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Verifican que ventas de productos pirotécnicos garanticen seguridad
Dentro del Plan Fin de Año 2022 que ejecuta el Gobierno del Presidente Nayib Bukele a través del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y la Dirección General de Protección Civil se verifican las zonas en donde serán instaladas las ventas de productos pirotécnicos para constatar que cumplan con las normas de la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares.
El próximo 5 de diciembre inicia la instalación de los puestos de ventas en diferentes zonas de San Salvador, según fue anunciado por alcaldías. El Cuerpo de Bomberos de El Salvador validará los puestos.
Las ventas de pólvora, en años pasados, fueron instaladas en parques y plazas, entre otros. Las ventas ambulantes de estos productos están prohibidas.
La Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos ordena que los puestos de venta de pirotécnicos estén alejados de los centros educativos, templos, establecimientos de salud, terminales de transporte, puertos, gasolineras y venta de gas licuado, en una distancia de entre 5 a 15 metros, dependiendo de la cantidad de productos ofrecidos.
Además, el Gobierno vigila que no se fabriquen productos pirotécnicos prohibidos: bombas de mezcal, misil chino, botellitas de champán, minas de mar, destructor, pelotitas de fútbol, buscaniguas, silbadores y morteros que sobrepasen el número cinco.
Estos productos no son permitidos en su fabricación o venta debido a que su potencia de detonación puede causar daños a las personas que los manipulan al momento de su estallido. Algunos tienen envoltorios son de material duro no recomendado para su elaboración.
Como resultado de la ejecución de las Acciones Operativas Especiales del Plan Fin de Año 2022, los salvadoreños pueden disfrutar de esta temporada de Navidad y fin de año, la cual será la más segura en la historia del país.
Internacionales
Impactante accidente aéreo: dos aviones militares chocaron en plena exhibición en EE.UU.
Los equipos de emergencia respondieron de inmediato tras reportarse un grave incidente en el Gunfighter Skies Air Show. La Base de la Fuerza Aérea Mountain Home confirmó a través de sus canales oficiales que las instalaciones quedaron bajo una orden de cierre estricto (lockdown) de manera preventiva mientras se asiste el siniestro.
A través de una publicación en redes sociales, las autoridades militares señalaron que los equipos de respuesta rápida ya se encuentran trabajando en el lugar del impacto y que se ha iniciado una investigación formal para determinar las causas de la colisión. Además se informó que no hay víctimas fatales.
Múltiples asistentes al evento registraron el momento del accidente. Testigos presenciales reportaron haber visto el instante exacto en que las dos aeronaves impactaron en el aire.
Los videos publicados en internet y redes sociales muestran una secuencia dramática: tras el fuerte choque, cuatro paracaídas lograron abrirse en el cielo mientras los restos de los dos aviones se precipitaban a gran velocidad hacia el suelo, en un área cercana a la base militar, ubicada a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de la ciudad de Boise.
El Gunfighter Skies Air Show es uno de los eventos de aviación más masivos y populares de la región. Organizado como una celebración de la historia aeronáutica y una exhibición de las capacidades militares modernas, el festival atrae a miles de familias cada año.
Las autoridades del festival suspendieron las actividades restantes del domingo mientras la junta de investigación de accidentes de la Fuerza Aérea toma el control pericial de la zona del desastre.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
