividad económica consistentes en la prestación de servicios de carácter permanente bajo dependencia laboral en la sociedad Meridiano 89 S.A. de C.V.
Por esa acción ilícita el ministerio público pretende lograr una condena en este expediente que lleva varios años diligenciándose; inició en el Juzgado Octavo de Paz y luego enviado al extinto Juzgado Octavo de Instrucción ara que en la etapa final se asignara al Tribunal Quinto de Sentencia.
Hernández Meléndez, previo al juicio intentó finalizar el proceso con una salida alterna pagando el monto evadido, el juzgado que desarrolló la fase de instrucción le otorgó un plazo para pagar, pero al incumplir, tuvo que enfrentar la audiencia preliminar y ser enviado a juicio.
El procesado también tiene un expediente de extinción de dominio que llevó a la Fiscalía a incautarle 36 bienes entre inmuebles y dinero, para que en una decisión definitiva, el juez especializado se pronuncie.
El expresentador de televisión está bajo arresto domiciliar y con custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) por resolución que emitió el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador el 11 de marzo del 2019 cuando fue la primera audiencia del proceso.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad condenó a dos ebrios que provocaron accidentes de tránsito en los que hubo un fallecido y dos lesionados.
En el primer expediente mediante procedimiento abreviado, impuso tres años excarcelables a Leonel Chicas Márquez, por homicidio culposo y conducción peligrosa.
Al otorgarle una suspensión condicional de la ejecución de la pena, quedó sujeto al cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período y el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de los familiares del fallecido.
El accidente ocurrió la madrugada del 2 de agosto de 2025, cuando en estado de ebriedad invadió el carril contrario y colisionara con el vehículo de Jaime Edgardo Aguilar Romero, quien falleció en el periférico Claudia Lars, de San Juan Opico.
La segunda condena fue para Héctor M. A., quien recibió dos años, aplicándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero deberá pagar $5,500 por lesiones culposas en perjuicio de dos personas.
Según la acusación, la madrugada del 28 de marzo de 2025, en el km 30 de la carretera hacia San Juan Opico, La Libertad Centro, el imputado impactó la parte trasera de una motocicleta en la que viajaban dos personas. En la prueba de alcotest, detectaron que conducía con 159 grados de alcohol.
